Normativa

El vacío constitucional en la sucesión vicepresidencial

Existe una secuencia de reemplazos para ocupar la silla presidencial, pero no está claramente normado qué ocurre en el caso de que el vicepresidente abandone sus funciones.
domingo, 16 de junio de 2019 · 00:00

Catalina Rodrigo Machicao Estudiante de Cs. Políticas UCB
Marcelo Arequipa Azurduy Politólogo y docente universitario

En el contexto de la Constitución Política del Estado vigente, la figura del Vicepresidente  es un rol importante (artículo 174). No solo asume temporalmente la Presidencia del Estado en ausencia del Primer mandatario, sino que es la cabeza del Órgano Legislativo en la tarea  de coordinar acciones entre el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y los Gobiernos Autónomos. También  participa en los gabinetes de ministros; coadyuva con el Presidente en la dirección de la política general del Gobierno; participa de la política exterior y desempeña misiones diplomáticas.

Sin embargo, y como algo que llama mucho la atención, cuando se observa la secuencia de la sucesión constitucional (artículo 169 de la CPE) en caso de que el Presidente abandone sus funciones por completo, vemos que existe una secuencia de reemplazos que pasan por el Vicepresidente, Presidente del Senado, Presidente de Diputados.

 Pero no vemos qué ocurre en el caso de que el Vicepresidente abandone sus funciones completamente, a reserva de que tengamos Presidente, y quiénes dirigen las Cámaras de Senadores y Diputados. Existe un vacío legal al respecto que deberíamos considerar urgente tomar en cuenta.

Si bien este vacío puede ser obviado por un tiempo, representaría un problema significativo si en algún momento se llegara a dar la renuncia o incluso, en un caso extremo, muerte de aquel que ocupe ese cargo. La carga que representa detentar ese puesto, por lo tanto, implica que dejar un hueco luego de haberlo identificado sería una irresponsabilidad con el funcionamiento del país.
 
Los casos que prevén situaciones similares en otros contextos

EEUU: La Enmienda número 25 de la Constitución de  Estados Unidos aprobada en 1967 indica que en caso de estar la posición de Vicepresidente vacante, el Presidente tiene el poder de designar a alguien para que tome el cargo después de la confirmación por mayoría de ambas Cámaras del Congreso.

Colombia: Dentro de la región tenemos el caso de Colombia, donde en caso de que la posición vicepresidencial quede vacía, quien se encarga de llenarla sería el Ministro del Interior. No obstante, en caso de no estar disponible existe un orden establecido por la ley que es el siguiente: el Ministro de Justicia, el de Relaciones Exteriores, Hacienda, Defensa, el de Agricultura y otros que siguen.

Perú: El 22 de octubre del año 2000, Francisco Antonio Gregorio Tudela van Breugel-Douglas, que ejerció como Primer Vicepresidente durante el gobierno de Alberto Fujimori, renunció a su cargo. En el caso de esta República se cuenta con dos vicepresidentes, por lo que a partir de la renuncia de Tudela, Ricardo Márquez Flores asumió el cargo.

Ecuador: El artículo 150 de la Constitución ecuatoriana afirma que “en caso de falta definitiva del Vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, elegirá su reemplazo de una terna presentada por la Presidencia de la República”.

 

Qué podemos hacer

Crear una segunda vicepresidencia, como es el caso de Perú, podría ser una propuesta difícil de aplicar,  más allá del papel, pero sería la ideal. Dadas las tantas atribuciones, francamente abrumadoras que conlleva el puesto, un segundo vicepresidente significaría, tal vez, mayor eficiencia y mayor impacto de cambios. 

No obstante, para no complejizar el debate al respecto en el caso de Bolivia, podría bastar con rescatar en la actual Constitución lo que la anterior establecía en su artículo 93. III. A falta de alguien que ocupe el cargo de Vicepresidente asumirá el Presidente del Senado, de Diputados, o de la Corte Suprema de Justicia.

Incluso si pensamos no usar legislación anterior a la actual Constitución, podríamos, a partir de la actual LOPE (Ley de Organización del Poder Ejecutivo, artículo 4.o), y del Decreto Supremo 29894 (artículo 22.a), establecer que dado que el Ministro de la Presidencia tiene la función de coordinar las acciones político-administrativas de Presidencia con los ministros de Estado, se pudiera extender sus tareas hacia la coordinación con la Asamblea Legislativa Plurinacional; porque además este ministerio cuenta con una Dirección de Gestión Parlamentaria, en la división de su estructura; es decir, algo parecido al caso colombiano.

Es vital llenar específicamente este vacío jurídico porque implica un fortalecimiento de la estructura estatal. Esta es una previsión más para poder saber cómo actuar en momentos de crisis en un país  con una  larga historia conflictiva, y en la que los acontecimientos políticos ocurren con una secuencia inesperada.

 

 

 

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