Educación y gestión

A casi 90 años de la autonomía universitaria

Hay que empezar a cuestionarse sobre cuán reales y beneficiosos son los logros de este hecho histórico, a la luz de los pobres resultados que año tras año se ven en el país.
domingo, 01 de septiembre de 2019 · 00:00

J. Nelson Antezana R. Bibliotecólogo

La universidad es una herencia de la Colonia, y por tanto europea, que sirvió a los conquistadores como eficaz instrumento para introducirlas ideas de la época que, a lo largo de 300 años, fueron calando hondo en el imaginario y el espíritu de las generaciones nacidas en el nuevo mundo.

A lo largo del siglo XIX la universidad no hizo más que reproducir la herencia colonial en manos de la República, sin cambios trascendentes durante casi 100 años. Las universidades, creadas durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz en el inicio de la República, se caracterizaron por un rechazo visceral a la ciencia, siendo más bien claustros de dogmatismo y reductos del pensamiento más conservador.

En éstas solo existían derecho y teología, estudiándose sobre todo derecho canónico, es decir, todo estaba encaminado a formar abogados y escolásticos con ausencia total de carreras científicas o técnicas. Más tarde y de forma gradual y muy lenta se introdujo la medicina en las universidades del país.

Durante toda esta época las superiores casas de estudio dependían del Ministerio de Instrucción, que daba las directrices, los planes de estudio y nombraba a las autoridades. La antigua denominación de lo que hoy se conoce con el nombre de rector, era el cargo de “cancelario”, que a uno le hace pensar más en el cancerbero, el perro de dos cabezas en las puertas del hades, que en una autoridad académica.

La reforma universitaria de Córdoba, en 1918, significó una profunda transformación en la estructura de la universidad, primero en Argentina, para de ahí propagarse a casi todo el subcontinente sudamericano. Los principales logros de la reforma universitaria fueron la autonomía, el nombramiento de autoridades por elección; el nombramiento de docentes por concurso de méritos y examen de oposición y la libertad de cátedra. Todos estos elementos se suponía que iban a “airear”  la asfixiante estructura anterior de la universidad.

En Bolivia se concedió la autonomía universitaria mediante el Estatuto de la Educación Pública de 25 de julio de 1930 elaborado por Daniel Sánchez Bustamante y confirmado por el referéndum de enero de 1931.

Es importante destacar que esta medida tan importante, que implicaba una reforma estructural en el ámbito de la educación superior, fue llevada a cabo por la junta militar presidida por el Gral. Carlos Blanco Galindo cuyo breve gobierno significó una transición entre el prorroguismo de Hernando Siles y el trágico gobierno de Daniel Salamanca que llevó al país entero a la hoguera del Chaco.

La Universidad Mayor de San Andrés fue la primera en la cual la autonomía entró en vigencia, siendo su primer rector Juan Francisco Bedregal y, después de la Guerra del Chaco, la prolífica gestión de Héctor Ormachea fue de enorme beneficio para la UMSA habiéndose conseguido el espacio para construir el monoblock conocido por todos, en el predio donde funcionó por muchos años el Colegio Militar de Ejército.

Otro de los grandes logros de ese momento fue la creación de la Facultad Técnica y, sobre todo, en la década de los años 40, la Facultad de Filosofía y Letras antecedente de la actual Facultad de Humanidades de la cual se independizaron como carreras literatura, historia y filosofía añadiéndose otras posteriormente.

Si bien estos y otros logros a nivel de todas las universidades del país  hicieron creer y confiar en la autonomía como una herramienta que garantizara la independencia de la universidad, además de un espacio que generara conocimiento y ciencia, con el correr de los años y, sobre todo, desde el regreso a la democracia a principios de los 80, la autonomía se convirtió en la mejor excusa para convertir a las universidades en espacios anquilosados en viejas prácticas administrativas, en reductos del pensamiento más conservador y retrógrado, resistentes a todo cambio sustancial en su funcionamiento y estructura.

Esto se debe en gran medida a la politización e ideologización de la universidad, sobre todo desde las corrientes socialistas en todas sus variantes de izquierda, que convirtieron a la universidad en un ámbito donde se producía ideología y no ciencia; análisis aparentemente crítico en lugar de rigurosidad académica y conservadurismo con un aparente barniz de modernidad, pero que en el fondo encerraba posiciones extremadamente conservadoras.

Todo esto ha producido una sub especie dentro de los burócratas de Bolivia: el burócrata de la universidad, y más específicamente, el burócrata de la UMSA (tanto en el estamento administrativo como docente), que encarna algunos de los peores males que puede tener el funcionario público: soberbia, arrogancia, sentirse pagados de su suerte por permanecer a una institución 20, 30 o hasta 40 años sin aportar algo verdaderamente sustancial y provechoso para la sociedad.

Fue durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), que se empezó a cuestionar seriamente uno de los pivotes de la tan defendida autonomía: el presupuesto universitario. Al preguntar desde el Ministerio de Finanzas, cómo era que el presupuesto del “bono de té” superaba al gasto destinado a libros para las bibliotecas universitarias.

Ante el cuestionamiento del Estado y de la propia sociedad, las universidades han ideado curiosos mecanismos para legitimarse ante la colectividad, como  las certificaciones internas e internacionales y aparentes mecanismos de evaluación rigurosa,  los  que en realidad no entrañan cambios reales y mejoras sustanciales para la sociedad, como sería que las universidades públicas entreguen más y mejores profesionales a la sociedad; técnicos cualificados; gente con honestidad intelectual; personas con criterio amplio y no fundamentalistas de escritorio; gente idónea para hacer patria y no  sujetos vacuos sin casi nada en el cerebro.

En 2020 se cumplirán 90 años de la autonomía universitaria en Bolivia, suficiente tiempo transcurrido para empezar a cuestionarse sobre cuán reales y beneficiosos son los logros de este hecho histórico, a la luz de los pobres resultados que año tras año se ven en el país.

Dicen los decires que Sánchez de Lozada, en su segundo gobierno, tenía preparada para la universidad una profunda y radical reforma, como la realizada por su abuelo materno Daniel Sánchez Bustamante en 1930, de la cual no iba a quedar piedra sobre piedra de la actual estructura y funcionamiento de la universidad. Pero los salvó el recreo, llegó octubre de 2003 y todo lo demás ya es historia.
 

 

19