Investigación

Los negocios ilícitos en los terrenos de la hidroeléctrica más grande de América Latina

Un acuerdo energético entre Brasil y Paraguay sobre la represa de Itaipú hizo tambalear al presidente de este último país, Mario Abdo Benítez, señalado de hacer un acuerdo escondido. Sin embargo, los terrenos de esta colosal obra de infraestructura esconden más secretos.
domingo, 11 de agosto de 2019 · 00:00

Connectas Plataforma periodística para las Américas

La crisis política se ha cernido sobre Paraguay en los últimos días. El motivo está directamente relacionado con la represa binacional de Itaipú, que comparten este país y Brasil desde 1984 y que ostenta el título de ser la mayor productora de energía del planeta.  Un acuerdo firmado el pasado 24 de mayo entre los dos países sobre la hidroeléctrica, desató la polémica en Paraguay.

 Según expertos en energía, el documento significaría pérdidas mayores a 200 millones de dólares para la empresa estatal y el país guaraní, porque se estaría renunciando a energía más barata, producto de los excedentes de la represa.

La oposición del gobierno acusó a Mario Abdo Benítez, perteneciente al partido Colorado, de hacer un acuerdo secreto y entreguista, pues según ellos, con esta firma se está cediendo la soberanía de Paraguay sobre la represa, algo que podría resultar en un alza importante en los precios de la energía eléctrica de este país. La crisis política que desató el acuerdo derivó en la renuncia de cinco altos cargos del gobierno paraguayo, una amenaza de juicio político por parte de la oposición y finalmente, el jueves 1 de agosto, en la anulación del contrato entre ambos países, luego de que Jair Bolsonaro hiciera público su apoyo a Benítez para salir de la crisis. 

Sin embargo, el aparente sigilo de este acuerdo que señala la oposición no es el único secreto que esconde este gigante energético binacional. En una investigación realizada por el diario Última Hora (UH), en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ),  en alianza con Connectas, se revela que en las 180 mil  hectáreas destinadas para zonas de protección al borde del espejo de agua hoy se encuentran puertos creados para tráfico de contrabando, drogas y armas, mientras en otras zonas se han instalado clubes privados de forma irregular. 

Esto a la par de crecientes reclamos de comunidades indígenas que denuncian la expropiación de sus tierras sin indemnización, mientras estas quedaron en manos de personas influyentes y agroempresas.

En su creación, que se dio bajo la dictadura de Alfredo Stroessner, se implementó una ley que ordenaba la expropiación de tierras alrededor de ésta para establecer una Franja de Protección. Con esta ley, la 752 de 1979, el Estado paraguayo expropió un total de 165 mil  hectáreas de terreno de la comunidad, pero la aplicación de la misma fue realizada de manera irregular y no se concretó sobre unas 50.000 hectáreas que quedaron en manos de agroganaderos, la mayoría brasileños.

 Es decir, casi una tercera parte de estas tierras no cumplió el mandato de la ley, y no se convirtió en reserva, sino que entró en un limbo de uso y propiedad que la ley no ha especificado hasta el día de hoy. Esa zona gris ha sido la base de muchas irregularidades presentes actualmente en este espacio de reserva, mientras varias comunidades originarias de estas tierras siguen reclamando lo que consideran suyo.

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación de UH  fue la ubicación de 261 puertos clandestinos dentro de la franja de bosques de Itaipú: 170 en el lado paraguayo y 91 en el brasileño; hallazgos obtenidos a través de reporteo en la zona y mapeo satelital. 

La investigación arrojó que éstos funcionan como puntos de conexión para el contrabando de cigarrillos de la marca que produce Tabesa, la tabacalera del expresidente de la República Horacio Cartes, y según el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, estos puntos de conexión también se utilizan para el tráfico de drogas y armas, entre otros productos.

Entre las ciudades de Hernandarias y Salto del Guairá, en el lado paraguayo, y Foz de Iguazú y Guaira, en el lado brasileño, en tierras de la hidroeléctrica binacional Itaipú, hay por lo menos 261 puertos clandestinos dedicados al tráfico ilícito entre ambos países, según pudo determinar esta investigación.

Drogas, armas, electrónicos, rollos de madera y cigarrillos que fabrica la empresa Tabesa, propiedad del expresidente Horacio Cartes, cruzan el río Paraná desde tierras de Itaipú, como lo demostró recientemente el trabajo de la Unidad Interinstitucional para Combate al Contrabando (UIC) del Poder Ejecutivo, liderada por Emilio Fúster, y de fiscales de la zona como Manuel Rojas y Diosnel Giménez.

La investigación de ÚH identificó un total de 170 puertos clandestinos en el lado paraguayo y 91 en el lado brasileño. Un guardaparque antiguo de la binacional, hoy jubilado, asegura que hay más de 370.

El ingreso para invadir a Itaipú y montar estos puntos delictivos se realiza desde los sojales de poderosos agroempresarios, la mayoría de origen brasileño, como el caso del expresidente de la Sociedad Rural Brasileña (SRB) de 1984 a 1990, Flavio Pascoa Teles de Menezes, o el descubierto in fraganti montando uno Doacir Bianchet.

El trabajo de investigación de ÚH corroboró que la franja de Itaipú es invadida desde sojales de productores, la mayoría brasileños, para montar puertos de contrabando y narcotráfico entre Paraguay y Brasil, con la complicidad de militares de la Armada Nacional, responsables de cuidar la frontera.

 El diario logró comprobar, con labores de la Unidad Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando (UIC) y la Senad, que un grupo de los puntos identificados era puertos clandestinos. Esta información se compartió a representantes del Ministerio Público y del Ministerio del Interior, pero el hallazgo no generó mucho eco dentro de la entidad y hasta el momento no se han efectuado acciones concretas en contra de estos puertos ilegales.

Anteriores operativos de la Senad y la Fiscalía ya capturaron cargamentos de drogas en esta zona en Itaipú, pero los mismos, al igual que los representantes de la empresa binacional, reconocen que la enorme extensión del terreno –que se extiende a lo largo de 1.524 kilómetros– hace imposible el control. Ese también fue el argumento del ministro de Defensa paraguayo, Bernardino Soto Estigarribia.

Esto no es lo único que opera a las orillas de la reserva, pues también hay presencia de clubes privados y condominios de lujo que, aprovechando las irregularidades en la asignación de los terrenos, lograron instalarse sin mayor problema dentro de la franja, violando lo establecido por la ley, que de forma clara señala la obligación de conservación de los bosques de esta zona.

A pesar de esto, los abogados de Itaipú señalaron a UH que aún no existe una política definida sobre qué hacer con estos clubes, pues los contratos fueron cedidos por gobiernos anteriores. Según ellos, desde el año 2000 se llevan adelantando acciones judiciales para repeler las incursiones ilegales en estos bosques y aseguraron que iban a hacer una revisión de los casos para determinar qué hacer.

El panorama de varios clubes exclusivos operando de manera irregular en esta zona de reserva contrasta con la lucha de comunidades originarias como los Avá Guaraní, los Kiritó o los Tacuara’i que en los últimos tiempos han estado en el centro de las noticias por los casos de asesinatos y secuestros de sus miembros por parte de denominados “capangas”, asesinos al mando de soyeros brasileños que buscan desplazar a los nativos de sus tierras, según denunciaron los indígenas y grupos de apoyo de la sociedad civil. 

Un club privado y dos condominios o country club de lujo utilizan de manera ilegal las tierras de la Itaipú Binacional en el lado paraguayo. Estas tierras deberían ser bosques de protección del embalse, según lo establecido por la Ley 752/79.

Otros clubes instalados en tierras de Itaipú en el lado paraguayo fueron desalojados durante el gobierno de Fernando Lugo (2008-2013). En el lado brasileño también hay varios clubes instalados sobre su franja de protección, llamada Área de Preservación Permanente de Itaipú.

Estas aguas y tierras, donde vivieron hace menos de 40 años 38 comunidades indígenas avá-guaraní, hoy son territorios prohibidos a los nativos, pero no así para clubes y condominios privados.

Según estudios de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, en total 60.000 indígenas fueron afectados desde la construcción de la represa. Asimismo, varios estudios antropológicos del desalojo señalan que fueron unas 38 comunidades las desterradas por la Itaipú Binacional en el lado paraguayo, sin indemnización y en condiciones precarias, al igual que los Avá Guaraní del lado brasileño. 

Algunos integrantes de estas comunidades originarias están volviendo a su territorio 40 años después del despojo, rodeados de contrabandistas, narcotraficantes y soyeros violentos que los amenazan, otra de las invasiones problemáticas en este territorio.

Los propietarios de las enormes extensiones de campo de soya y pasturas de ganado que rodean a toda la Franja de Protección de Itaipú, brasileños en su mayoría, han protagonizado ocupaciones ilegales y deforestación en las tierras de la binacional. Los casi inexistentes procesos judiciales han garantizado impunidad para estos grupos e individuos que invaden la franja para diferentes intereses, ya que las pocas condenas que se han logrado a partir de denuncias castigaron a los culpables con donación de plantas a Itaipú, cartuchos de impresora al Juzgado o cubiertas para vehículos del Ministerio Público.

Los abogados actuales de la binacional, señalaron a  UH que no reconocen las investigaciones antropológicas respecto a los nativos hasta que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) oficialmente lo haga, además de indicar que la permanencia de los mismos en las zonas protegidas es de imposible cumplimiento, considerando el estatus legal de estas áreas. A pesar de eso admitieron que fue una época donde las dictaduras militares no respetaban los derechos humanos, por lo que probablemente hayan sido víctimas de abusos.

La posición del nuevo gobierno de Mario Abdo Benítez en Paraguay sobre Itaipú aún no está muy bien definida respecto a estos casos, y serán sus próximas acciones, o la ausencia de ellas, las que mostrarán si posee un real interés en concretar un saneamiento real a los negocios ilícitos que prosperan en las tierras de la binacional. 

Primero tendrá que destrabar el embrollo que armó, por cuenta de lo que han sido considerados negocios secretos con el gobierno brasileño.

 Este es un trabajo realizado por Roberto Irrázabal periodista de Última Hora (ÚH), en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del ICFJ en alianza con Connectas.

 

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