Diez medidas para cambiar el modelo

La Chiquitania en juego: hacia un pacto por la naturaleza

Hoy hay indignación. Y nuestro deber es convertir ese sentimiento en una inmensa oportunidad histórica de diálogo y concertación sobre el modelo de desarrollo que queremos.
domingo, 08 de septiembre de 2019 · 00:00

Diego Ayo Politólogo

Un virus recorre los lagos, las selvas, los ríos y las montañas de Bolivia. Ese virus se llama capitalismo depredador. Este capitalismo avanza irrefrenablemente, tomándose víctimas a su paso. El Illimani es una de sus víctimas preferidas, abarrotado de concesiones mineras que están acabando con su belleza; el lago Titicaca es otra víctima, convertido en un gigantesco inodoro, contaminado y con especies en peligro; el Cerro Rico de Potosí, patrimonio de la humanidad, con el riesgo latente de desplomarse por la intensa y escasamente regulada actividad minera; el Parque Tariquía en Tarija, destinado a ser una nueva fuente de explotación hidrocarburífera a expensas de su riqueza natural, el Parque Noel Kempff, amenazado constantemente por el narcotráfico, el Parque Madidi, otrora un atractivo sitio turístico, hoy una región “lugar de paso” de la madera comerciada ilegalmente o el TIPNIS amenazado con ser mutilado en dos por una carretera.

Hoy es el turno de la Chiquitania. La Chiquitania debe ser el punto de quiebre de este modelo. Y es esto lo que debe hacernos sentir optimistas a pesar de las desvergonzadas acciones del Gobierno. Hoy hay indignación. Y nuestro deber es convertir ese sentimiento en una inmensa oportunidad histórica de diálogo y concertación sobre el modelo de desarrollo que queremos. 

En ese sentido, sugerimos las siguientes acciones

1. Convocar, ni bien concluyan las elecciones de octubre, a un diálogo nacional auspiciado por la Iglesia, teniendo en consideración que el Papa, como amigo del país, promovió la Encíclica Papal Laudato Si, que aboga por superar la gigantesca crisis ecológica mundial, repensar el bien común y plantear un modelo de desarrollo que respete la Madre Tierra.

2. Consolidar una propuesta integral de desarrollo de los pueblos indígenas de Tierras Bajas con especial énfasis en aquellos pueblos en peligro de extinción que, de acuerdo al antropólogo Álvaro Diez Astete, son 22 pueblos indígenas que se encuentran en esta situación de desamparo.

3. Reformular el Presupuesto General de la Nación, priorizando la transferencia de recursos fiscales hacia las regiones expulsoras de migrantes –una suerte de Plan Marshall hacia las regiones de migración potencial– con el objetivo de mejorar las condiciones sociales de sus habitantes. Se debe superar la idea de que “no hay plata”. Debemos dejar de hacer aeropuertos sin pasajeros, (mega) industrias sin mercados seguros para la venta de sus productos y un largo etcétera de elefantes blancos.

4. Realizar una pausa ecológica en serio. No, la que oportunistamente propone el presidente Morales: en los parques, áreas protegidas, áreas de concesión minera, regiones amenazadas (el TIPNIS como el ejemplo paradigmático y ahora la Chiquitania) y/o espacios naturales sujetos al expansivo “extractivismo urbano”, hasta que no se cuente con los respectivos estándares medioambientales: desde estudios al respecto hasta licencias ambientales (teniendo en cuenta que en algunas áreas mineras, por ejemplo, los cooperativistas no cuentan con estos permisos fijados por ley).

5. Diseñar de forma definitiva la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas sobre la exploración y explotación de sus recursos naturales. Predomina una especie de “racismo medioambiental”, desde el Gobierno (y algunas gobernaciones), que margina a los indígenas de las decisiones sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en sus territorios. La CPE establece la necesidad de esta norma, que ha sido olvidada por las autoridades gubernamentales. Es preciso promover esta medida de corte verdaderamente descolonizador, que evite este nuevo marginamiento contra los indígenas, ya sea silenciándolos, cooptando a sus dirigencias, copando sus organizaciones en formas cuestionables y/o llevando adelante consultas amañadas. 

6. Crear el concepto de “regalía indígena/campesina” o algo similar que permita obtener un porcentaje de los recursos fiscales de los bolivianos provenientes de los recursos naturales, para que sean destinados a las poblaciones indígenas de Tierras Bajas y/o a determinadas poblaciones migrantes. Es inminente considerar esta posibilidad en territorios indígenas (parques naturales y áreas indígenas) respecto a los recursos naturales renovables, similar a la lógica de regalías departamentales respecto a los recursos naturales no renovables. 

7. Crear gobiernos de autonomía regional-indígena en diversos espacios de riqueza natural del país, que tengan la posibilidad de decidir como verdaderos autogobiernos territoriales lo que más les convenga teniendo en cuenta que su (s) propia (s) gobernación (es) está (n) involucradas en los daños medioambientales. El diseño contemplaría la posibilidad de elegir a sus propias autoridades (con quienes debería negociar el Gobierno, evitando quebrar la cohesión organizativa indígena), recibir recursos por concepto de coparticipación tributaria e IDH y desarrollar sus propios planes de desarrollo. La Chiquitania sería un primer gobierno regional indígena del país. De este modo, el arribo progresivo pero seguro de “otros actores” (cocaleros, empresas madereras y demás) debería regirse en función a los planes de sostenibilidad de la región en cuestión y de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas allá asentados. 

8. Llevar adelante un referéndum nacional que establezca la posibilidad de decidir sobre el modelo de desarrollo que queremos. Las preguntas deberían ser concertadas, incluyendo como pilar central la pregunta sobre los desmontes en la Chiquitania, entre otras como ser el uso de transgénicos, el cuidado de la Cordillera, el uso de energía nuclear, etcétera.

9. Ejecutar una Cruzada Internacional por la Chiquitania y las diversas áreas protegidas de Bolivia, a diferencia del Gobierno que no quiere ayuda externa de ningún tipo, que permita establecer acuerdos de cooperación estables con diversos actores globales (empresas, ONG  internacionales, organismos multilaterales) que financien una cuota específica destinada a la protección medioambiental. Vale decir, a partir del problema de la Chiquitania y del Amazonas se debe concientizar a los países ricos a pagar por el 20% de aire que se genera en esta inmensa región.

10. Votar en octubre de 2019 con la certeza de que nuestro “futuro ecológico” está en juego. No se puede seguir alentando este modelo depredador a ultranza. Este virus.

 

 

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