Economía

¿Biopsia o autopsia al “modelo” de Luis Arce?

No hubo una relación positiva entre el gasto público y el crecimiento del PIB; desde 2006 hemos gastado 10 veces más para obtener el mismo resultado.
domingo, 12 de enero de 2020 · 00:00

J. Enrique Velazco Reckling 
Investigador independiente en desarrollo productivo

 

El informe de “rendición de cuentas” del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas presentado el pasado 30 de diciembre sigue el mismo libreto, adopta las mismas muletillas retóricas y hasta las mismas transparencias a las que nos tenían habituados los 13 informes precedentes. De hecho, creo que la nota de prensa del MEFP sobre ese informe podría haber sido suscrita por el anterior ministro sin reparo alguno.

Lo bueno es que, coincidentemente, el exministro de Economía Luis Arce salió al frente (“Economía: Las cosas claras y el chocolate espeso”, El Deber 4-1-20) para cuestionar, no el informe como tal (aunque aprovechó para mencionar que las cifras de su “exitosa” gestión “fueron presentadas por el propio ministro actual en su rendición de cuentas”), sino para refutar el adjetivo de “despilfarro” usado para calificar la gestión anterior; el Viceministro Sergio Villarroel le respondió directamente (“Economía, explicaciones más claras y verdades que pesan”, El Deber, 7-1-20) con una argumentación anclada en la teoría económica.

En lo personal, la parte realmente buena de la nota del exministro es que dice que explicará en las próximas semanas muchos otros logros de su gestión porque “aún queda mucha tela que cortar”. Nos entusiasma la idea de conocer su evaluación de los bonos, del tipo de cambio, el empleo, la financiarización, los impuestos o de los verdaderos ganadores y perdedores del modelo, entre las muchas telas (y trapitos) por cortar, para contrastarlas con nuestra propia evaluación, mucho menos académica pero más cercana a los efectos que las políticas económicas tienen sobre las personas (al margen de lo que diga la teoría).

Hoy nos referiremos a las cifras de la inversión pública y del crecimiento del PIB, a las que el exministro recurre para desvirtuar el calificativo de “despilfarro”; los detalles del análisis y los datos empleados están disponibles en la sección de Ensayos para el debate de INASET en Brújula Digital.

El exministro puntualiza inicialmente que “para gastar dinero, primero hay que generarlo” e identifica a la nacionalización del gas y a los impuestos como las fuentes del dinero que viabilizó a su modelo; con ello, el exministro acepta la validez de la “neoliberal” Ley 843 como base de la política fiscal y que fue la capitalización la que generó la capacidad de vender gas a Brasil y Argentina.

Específicamente, en cuanto a la inversión, el argumento de Arce es que, en su gestión, la inversión pública fue hasta 10 veces mayor que en la década previa a 2006, lo que permitió que el tamaño de la economía boliviana pasara de unos modestos 9.600 millones de dólares en 2005 a más de 40.600 en 2019; gracias a esa acelerada expansión –dice el argumento– desde 2013 Bolivia es la economía de mayor crecimiento en la región.

Para conectar estos datos con el concepto de “despilfarro”, la pregunta obligada es si los gastos en los que incurrió el anterior gobierno fueron efectivamente inversión que se tradujo en crecimiento (es decir, si aumentaron la capacidad productiva para crear valor y generar nuevos ingresos). Y si lo hizo habría que preguntarse si lo logró con mayor eficiencia que antes de 2006.

La respuesta es que no hubo una relación positiva entre el gasto público y el crecimiento del PIB. Por el contrario, los datos muestran una fuerte caída en la eficiencia y eficacia del gasto público. En el “auge del neoliberalismo”, entre 1993 y 1998, con una inversión promedio de 560 millones de dólares/año, el crecimiento anual del PIB fue de 4,5%; desde 2006, con una inversión pública promedio seis veces mayor (3.840 millones de dólares y con picos de hasta 10 veces más) y con la mayor bonanza de precios de nuestra historia, el crecimiento anual fue de 4,6%, prácticamente igual al 4,5% registrado entre 1993 y 1998.

En pocas palabras, desde 2006 hemos gastado entre seis y 10 veces más para obtener el mismo resultado. Visto de otra manera, hubo una marcada reducción en la eficiencia del gasto reflejada en el cociente entre el PIB y la inversión: en 2005, por cada dólar de inversión resultaban 14 dólares de PIB, pero desde 2006 la relación se desplomó a la tercera parte, alrededor de cinco dólares de PIB por dólar de gasto/inversión. Por donde se lo vea, lo que se hizo aplica exactamente a la definición de “despilfarro” que, según la Real Academia, es un “gasto excesivo y superfluo (innecesario)”.

Pero esta historia recién comienza. Resulta que el despilfarro no se limita a malgastar los recursos nacionales reduciendo la tasa de crecimiento económico, sino que, sobre todo, afecta a la calidad del crecimiento. 

Ello influyó en empleo, la distribución del ingreso, la equidad, la corrupción y hasta en la democracia. El problema es que, si quienes apoyan a esa gestión, ven como logros del modelo económico social comunitario productivo (MESCP), “sus records” en datos aislados (el mayor crecimiento regional, los inéditos niveles de gasto, o el pozo petrolero –seco– más profundo del mundo) mientras que, los que critican el modelo, se limitan a fijar las tareas correctivas al control de los “déficits gemelos” o a lograr un pacto fiscal, la ideologización se impondrá a la racionalidad, y el debate –si llegara a darse– estará destinado al fracaso porque se habrán ignorado los temas estructurales y de fondo.

Por ello, para identificar la hasta ahora elusiva ruta crítica hacia el desarrollo productivo y sostenible, es imperioso instalar en la sociedad civil un gran debate nacional que defina los lineamientos estratégicos a los que los próximos gobiernos deberán regirse en términos de la diversificación y el desarrollo productivos. 

En esta perspectiva, estaremos muy atentos a los comentarios que Luis Arce pueda compartir en las próximas semanas porque nos permitirá opinar proactivamente sobre la realidad, las verdaderas consecuencias y la pertinencia de “su” MESCP frente al desafío del desarrollo productivo, inclusivo y sostenible.
 

 

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