OEA

Almagro y una visita marcada por la coca

domingo, 2 de junio de 2019 · 00:00

 Pedro Gareca Perales  Abogado constitucionalista y defensor de DDHH

En el ejercicio del poder, es necesario que los  órganos del Estado impulsen el sano equilibrio de sus funciones y competencias, de tal forma que se constituyan con la concepción clásica de los frenos y contrapesos, en el equilibrio del ejercicio del poder. El implementar en las cámaras funciones de control del ejercicio del gobierno representará una oportunidad para transparentar el ejercicio de las funciones públicas, y los ciudadanos ganaremos sin equívocos.

Esta es la filosofía óptima de que en una democracia participativa, plural y diversa resultará de trascendental importancia para reforzar la independencia de los órganos del Estado, desplazando toda forma de cooptación con el propósito de anular cualquier sistema de tergiversación o injerencia.

Desde una perspectiva racional, representa un   desencanto que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se avenga a ser huésped del presidente Evo Morales en el inicio de campaña de proclamación y nada menos en Chimoré, lugar donde se produce la coca –de la cual el 95% está  destinada a la fabricación de clorhidrato de cocaína–, y con la agravante de exponerse a lucir la guirnalda de coca,  matizada en prolegómenos con pintorescos bailes junto a la diputada Margarita Terán y su hermana, ambas involucradas  en tráfico de drogas. ¿En qué queda su respetabilidad como autoridad regional y la conducta intachable que debió guardar?

Cualquiera que sea la significación del acuerdo firmado en Cancillería para garantizar la asistencia de veedores de la OEA en las elecciones del 20 de octubre  de 2019, la rúbrica y el compromiso estampado por Almagro lo sitúan en un plano  controversial y vergonzoso por tres consideraciones legales: 

a) Si el señor Luis Almagro conoce que Evo Morales va a un cuarto mandato presidencial  (2020-2025) sobre la base de un  fallo del Tribunal Constitucional  (SCP 0084/2017 de 28 de noviembre) que desconoce la voluntad popular expresada en el referéndum de 21 de febrero de 2016, ¿cómo es que viene a avalar su reelección ilegal , inconstitucional y antidemocrática? 

b) El artículo 168 de la Constitución de 2009 dispone que el presidente y vicepresidente pueden ser reelegidos por una sola vez de manera continua, y que el constituyente puso límite en la cláusula constitucional para los gobernantes en el ejercicio del poder.

 c) A instancia de Luis Almagro se solicitó a la Comisión de Venecia la interpretación del artículo 23 de la Carta Americana de Derechos Humanos, en cuyo informe Nº 908/2018 de 20 de marzo la comisión determinó:  “La reelección indefinida de autoridades no es un derecho humano y que impedirla no limita los derechos de los candidatos o de los votantes” y d) su misión principal es promover y fortalecer los derechos democráticos y los derechos humanos.

Al parecer, sus   intereses políticos por lograr su reelección  lo condujeron  hacia un escenario de desprestigio ante los países de la región, con la probable revisión de gobernantes que le anticiparon su apoyo, particularmente de los 14 países del Grupo de Lima que condenan al régimen de Nicolás Maduro, y al que con mucha tristeza apoya  Evo Morales y su régimen.

Qué confianza puede merecer un alto representante de la región, si el 17 de mayo de 2019 al arribar a La Paz, de forma audaz respaldó la reelección de  Morales asegurando que sería “absolutamente discriminatorio” que el actual mandatario boliviano no pudiera presentarse a las elecciones de octubre, cambiando diametralmente su posición, cuando el 22 de septiembre de 2017 y el 9 de abril de 2018 se pronunció en contra de la reelección y  exigió el respeto al voto de los  ciudadanos, puesto que la voluntad popular no puede ser suprimida por un fallo judicial.

En el foro Interamericano de Comercio y Producción que se realizó en Buenos Aires el  20 de mayo de 2019, Almagro dijo que  “la reelección no es un derecho humano”, pero que él no está por encima de un fallo constitucional. Aseguró que no ha cambiado su posición y que la reelección no es un derecho humano, y dijo que carece de algún instrumento legal para oponerse a la sentencia del Tribunal Constitucional boliviano, que permite la reelección indefinida; porque además el sistema interamericano nunca dijo nada al respecto.

Acotó también, que no existe ningún fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana ni una votación en el Consejo Permanente de la OEA que declaren ilegítima esa forma de elección. Recordó que nadie en el sistema interamericano declaró ilegítimas las otras reelecciones habilitando como derechos humanos a los presidente Oscar Arias de Costa Rica, Juan Orlando Hernández de Honduras y Daniel  Ortega de Nicaragua.

El artilugio de que Almagro no tiene ningún instrumento legal  para revertir el la STP 0084/2017 de 28 de noviembre, mediante la cual el Tribunal Constitucional, tergiversando en forma fraudulenta la interpretación preferente del art. 23 de la CADH, determina que “la reelección indefinida es un derecho humano”, no es verdad, y la reelección indefinida que apoya a Evo Morales y las producidas en Venezuela, Nicaragua y Honduras se desmorona con el caso Yatama vs. Nicaragua, donde la Corte IDH interpreta el artículo 23 de la CADH y dice: 

“La aplicación y previsión de requisitos para ejercitar los derechos políticos, no constituyen, per se, una restricción indebida a tales derechos políticos. Estos no son absolutos (derechos políticos) y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática”. 

Por tanto, si  tuvo legitimidad para hacer la consulta a la Comisión de Venecia y cuyo dictamen 908/2018 de 20 de marzo dice que: “la reelección indefinida no es un derecho humano”, ‘¿por qué el señor Almagro no hace uso de la facultad que le confiere el artículo 64 de la CADH y promueve la opinión consultiva ante la Corte IDH?; ¿o por qué no exhorta a los países garantes (Brasil y Colombia) para que interpongan ante la Corte IDH?

 

 

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