Violencia de género

A cuántas mujeres más nos tienen que matar

domingo, 23 de junio de 2019 · 00:00

Helen Álvarez Virreira Integrante de Mujeres Creando

No le permito al vicepresidente Álvaro García Linera que llore sobre los cuerpos de nuestras hijas y madres asesinadas y que diga que el incremento de los casos de feminicidio “es un horror, es una tragedia nacional”. Usted no es un vecino cualquiera, señor Vicepresidente, usted debería estar haciéndole firmar al presidente Evo Morales la declaratoria de alerta contra la violencia hacia las mujeres en cumplimiento del artículo 37 de la Ley 348, esa ley sancionada por la Asamblea Legislativa que usted preside.

No le admito que mienta y que afirme con descaro que “tenemos leyes muy drásticas” para proteger a las mujeres, porque esa es solo la farsa gubernamental de una falsa lucha contra la violencia hacia las mujeres. El propio fiscal general, Juan Lanchipa, ha informado que el promedio de mujeres asesinadas pasó de una cada tres días, a una cada dos días, y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha dado a conocer que Bolivia ocupa el primer lugar en Sudamérica en feminicidios.

Esos datos no son casualidad, ni fatalidad, son el resultado de la inercia del Estado boliviano para sancionar el delito del feminicidio y es la manifestación institucionalizada del desprecio de la vida de las mujeres.

Me indigna hasta lo más profundo que el Vicepresidente afirme que la solución contra la violencia hacia las mujeres es la educación y la sanción moral, y que deben aplicarse “nuevos métodos educativos y preceptos morales en las familias, en la sociedad y en otros espacios que permitan proteger y valorar a las mujeres”, eso indica la página web de la Vicepresidencia.

Ese es pues el discurso cómplice de un Estado patriarcal, que se lava las manos y esgrime, como gran cosa, leyes que no se aplican por diferentes motivos: porque no hay presupuesto, porque hay corrupción, porque hay negligencia, porque fueron redactadas en un escritorio sin tener idea de lo que ocurre en la realidad, no se aplica porque no les da la gana…

El pasado 25 de marzo, un grupo de mamás y hermanas de víctimas de feminicidio tuvimos una reunión con la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra; con las diputadas Valeria Silva y Susana Rivero, y con Tania Sánchez, directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización. 

Les entregamos una carta con la referencia Propuesta urgente para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de feminicidio, donde volcamos la experiencia y el conocimiento que hemos acumulado durante años en nuestro peregrinar en búsqueda de justicia. Lo hicimos también tomando como base el estudio realizado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard: No hay justicia para mí. Feminicidio e impunidad en Bolivia, un estudio que fue posible gracias a las gestiones de María Galindo, ya que como Mujeres Creando nos cansamos de pedirle a la Asamblea Legislativa que lo haga. Este estudio es una prueba de todas las injusticias que vivimos y una constatación de que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es solo retórica del Estado boliviano.

Fuimos a esa reunión con el equipo de Harvard y ninguna de nosotras fue a hablar de su caso en particular, sino de todos los obstáculos e injusticias que existen durante la investigación de los casos y a lo largo de los juicios que se eternizan. En esa carta sistematizamos todas las necesidades y las resumimos en 11 medidas urgentísimas. La primera, la realización de una auditoría de feminicidios para identificar las irregularidades y omisiones en cada caso, a fin de allanar el acceso a la justicia. 

Solicitamos también la declaratoria nacional de alerta roja contra la violencia machista hacia las mujeres, un pedido que Mujeres Creando hizo ene veces desde el 2016. Pedimos además la creación inmediata de juzgados y fiscalías especializadas, así como de divisiones específicas tanto en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, como en el Instituto de Investigaciones Forenses  y en el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial  que atiendan de manera exclusiva los casos de feminicidio.

En la lista de medidas urgentes también mencionamos la incorporación del procesamiento “de oficio” de las pruebas biológicas, la asignación de intérpretes de lenguas indígenas en los juzgados y fiscalías especializadas, la revisión y modificación de la ley 348 para subsanar graves errores y vacíos que contiene, la prohibición de medidas sustitutivas a la detención preventiva en los casos de violencia sexual y feminicidio. Pedimos, finalmente, un estudio urgente, cualitativo y cuantitativo  sobre las niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio.

Nos fuimos con el compromiso de estas autoridades de que organizarían un encuentro más amplio con la Fiscalía General del Estado Plurinacional y autoridades judiciales dada la gravedad de la situación. Hasta el día de hoy seguimos esperando que actúen. Y desde entonces no hemos sabido qué siempre hace el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización.

Desde ese 25 de marzo, 40 mujeres más han sido asesinadas y con ellas ya son más de 600 mujeres a las que extrañamos y por las que luchamos cada segundo de nuestras vidas. Desde ese 25 de marzo varios acusados de feminicidio han sido absueltos por la justicia y muchísimos están libres o con absurdas detenciones domiciliarias que no se cumplen, mientras sus abogadas y abogados defensores reclaman por la retardación de justicia, omitiendo que la justicia debe ser para las víctimas. Desde ese 25 de marzo, las familias que ya estamos en juicio hemos procurado de todo para que los procesos continúen, porque el sistema nos pone obstáculos de todo tipo para cansarnos, para humillarnos, para que nos rindamos y le demos paso libre a la impunidad.

De muestra un botoncito, que más parece una burla: en medio de una reforma de la Fiscalía Especializada de Víctimas de Atención Prioritaria, en La Paz, recién nomás, deciden trasladar sus oficinas al cuarto piso de un edificio sin ascensor, en la calle Indaburo; supongo que la intención es darles comodidad a las y los fiscales que estaban hacinados en su edificio de la Potosí. Pero qué significa eso para las familias de las víctimas que tenemos que estar todos los días ahí, suba y baje, y donde solo atienden a quienes gritan más fuerte, literalmente, el nombre de su fiscal.

Señor Vicepresidente, no llore sobre la sangre derramada, no tiene derecho, ni se desgarre las vestiduras, actúe y sea parte de la solución, o ¿está esperando que las asesinadas seamos muchas más?
 

 

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