Población y desarrollo

Hacia compromisos contantes y sonantes

Lo ocurrido en la ONU en materia de DDHH de las mujeres no se puede explicar sin tomar en cuenta el papel del movimiento feminista.
domingo, 14 de julio de 2019 · 00:00

Sonia Montaño Virreira Socióloga feminista

50 años del Unfpa, 25 del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (ICPD) por su sigla en inglés, son motivo de beneplácito, como se dice en la jerga diplomática; y si a eso le sumamos los 35 años del CIDES, sin duda el programa universitario de posgrado más sólido de Bolivia, son hechos que merecen una celebración y por tanto un clima de esperanza para pensar en los desafíos que ambas entidades y el país deben enfrentar en los años que vienen.

Es también un momento propicio para hacer un balance de los logros y desafíos.  El Plan de Acción del Cairo, es sin duda el punto de inflexión que marca la agenda del desarrollo puesto que ése fue el momento en que los temas de población superaron el enfoque demográfico para pasar a uno de derechos que es el que aún debe consolidarse.

Este cambio paradigmático forma parte de una década virtuosa en el seno de las Naciones Unidas la que tuvo su inicio para América Latina en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 y continuó con una serie de  compromisos  donde los derechos humanos y la necesidad de un desarrollo sustentable fueron de la mano. La Conferencia de Viena en 1993 amplió las fronteras entre lo público reconociendo la  violencia contra las mujeres hasta entonces invisible social y jurídicamente. 

La Conferencia Mundial Sobre la Mujer en Beijing y la Plataforma de Acción en 1995, son otro hito relevante en la tortuosa historia de los derechos humanos. En ese contexto la ICPD constituye  uno de los momentos más importantes porque logra que 169 gobiernos reunidos en El Cairo, adopten un Plan de Acción logrando consensos inimaginables en décadas anteriores. Aborda prácticamente todos los derechos conquistados en la historia contemporánea y sigue siendo por un lado una fuente de inspiración y por otro la vara con la que se puede medir la distancia entre los compromisos gubernamentales y las políticas realmente existentes.

Lo ocurrido en las Naciones Unidas en materia de derechos humanos de las mujeres  no  se puede explicar sin tomar en cuenta  el papel del movimiento feminista que en el caso de América Latina ya tiene más de 36 años de vida. Es los encuentros feministas que  tienen más de 36 años se  puede encontrar el germen de las propuestas sobre igualdad, no violencia, derechos sexuales y reproductivos y mucho más. Un acierto del Unfpa fue fortalecer a las organizaciones no gubernamentales de mujeres  que difundieron el programa de acción entre grupos amplios  e incidieron en la formulación de programas y políticas. 

Esa alianza tuvo un valor estratégico ya que  se debe recordar en un contexto donde  predominaban gobiernos partidarios del libre mercado y  el estado mínimo. Aun así, particularmente en Bolivia, fue en esa década donde florecieron los primeros programas y políticas de género.

Otro aporte del Unfpa y la cooperación, fue el financiamiento y asistencia técnica  para las políticas públicas, virtud que a la vez  puso en evidencia el reverso de la medalla:  la escasez de recursos gubernamentales para el cumplimiento de los acuerdos. Esto fue posible gracias a la capacidad de apoyar de manera independiente a organizaciones de la sociedad civil y aun a programas estatales manteniendo la fidelidad con el Programa de Acción. La capacidad de articular la  agenda de El Cairo con los programas nacionales de salud reproductiva fue muy importante.

El párrafo 8.25 del Programa de Acción es sin duda el símbolo más claro del salto conceptual y político que tuvo lugar en la Conferencia. En él se afirma que “En ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia” y se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales  a incrementar su compromiso con la salud de la mujer y a entenderlo como un problema de salud pública. Se propone asignar siempre máxima prioridad a la prevención de los embarazos no deseados En todos los casos, las mujeres –continúa– deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos. Pues este compromiso ha ido a marcha demasiado  lenta.

En la última década y un poco más, en Bolivia a pesar de la estabilidad política,  se ha producido  el debilitamiento de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos de las mujeres, particularmente los sexuales y reproductivos. El Estado, a pesar de haber vivido una época de bonanza solamente comparable a la de los años 70, no ha podido enfrentar los aspectos centrales de la agenda de El  Cairo. Bolivia sigue figurando con la mortalidad materna más alta de la región por delante de Haití con 206 por cada 100 mil nacidos vivos y  mantiene una legislación punitiva en materia de interrupción del embarazo que oculta la  cifra de embarazos no deseados y aborto ilegal, algo inadmisible en tiempos en que existen todos los medios  para prevenirlos.   

La recomendación del Programa de Acción en sentido de entender el aborto como un problema de  salud pública no se ha escuchado y  por el contrario ha llevado  proponer una legislación que incrementaba causales la misma que afortunadamente no fue. Los médicos que impidieron con sus movilizaciones la aprobación del Código,  no incluyeron la despenalización del aborto la que  no se aprobó por azahar. 

De hecho, muchos de ellos siguen apelando a la objeción de conciencia  como ocurrió en un caso reciente en Santa Cruz donde  prácticamente se obligó a dar a luz a una menor de edad  luego de esperar seis meses de embarazo fruto de una violación, inviabilizando la interrupción y violando sus derechos. Bolivia  también encabeza  las cifras de  embarazo adolescente.

Una de las recomendaciones del Comité de la Cedaw señala  su preocupación por la tasa de abandono escolar del 30% debido a los embarazos de adolescentes y la falta de educación sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el sistema educativo. 

Más grave que lo anterior y sin duda el desafío mayor, es la presencia política cada vez más evidente de los grupos religiosos  fundamentalistas. Éstos compiten abiertamente en el terreno electoral, apoyan al presidente y financian líderes políticos de todo signo. Su presencia en los medios de comunicación va en aumento y  comparada con la oposición tradicional de la Iglesia Católica muestra una agresividad nunca vista. No se debe olvidar que ya la Asamblea Constituyente estuvo presidida por una mujer, que además de indígena, era cristiana, lo que impidió  junto a la bancada conservadora ampliar los derechos de las diversidades sexuales. Organizaciones internacionales con  ingentes recursos han tomado el espacio público para frenar los pequeños avances en  educación y bajo el lema de “Con mis hijos no te metas”, se entrometen en las políticas públicas ante el silencio de  autoridades que olvidan que  en Bolivia rige la separación entre Estado e iglesia.

Estamos ante la necesidad de un pacto social que renueve el ímpetu y el compromiso del estado y la sociedad hacia compromisos contantes y sonantes.

 

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