Derecho

El lobby, una forma “sofisticada” de corrupción

El autor responde a un artículo publicado el 14 de abril en este suplemento por Catalina Rodrigo Machicao y Marcelo Arequipa Azurduy.
domingo, 28 de abril de 2019 · 00:00

Luis Cayujra Abogado con estudios en Derecho Empresarial y especialista en políticas anticorrupción.

  A propósito de una reciente propuesta para discutir una Ley del Lobby, es inexcusable decir algunas consideraciones sobre su impertinencia jurídica e institucional, porque: 1) el lobby por su naturaleza promueve la corrupción y 2) esta figura es incompatible con la política anticorrupción nacional. 

Primero. El lobismo busca influir en las decisiones de los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, en beneficio de intereses particulares o privados, mediante sobornos o beneficios entregados a servidores o autoridades; el lobby se concreta en reuniones informales, discretas o reservadas. En países como España y Estados Unidos está muy cuestionada porque se la percibe como el poder detrás de las sombras; grupos de personas influyentes que “procuran” intereses de las grandes industrias y empresas, en perjuicio de intereses colectivos o de los grupos vulnerables.  El lobby es una “forma sofisticada” de corrupción; es la “cobertura jurídica” esperada por los “corruptos profesionales”.

Se dice que el lobby intenta persuadir a la autoridad para que favorezca una pretensión o solicitud de un privado, pero en los hechos esto se reduce inevitablemente en alguna forma de corrupción. Otros defensores dicen que el lobby no es corrupción, que más bien es el “complemento perfecto” de la transparencia, pero eso también es una falacia, porque esta actividad no es pública, formal y transparente y no está exenta de sobornos.

Sabiendo cómo trabajan los lobbies, es fácil establecer los riesgos para la economía y la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, el lobby en las contrataciones públicas: a) puede llegar a capturar las instituciones encargadas del proceso competitivo; b) se convertirían en incentivo para el comportamiento oportunista de los agentes (contratistas y servidores públicos); c) podrían “normalizar” el concepto de “soborno virtuoso” porque se lo vería como mecanismo “lubricante” para acelerar las “ruedas del comercio”; d) daría lugar al reconocimiento de la corrupción como un recurso necesario que permite acelerar los procesos o superar obstáculos burocráticos o legales, como afirmaban los funcionalistas. 

Segundo. Bolivia tiene una política pública incompatible con la figura del lobby y, por otro lado, posee un marco institucional que permite se recojan los intereses de la sociedad.

La Constitución Política establece que la Administración Pública se sustenta en valores como la transparencia, ética, legalidad, publicidad, interés social, honestidad y responsabilidad, por esta razón es impropio que se “negocien” contratos o intereses públicos, en forma reservada, fuera de los procedimientos o la ética, o en contra de principios de la función pública. Por otro lado, la Constitución dispone que la sociedad civil puede participar del diseño de políticas públicas, la elaboración de leyes y ejercer control social sobre la gestión pública, además de poseer iniciativa legislativa ante la Asamblea Legislativa. 

La Ley 341 de Participación y Control Social establece derechos y atribuciones para los actores del control social, tales como: a) participar la formulación de políticas, planes y proyectos y participar en los procesos de planificación y evaluación de la gestión pública, en todos los niveles y ámbitos del Estado; b) presentar iniciativas legislativas; y c) gestionar demandas sociales para su satisfacción. Es decir, la sociedad civil y sus actores, empresarios incluidos, tienen amplias facultades para promover y participar en la definición de políticas y la satisfacción de intereses. La Ley 341 prescribe que la participación se “ejercerá de manera amplia y decisoria sobre la gestión pública en todos los niveles de Estado”, porque el Estado Plurinacional concibe que la participación y control social son elementos transversales y continuos de la gestión pública. No está permitido que la sociedad civil y sus actores  procuren o patrocinen intereses particulares; el artículo 12 de esta ley señala prohibiciones de recibir algún tipo de regalo, ventaja o promesas; asimismo, no pueden involucrar intereses personales o particulares y, en caso de contrataciones, no pueden tener algún interés en los mismos. 

En síntesis, acudiendo a los argumentos del lobby, la normativa de participación social “permite que los ciudadanos se comprometan con el proceso de toma de decisiones públicas y esto mejora la calidad de las decisiones públicas, en tanto permite que se abran canales para las diversas opiniones y aporte de interesados”.

La norma de contrataciones públicas señala que estos se desarrollan bajo principios de transparencia, publicidad, imparcialidad y libre competencia. El Decreto Supremo 181 señala que: a) los actos, documentos y la información de los procesos de contratación, son públicos; b) los participantes en un proceso de contratación no pueden proporcionar información que afecten la legalidad y transparencia; c) no se pueden establecer, entre quienes intervienen, relaciones que no sean en forma escrita; y d) está prohibido aceptar o solicitar beneficios o regalos del proponente, sus representantes legales o de terceros. El código de ética en esta materia indica que los servidores deben proteger la información confidencial y evitar beneficiar a terceros. 

La Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz sanciona conductas que podrían cometerse con el lobby como el delito de cohecho (soborno), uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, beneficios en razón de cargo, entre otros. 

La Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, que regula la actividad administrativa del Estado, prevé principios tales como la publicidad, imparcialidad, buena fe y transparencia, que impiden que los intereses públicos sean negociados en escenarios reservados, ocultos o informales. 

En conclusión, adoptar el lobby no es viable porque es contraria a la política de aumentar los costos y riesgos de cometer corrupción y, por otro lado, es perfectamente posible promover la actividad empresarial y la inversión de capital, por ejemplo, mediante políticas de desarrollo y fomento. 
 

 

Confidencial

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