Reformas

Acercar la justicia al pueblo

El autor propone cuatro pilares: informativo, educativo, ciudadano e institucional para instaurar la confianza pública y la transparencia.
domingo, 05 de mayo de 2019 · 00:00

Juan Carlos Ferreyra Peñarrieta Consultor en comunicación con estudios en derecho

Desde la creación de las instancias que administran justicia en el país a través del antiguo Poder Judicial (hoy Órgano Judicial), propiciado por el Mariscal Antonio José de Sucre, con la creación,  el 16 de julio de 1827, de  la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la población en general ve desde ese entonces hasta nuestros días a dicho Órgano del Estado como algo inalcanzable y difícil de llegar a compenetrarse del trabajo que realizan sus magistrados.

Desde 1999,  se sucedieron  reformas en el Poder Judicial, determinando la creación de nuevas instancias y nuevos órganos en el ámbito jurisdiccional; la creación del Tribunal Constitucional y Tribunal Agrario Nacional; en el ámbito administrativo y disciplinario, la conformación del Consejo de la Judicatura, así como en el área de formación y capacitación, la instalación del Instituto de la Judicatura. 

Todas estas nuevas instancias judiciales ampliaron los servicios e incrementaron  responsabilidades y competencias a la administración de justicia, situación que tampoco permitió acercar del todo la justicia al pueblo.

Las últimas transformaciones realizadas a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (7 de febrero de 2009) durante el actual gobierno del presidente Evo Morales Ayma como es el caso de la incorporación de la justicia indígena originaria campesina, llegando a tener el mismo rango que la justicia ordinaria, la elección mediante sufragio universal de las autoridades judiciales en todo el país, de igual manera, no logró acortar esa distancia que todavía existe entre la justicia y el soberano.

Hasta ahora, el único medio o enlace de relacionamiento que tiene la justicia con el pueblo, son los medios de comunicación social tradicionales (radio, prensa y televisión) y las redes sociales, que van tomando mucho más cuerpo a medida que avanza su posicionamiento en nuestra sociedad. 

Hoy en día algunos (pero no todos todavía) magistrados, jueces y demás servidores públicos judiciales, tienen sus cuentas personales abiertas especialmente en Facebook y muy poco en Twitter, aspecto que de alguna forma, pero no del todo, permite conocer el trabajo que cumplen los administradores de justicia y éstos a su vez el sentimiento que tiene la sociedad acerca del trabajo que realizan.

Para acercar de verdad la justicia al pueblo se requiere tanto de magistrados como de jueces, total predisposición y despojo de ese pensamiento colonialista que como “doctores” son los sabelotodo y también dejar de mirar a la población con ese menosprecio de que es ignorante y que no conoce nada acerca de la administración de justicia.

Sabiendo que la imagen institucional del Órgano Judicial está tan venida a menos, por diferentes casos de corrupción, falta de una verdadera institucionalidad entre otros aspectos y que el acercamiento del pueblo a esta instancia de poder es bastante difícil por no decirlo imposible, es  necesario  pensar que un primer paso para ese acercamiento.

 Sería deseable que las salas plenas que realizan el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional Plurinacional, empleen la política de relaciones públicas de “puertas abiertas”, con el objetivo de que representantes  de diferentes  sectores sociales puedan asistir a esas salas plenas y así tener ese acercamiento con los altos magistrados y les expresen sus necesidades acerca de lo que es la retardación de justicia y otros problemas.

Lo propio podrían hacer los Tribunales Departamentales de Justicia, las representaciones distritales del Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Constitucional Plurinacional, llevando a cabo sus salas plenas a las provincias, con el objeto de acercar cada vez más la justicia al pueblo.

También debe existir una política comunicacional proactiva que por lo menos deba tener cuatro pilares importantes: 

Informativo (dirigido exclusivamente a periodistas que cubren la información judicial), educativo (enfocado hacia los adolescentes con grado de pre-bachiller y bachiller), ciudadano (que vaya directo hacia la población en general) e institucional (referido al propio personal interno de la institución).

Se debe dar  importancia a la formación de los periodistas en materia judicial, con el objetivo de que en el momento de informar a la ciudadanía usen correctamente la terminología jurídica. Para eso se puede crear  un programa denominado Informar en justicia; la televisión y la radio pueden ser grandes aliados en materia de comunicación para la justicia al igual que las redes sociales.

Sobre el pilar educativo, y con el objetivo de acercar la justicia a los más jóvenes, se podría crear el programa Educando en Justicia, cuya labor consiste en visitas a centros educativos fiscales y particulares para hacer una introducción a la justicia y a sus conceptos básicos para, posteriormente, escenificar un simulacro de juicio en el ámbito de los menores. Se puede complementar con visitas de los pre-bachilleres y bachilleres a los tribunales de justicia a través  de un subprograma  Ven a ver juicios, basado en la confianza pública y la transparencia.

En cuanto al pilar ciudadano, se debe poner en marcha una semana de puertas abiertas en el Tribunal Supremo de Justicia y en los Tribunales Departamentales para que la gente pueda conocer los ambientes en los cuales desarrollan su trabajo diario magistrados, vocales y jueces. Se puede llevar a cabo a lo largo de todo el año con diferentes sectores sociales con previa cita.  

Acerca del  pilar institucional, siendo conscientes de que la imagen que  proyectan  los palacios de justicia es muy importante, urge que magistrados, vocales, jueces y demás servidores públicos judiciales también se capaciten en   relaciones públicas y humanas con el fin de dar un mejor trato con una atención de calidad y calidez al público litigante.

Si por lo menos los administradores de justicia harían el mínimo de esfuerzo para cumplir con lo señalado, se estaría empezando a dar un giro de 180° para cambiar la pésima imagen institucional que tiene la justicia en nuestro país. La propuesta queda lanzada. La decisión y el cambio están en ellas y en ellos. 
 

 

Confidencial

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