Crisis en la Policía: ¿cuán responsable es el Gobierno para que la institución toque fondo?

domingo, 12 de mayo de 2019 · 00:00

Carla A. Hannover V.  Periodista

Violación de los derechos humanos, corrupción y hasta vínculos con el narcotráfico, estos son algunos de los delitos que frecuentemente tienen como responsables a policías bolivianos, delitos que han llevado a la institución del orden a “tocar fondo”, aseguran  expertos consultados. La injerencia del Gobierno en la institución es, para ellos, la causa principal para  que esta crisis se acentúe en los últimos años.   

Sólo en lo que va de  2019 la Policía ha enfrentado denuncias de corrupción  por cobros irregulares en la Academia Nacional de Policías (Anapol), por  presuntos cobros para asignar determinados destinos a uniformados; por violaciones en cárceles a raíz de la denuncia de una ciudadana paraguaya detenida en la carceleta de Reyes; por contrabando debido a las denuncias contra el coronel Rommel Raña, quien protegería a grupos que internaban ilegalmente mercadería desde Chile y recientemente por vínculos con narcotraficantes, luego de que un audio filtrado en abril diera cuenta de nexos entre policías y narcotraficantes.  El excoronel Gonzalo Medina y el excapitán Fernando Moreira fueron vinculados con Pedro Montenegro, quien ahora es el hombre más buscado en Bolivia.

Para los expertos consultados una reforma de la institución policial pasa por el cambio de Gobierno, pues tal ha sido su injerencia principalmente en la designación de cargos que han terminado desvirtuando las bases y principios de la institución. Además, añaden, se debe hacer un trabajo serio de autocrítica que permita identificar los desafíos y debilidades de la institución.   Aseguran que las iniciativas deben salir de la misma Policía pero también  debe haber voluntad política para que las reformas que necesita la institución se concreten.  

Injerencia, la soga en el cuello de la Policía

Para el excomandante de la Policía de Santa Cruz y abogado, Rolando Fernández, la injerencia del Gobierno  se dio generalmente en el manejo de los recursos humanos. “Se han dejado de lado los méritos, es decir que los buenos policías, aquellos que han hecho de su carrera un apostolado nunca llegaron al lugar que les corresponde”, detalla. 

En contraparte, los que han llegado a cargos estratégicos   “son aquellos que saben buscar beneficios personales y que no les interesa el prestigio de la institución, esos en su mayoría han llegado a ocupar cargos de mucha responsabilidad… estos hombres más bien se han convertido en los mejores correligionarios del partido de gobierno, han hecho campaña por el partido de turno, no han obtenido ninguna sanción porque ellos están con ellos”, explica.

Similar mirada tiene la abogada, dirigente sindical y candidata a la presidencia por PAN BOL, Ruth Nina, quien encuentra una institución debilitada en sus principios y normas. “La Constitución Política del Estado, por ejemplo,  dice que la obligación de los policías es defender a la sociedad. Hoy por hoy,  el Gobierno ha usado a la institución principalmente como aparato opresor contra las organizaciones sociales, contra el pueblo boliviano pisoteando la CPE y asimismo eligiendo a dedo  a los altos jefes policiales que ahora están acusados de  delitos de corrupción”. 

Tanto para Nina como para Fernández, el Gobierno es el principal  responsable de la crisis institucional. “Los jefes policiales elegidos por el Gobierno son sus llunk’us”, señala Nina. 

Esta forma de llevar la institución es peligrosa  advierte Fernández,  pues  estos males han mostrado   indicios de metástasis. Ese “mal ejemplo que ocurre con  la designación de cargos se replica en los rangos medios. De ahí que muchos se han relajado en muchos sentidos principalmente en el seguimiento de las normas policiales, en la disciplina”. 

Lo más doloroso, agrega el excomandante de la Policía cruceña, es que  la gente ahora no tiene la mínima credibilidad en la Policía. Para  revertir esta situación “hay que hacer cambios y hacer  autocrítica, preguntarnos en qué estamos fallando,  en qué podemos mejorar. La dialéctica institucional debe mejorar sus servicios  a la sociedad. Hoy en día  hay mayores problemas sociales y para enfrentarlos se requieren mejores hombres, mejores salarios y que todos los efectivos  sean objeto de control en cuanto a sus actividades”. 

Sería importante, opina, que los controles policiales sean rigurosos “para desbaratar  redes delincuenciales que se han articulado a  nivel nacional y transnacional que ya son terroríficas”.

 Revalorizar los ascensos por mérito

“Toda la  crisis en la Policía se debe a que nunca se  respetó la meritocracia. El Gobierno y el Ministro de Gobierno son los que eligen a las personas de su  confianza y los ponen en cargos estratégicos”, explica Nina, quien señala que la crisis tiene sus bases en esta forma de designación porque   “esas personas no tienen principios ni valores”. 

Para Nina es difícil creer que el  Gobierno  indique  que no tiene conocimiento de los actos de corrupción que se den al interior de la Policía. “Eso es  imposible porque todos los cambios o temas que tienen que ver con policías de bajo rango hasta con  el Comandante General  son de conocimiento del ministro”.

¿Como sanear la institución?

La institución está tocando fondo. Para salir, “las iniciativas deben surgir de la misma Policía pero también debe haber voluntad política para que las reformas que necesita la institución, hace muchos años, se concreten”, explica Fernández. Se requiere una institución que garantice los derechos de los ciudadanos, agrega.     

Para Fernández, la Policía  debe transformarse y  dar el  paso al nuevo modelo. “Se debe convertir en  una Policía comuntaria.  Esta es una  Policía que está ante todo  al servicio de la  sociedad  y que se desconcentra  en los barrios a lado del ciudadano”, explica. 

El excomandante de la Policía de Santa Cruz señala que para sanear la institución las autoridades deben comprender que “la Policía Boliviana es una institución fundamental del Estado boliviano,  no de los gobiernos de turno”, concluye.

  Escándalos  vinculados a policías 

  • Caso Sanabria   En  2011 el exzar antidroga y parte del alto mando, el general René Sanabria, fue sentenciado a 14 años en EEUU por transportar 2,8 toneladas de cocaína desde Bolivia. Con él cayeron dos jefes policiales más en el país. Sanabria iba a concretar una suma de 5,6 millones de dólares.
  • Caso  cadetes  En 2012 el entonces comandante general de la Policía, Jorge Santiesteban, fue implicado en el ingreso irregular de 54 cadetes a la Anapol. Se conoció que cada uno pagó entre 5.000 y 10.000 dólares; el jefe policial aprobó la lista de los postulantes. 
  •  Caso Ormachea  En 2013 el entonces mayor de la Policía y jefe anticorrupción, Fabricio Ormachea, fue detenido en Miami después de extorsionar al dueño de AeroSur, Humberto Roca, con miles de dólares. Después de  dos años de condena regresó al país y hoy cumple arresto domiciliario.
  • Irregularidades en El Abra  En 2014 el mayor Yuri Duk, entonces gobernador del penal de El Abra, en Cochabamba, fue removido, junto con 25 policías más, por estar implicado en cobros indebidos para beneficiar a los reclusos, hechos que terminaron en una balacera que dejó tres reos muertos.
  • Caso Tapia  En 2015 el coronel Juan Carlos Tapia Mendoza, director del GACIP en El Alto, fue detenido en Santa Cruz por transportar  42,7 kilos de cocaína. El caso fue a dar al Ministerio Público, instancia que lo imputó por tráfico de sustancias controladas. El jefe policial fue a la cárcel.
  • Caso Nina   En 2015, el excomandante de la Policía, general Óscar Nina, fue detenido bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito y supuestos vínculos con el tráfico de drogas. Permanece en el penal de Palmasola, en Santa Cruz. Su esposa y sus dos hijos también fueron implicados en el caso.
  • Policías  a la cárcel  En  2016 un capitán y dos cabos fueron enviados a la cárcel por “sembrar” droga en un inmueble de El Alto, en una mochila. Los tres amedrentaron al dueño de casa y le pidieron 10.000 dólares para anular el proceso penal que enfrentaría. La Fiscalía logró descubrir a los uniformados.
  • Contra  un argentino  En 2017, catorce  policías investigados por robar y extorsionar a un turista argentino en el paso fronterizo de Desaguadero fueron suspendidos sin goce de haberes. Le quitaron sus objetos y le pidieron 100 dólares para devolverle sus pertenencias. El caso no llegó a la Fiscalía.
  • Cobros en  la Anapol  En 2017, el entonces inspector de la Policía Boliviana, general Gary Omonte, fue implicado en cobros a postulantes a la academia de policías. El jefe policial fue ligado a una abogada, quien se vestía de policía, para ofrecer un ingreso garantizado a esa institución con dinero de por medio. 
  • Caso  Banco Unión  En 2017, un teniente de la Policía fue implicado en el robo de los celulares de los implicados en el caso Banco Unión. Los teléfonos móviles fueron sacados de la unidad de custodia de la FELCC. El Gobierno pidió informes a esta instancia pero el proceso no prosperó.
  •  Caso  Eurochronos  En 2018, pese a que el Gobierno lo negó, las pruebas apuntan a que policías dispararon contra Lorena Tórrez, gerente de la joyería, que falleció. Asimismo, un video revela que los efectivos robaron joyas y relojes del negocio tras el operativo que frustró el atraco, en Santa Cruz.
  • Violación  a extranjera  En 2018, dos policías fueron denunciados por violar a una ciudadana paraguaya. La víctima fue interceptada por los uniformados y al no presentar papeles de su estadía fue subida al vehículo para ser abusada por uno de los uniformados.
  • Abel  de la Barra  En 2018, la Fiscalía abrió un proceso por falsificación de documentos para que Abel de la Barra ascienda a general. Él fue denunciado por montar un caso de conspiración que involucraba a un jefe policial y a dos civiles. Se lo investigó por tráfico de influencias.

 

Confidencial

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