Lima, Perú, 2001

La Carta Democrática Interamericana

El autor expone cómo se vulnera este mecanismo que se creó para fortalecer los principios, prácticas y cultura entre los Estados.
domingo, 21 de abril de 2019 · 00:00

José Luis Cusi Alanoca Investigador jurídico

1. La Carta Democrática Interamericana

La  Carta  Democrática Interamericana (CDI) fue adoptada por aclamación en una Asamblea General extraordinaria de la OEA celebrada en Lima el 11 de septiembre de 2001.

Su antecedente principal es la Resolución 1080, aprobada en 1991, que por primera vez habilitó a la OEA, en caso de ruptura del orden constitucional, o golpe de Estado, a tomar las sanciones y las medidas que considerase adecuadas.

 La CDI fue fuertemente impulsada por Perú en la OEA desde el gobierno de transición del año 2000, a sugerencia del entonces primer ministro Javier Pérez de Cuéllar y luego por el presidente Alejandro Toledo, su canciller Diego García-Sayán y el representante permanente ante la OEA, el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros.

 Este instrumento es reconocido como uno de los mecanismos  interamericanos más completos, promulgado para la promoción y fortalecimiento de los principios, prácticas y cultura democráticos entre los Estados de las Américas.

La CDI está dividida en seis capítulos: I) La democracia y el sistema interamericano, II) La democracia y los derechos humanos, III) Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza, IV) Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, V) La democracia y las misiones de observación electoral, VI) Promoción de la cultura democrática.

El portal de la OEA refiere que, hasta 2016, el Capítulo IV de la CDI fue invocado diez veces. En siete ocasiones se aplicó de manera preventiva para evitar el escalamiento de crisis político-institucionales que podrían haber puesto en riesgo el proceso democrático o el legítimo ejercicio del poder y derivar en rupturas del orden democrático. 

En otros dos casos, la CDI se aplicó en momentos considerados como rupturas del orden democrático. Y, recientemente, y por primera vez se aplicó en función del artículo 20.

2. Contexto boliviano

Bolivia es signatario de varios tratados, convenios y acuerdos internacionales (para fortalecer la institucionalidad de los Estados democráticos.

 Ahora, en un aspecto muy preciso,  sistematizaré de manera breve los aspectos jurídicos de este instrumento que son  vulnerados.

 El gobierno de Evo Morales infringe lo acordado en  la CDI, en sus artículos 1, 3 y  4. Además, lo dispuesto con meridiana claridad en el Art. 7 de la Constitución Política del Estado (CPE),  (Voto del soberano 21F, decisión inalienable, indivisible e imprescriptible). 

El artículo 3 de la CDI (La democracia y el sistema interamericano), establece:

 “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

En este sentido, desarrollaré tres elementos inherentes al desarrollo de este artículo, los cuales son:  

Primero. El “respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”, que  se encuentra establecido y garantizado por el Art. 13 de la CPE, que a la letra dice: “Los derechos reconocidos por la Constitución adquieren la calidad de inviolabilidad, son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos; en consecuencia, el Estado boliviano tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”.

Segundo: “Acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho”. El Art. 26 de la CPE,  sobre los derechos políticos de las y los ciudadanos, establece el derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, de manera directa o por medio de los representantes que el pueblo elija, ya sea de forma individual o colectiva, garantizando la participación equitativa e igualitaria entre hombres y mujeres.

Y tercero: “La celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”, que  se encuentra establecido en el Art. 26 de la CPE, que a la letra refiere: “El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente”.

¡La libertad la adquirimos desde que nacemos! (con derechos, deberes y obligaciones), la obligación de un gobierno democrático es respetar, promover y proteger nuestros derechos inalienables e indivisibles.

¡Como ciudadano libre y democrático, me declaro respetuoso y ferviente de la democracia representativa!, amparándome en mi derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión, establecido en el Art. 21 de la  CPE, Art. 4 de la  CDI, Art. 19.2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 13 de la Convención América sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), CADH, Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Art. IV de la Declaración América de los Derechos y Deberes del Hombre.

 

 

Confidencial

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