Narcotráfico

Cáceres y las 30 avionetas con 500 kilos de droga

Se confirma que el narcotráfico mantiene fuertes vínculos con esferas de nivel político, al punto que magistrados que se han visto implicados por Pedro Montenegro Paz se mantienen impunes.
domingo, 23 de junio de 2019 · 00:00

Pedro Gareca Perales    Abogado constitucionalista y defensor de DDHH

Recordaremos que en España el presidente Mariano Rajoy terminó su gobierno por una “moción de censura” aprobada por el Congreso, como consecuencia de verse involucrado en una trama de financiación ilegal conocida como el caso Gürtel.  El hecho tuvo tal repercusión en el Partido Popular porque la víctima de la corrupción era el jefe de gobierno, y consigo fueron alejados del poder todos sus ministros. 

En el problema específico se preservó la democracia de calidad y no el interés de un partido, cuyos responsables de la trama ahora responden ante la función jurisdiccional. Como la ley se cumple para todos, resulta que a la semana de posesionado Maxim Huerta, ministro de Cultura y  Deportes del nuevo gabinete socialista Pedro González, es obligado a renunciar y sometido a la justicia por evadir impuesto de más de 218.000 euros. 

En Europa vemos que la justicia funciona cuando hay separación de poderes y los jueces y audiencias no miran estatus o jerarquías para ofrecer sus argumentos, evaluarlos y asumir la decisión más adecuada.

Ahora bien, el Gobierno por medio del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN)  admite que existe  el transporte de  drogas en avionetas, pero no en la magnitud que dicen los medios de comunicación, que Bolivia es territorio de tránsito y que no hay cárteles, sino clanes familiares. 

En ese mismo plano, el zar antidroga Felipe Cáceres, que tiene un patrimonio que supera los nueve millones de bolivianos en 13 años al frente del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, no solo se limitó a rechazar la salida de 30 avionetas por día  que salen con 500 kilos de cocaína del Beni con destino a Brasil y Paraguay, sino que ahora culpa a los jueces de la función jurisdiccional por liberar a 38.880 aprendidos por narcotráfico entre 2010 y 2018 (representa el 80%). 

Habría que preguntarle si entre los liberados no estaban las hermanitas Terán, Óscar Nina Morales, Javier Millán, Juan Carlos Tapia Mendoza y Pedro Montenegro.   ¿Qué función desempeñaba   Cáceres durante los ocho años de indulto de facto que realizaban los jueces de sustancias controladas? 

O es que no existen jueces independientes en Bolivia. Sensiblemente esto huele a una autoexculpación o cinismo de impunidad en un entorno político que Cáceres debe explicar.

El entuerto me parece asemejarse mucho a la comedia que teatralizó el ministro de Economía, Luis Arce Catocora, cuando en octubre de 2017 a sabiendas del desfalco que cometió Juán Franz Pari Mamani de 37 millones de bolivianos al Banco Unión en Batallas y Desaguadero dice: “El desfalco al Banco Unión es insignificante”. 

El extremis del drama sería si el 95% de la coca del Chapare sea industrializada para pagar el doble aguinaldo antes de las elecciones de 2019, en sintonía con la vigencia del SUS, cuya universalidad parece tener ese límite.

La postura que asume el zar antidroga  representa un incremento en la inflación de los fines del  Estado  y reconocimiento que existe tráfico de droga en avionetas sin ningún control de la Dirección General de Aeronáutica. 

Entonces, bajo estas afirmaciones de autoridades se confirma que el narcotráfico mantiene fuertes vínculos con esferas de nivel político, al punto que magistrados que se han visto implicados por Pedro Montenegro Paz se mantienen impunes, sin que la Fiscalía General advierta ningún indicio que pudiera justificar su intervención de oficio, al extremo de desaparecer el expediente del principal imputado, nada menos del Juzgado Mixto del municipio de Cotoca. 

Todo este escenario de actores e intérpretes es una suerte de ofensa a la dignidad boliviana y  la expansión productiva y tráfico afecta  cruelmente  la salud de los bolivianos y  la comunidad mundial.

En el contexto de este capítulo,  sería importante crear un grupo de trabajo diverso y plural, sin importar la línea política o ideológica, para combatir: el narcotráfico, el fraude, la corrupción y el dinero negro o blanqueo y cohecho. Así  saldremos del foso oscuro 132 de 180 países  de percepción de corrupción de Transparencia Internacional.

También  cabe tomar medidas para hacer frente a los estafadores corruptos que se llenan los bolsillos con dinero negro y se dan vida de lujo a costa de los ciudadanos que aportan al fisco y respetan la ley. 

Y, como algo sustancial, sacar a luz los resultados de la consultora que hizo el estudio de la demanda de coca para el acullicu de la población.

En definitiva, si la comunidad internacional trata  los derechos humanos de forma  global y de manera justa y equitativa, en pie de legalidad e igualdad y dándoles a todos el mismo peso, ¿por qué los mandatarios, cuya base social son los cocaleros del Chapare, no salen de la vanidad y el delirio y se ponen finalmente el traje de la democracia respetando el 21F y el alma de la Constitución? 

Los ciudadanos ofrecen razones patrióticas y convincentes ante la narcodemocracia y son invencibles en su lenguaje y acción hasta restablecer el legado histórico del Estado de Derecho Constitucional.

 

 

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