Economía

Exitosos resultados sociales del actual modelo económico

Claudia Ramos responde al artículo de Fernanda Wanderley y José Pérez-Cajías publicado el pasado domingo 5 de mayo en Ideas.
domingo, 12 de mayo de 2019 · 00:00

Claudia Ramos Capaquira Analista de la Unidad de Análisis y Estudios Fiscales del Ministerio de Economía

En relación al artículo publicado en fecha 5 de mayo en Página Siete, titulado “¿Fueron excepcionales los logros sociales en Bolivia?” de Fernanda Wanderley y José Peres-Cajías, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas reafirma que los logros sociales en el país fueron destacables.

En los trece años de aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), en el marco de la política de redistribución, se han observado importantes avances en la calidad y condiciones de vida de todos los bolivianos, en especial de los sectores con mayores necesidades, que se ve reflejada en una disminución continua de la pobreza moderada y extrema, la desigualdad, la mejora de los ingresos económicos, entre otros indicadores que no pueden ser desmerecidos. 

En este marco, se desarrolló diversas políticas sociales como las transferencias condicionadas en efectivo (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Bono Juana Azurduy), los incrementos sostenidos del Salario Mínimo Nacional y del salario básico por encima de la tasa de inflación, las subvenciones cruzadas como la Tarifa Dignidad, entre otros, garantizando su permanencia en el tiempo.

En efecto, la pobreza extrema disminuyó de 38,2% a 15,2% entre 2005 y 2018, contrayéndose en más de la mitad, con una reducción total de 23 puntos porcentuales (pp). Así, Bolivia presenta el nivel más bajo desde que el indicador es registrado en el país, además se posiciona como la economía con la mayor reducción a nivel de Sudamérica. De igual manera, la pobreza moderada disminuyó de 60,6% en 2005 a 34,6% en 2018, reduciendo 26,0 pp. 

Asimismo, se registró la mejora en otros indicadores sociales como la igualdad de ingresos. El índice de Gini -su valor varía entre 0 y 1 y los valores más altos representan una mayor desigualdad- descendió significativamente de 0,60 en 2005 a 0,46 en 2017. Por su parte, en 2005 los ingresos del 10% más rico superaban en 128 veces al 10% más pobre; sin embargo, este panorama fue cambiando y en 2017 esta diferencia se redujo a sólo 40 veces. En contraste, en la etapa neoliberal, en Bolivia se registraban altos niveles de pobreza y desigualdad, los gobiernos de turno no consideraban como prioridad la mejora de indicadores sociales, ni mucho menos mejorar las condiciones de vida de las personas más pobres.   

Los resultados sociales desde la aplicación del actual modelo económico fueron importantes en el contexto regional, y no sólo en términos de los indicadores de pobreza, sino también en relación a desigualdad de ingresos. Empleando información del Banco Mundial (BM), que los autores de la mencionada nota utilizan, entre 2005 y 2017 Bolivia destaca nivel latinoamericano como el país con la mayor reducción del porcentaje de la población que vive con menos de 1,90 dólares, con 13,5 pp.

No obstante, también es importante señalar, considerando la misma fuente de información, que el país tuvo una importante disminución del Índice de Gini, situándose igualmente en primer lugar en reducción. Así, el país acumuló 0,15 puntos de reducción de este indicador entre 2005 y 2017, lo que no es una casualidad, sino resultado de la política de redistribución de ingresos que va en línea con el MESCP. Ambos indicadores se ubican por encima de los registrados por el vecino país de Perú, en el caso de la reducción del índice de Gini llegó a menos de la mitad que Bolivia, con 0,07 puntos de contracción.

Asimismo, la información del organismo internacional sitúa a Bolivia en el primer lugar en otro indicador social. Entre 2006 y 2011, Bolivia fue el país que más incrementó los ingresos económicos del 40% más pobre de su población (12,5%), no solamente a nivel regional, sino a escala mundial. Esto significa que los hogares bolivianos más empobrecidos han acrecentado su capacidad de compra de alimentos, vestimenta, servicios, recreación y otros, además de la capacidad de ahorrar.

Por su parte, entre 2006 y 2016, el BM nuevamente reveló que en Bolivia este indicador fue el que tuvo un mayor incremento de ingresos de la población de bajos recursos económicos. En Latinoamérica, el país registró una variación positiva de 7,0%, superando doblemente el dato promedio de América Latina y el Caribe (3,0%). En consecuencia, una vez más se comprueba la efectividad del actual modelo económico, que contribuyó a mejorar las condiciones y la calidad de vida de las familias bolivianas. 

Además, los logros sociales del país fueron destacados y reconocidos por diferentes organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que subrayan el clima de estabilidad económica boliviano, además de la disminución de la pobreza y desigualdad en Bolivia.

Estos resultados fueron atribuidos al dinamismo de la actividad económica nacional en los últimos años y a la política social que permitieron la mejora de los ingresos y su redistribución, especialmente a favor de la población más vulnerable. Dentro de la política social, las medidas más sobresalientes fueron los incrementos sostenidos del Salario Mínimo Nacional y del salario básico, y otras como las transferencias condicionadas en efectivo como el Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Bono Juana Azurduy, entre otros.

En los últimos trece años, uno de los principales factores determinantes de la mejora de los ingresos de la población de renta baja y por tanto de los indicadores de pobreza y desigualdad monetaria fue la política salarial, que consistió en el incremento sostenido del Salario Mínimo Nacional, así como del haber básico, con aumentos por encima de la tasa de inflación, mejorando así el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores bolivianos. Así, el Salario Mínimo Nacional en 2005 era apenas Bs 400 y en 2019 éste ascendió a Bs 2.122, con un incremento de 382%.

Un aspecto que los autores de la nota señalan y cuestionan es que la mejora de los indicadores de pobreza se relaciona con la mejora de los ingresos de la población en la parte inferior de la distribución de ingresos. Es importante aclarar al respecto, que uno de los objetivos principales de la política redistributiva del actual modelo económico es precisamente la atención a la población más vulnerable, y antes olvidada por las políticas públicas, otorgándoles retribuciones más dignas, para mejorar sus ingresos y su capacidad de compra, por lo que el objetivo del gobierno nacional en este aspecto se estaría cumpliendo.

Por su parte, en relación a las transferencias condicionadas en efectivo, desde su creación, la cobertura del Bono Juancito Pinto fue ampliándose progresivamente. Este bono tiene como principal propósito incentivar la matriculación, permanencia y culminación del año escolar de la población estudiantil. En efecto se logró disminuir la tasa de abandono en educación regular de 5,8% en 2005 a 2,5% en 2018. Por otro lado, un incentivo adicional para los jóvenes bachilleres es el Bono al Bachiller Destacado que en 2018 se llegó a 9.749 estudiantes. 

De igual manera, gracias a la aplicación del programa del Post-alfabetización “Yo sí puedo seguir” la Unesco declaró en 2008 a Bolivia libre de analfabetismo.

Por otro lado es importante mencionar que es totalmente incorrecto pensar que la Renta Dignidad es un sucesor del Bono Solidario (Bonosol), existen diferencias realmente importantes entre ambos. Por un lado, el Bonosol creado en 1996 fue un beneficio que no era universal, ya que tenía una cobertura limitada alcanzando sólo a un determinado grupo generacional, por otro lado, las fuentes de financiamiento eran las utilidades de las empresas que fueron capitalizadas, pero estas empresas no rendían lo suficiente para cubrir el pago de este bono por lo que no eran sostenibles en el tiempo e iban a ser cortadas.

Sin embargo, la Renta Dignidad es un beneficio universal, porque la persona que nace hoy, o tiene 20, 40 o 50 años de edad podrá gozar de este beneficio, y la fuente de financiamiento es el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) fruto de la nacionalización que va en línea del actual modelo económico y que su pago es sostenible y se garantiza su permanencia en el tiempo. 

Además, el monto pagado de esta renta fue mejorando en este período, así se alcanzó un monto de Bs 3.250 para Rentistas y Bs 3.900 para No Rentistas. Asimismo, se amplió este beneficio con la distribución gratuita del Complemento Nutricional Carmelo para las personas de la tercera edad.

El Bono Juana Azurduy no fue la excepción, siendo que hasta el 2018 se favorecieron 2.190.434 personas entre madres y niños hasta los dos años de edad, con el fin de disminuir la tasa de mortalidad materna infantil y la desnutrición crónica. En el año 2015, se amplió el beneficio a este sector vulnerable de la población mediante la creación del Subsidio Universal Prenatal por la Vida. Además, de la implementación del Sistema Único de Salud que garantiza el acceso universal, equitativo y gratuito a la atención integral en la salud de la población boliviana.

En relación a la Seguridad Social de Largo Plazo, la Ley N° 065 de Pensiones, promulgada en diciembre de 2010, redujo la edad de jubilación de 65 a 58 años, estableció una pensión solidaria y la reincorporación del aporte patronal, además de la flexibilización en el acceso a las prestaciones de vejez. Entre 2011 y 2018, las recaudaciones del Sistema Integral de Pensiones registraron niveles récord año tras año, las personas que se beneficiaron con la Pensión Solidaria de Vejez y los asegurados se incrementaron consecutivamente. 

Cabe resaltar que en solo ocho años, 106.634 personas accedieron a una pensión de jubilación, lo que representó un incremento en 3,6 veces respecto a los 29.745 jubilados con el anterior sistema durante catorce años  (1997-2010), lo que evidencia la eficacia del actual sistema de pensiones.

Adicionalmente se aplicaron medidas con el Programa Miagua y Mi Riego con el fin de dotar de servicios básicos y apoyo a los productores. Hasta 2018, estos programas beneficiaron a un total de 539.672 familias bolivianas. Asimismo, el programa Tarifa Dignidad, favoreció a más de un millón de hogares de bajos recursos económicos con descuentos en el servicio de electricidad, también se  impulsó la política de acceso a viviendas dignas para comunidades urbanas y rurales a fin de mejorarla calidad de vida de los bolivianos.

Por todo lo anterior, se ratifica el importante avance de los indicadores sociales en el país, que también fueron reconocidos por los autores. Asimismo, toda la información en el ámbito económico y social se encuentra disponible en las Memorias de la Economía Boliviana que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas viene elaborando desde el 2006 en el marco de la transparencia.
 

 

Confidencial

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