Democracia

Transición democrática bajo asedio conspirativo

Se repite el desplazamiento de la sociedad, que con su resistencia y lucha pacífica permitió la apertura del actual periodo gubernamental.
domingo, 12 de enero de 2020 · 00:00

Arturo D. Villanueva  Sociólogo

Dicen que “el diablo nunca duerme”, y eso es precisamente lo que sucede con el corto y perentorio periodo de transición democrática que vivimos. Y es así porque en contrario de lo que la mayoría de los bolivianos quiere (que es el establecimiento de mínimas condiciones de pacificación para unas elecciones nacionales finalmente limpias, transparentes y libres), cada día comprobamos el permanente asedio conspirativo orquestado por la camarilla confrontacional del MAS y su jefe de campaña. Ellos buscan desestabilizar la democracia (no solo al gobierno provisional), crear nuevamente un vacío de poder y establecer condiciones de  inestabilidad nacional que propicien el retorno de su caudillo como “salvador”. 

Menos mal que también hay un ala concertadora dentro del MAS, que no solo se ha encargado de dar la cara y hacer frente al repudio nacional generalizado que fue provocado por la continua sedición y agitación violenta promovida por aquella camarilla confrontacional (fugada y ahora convenientemente refugiada y protegida) del entorno palaciego del expresidente; sino que asumiendo el clamor generalizado de las bases de los sectores sociales a los que representan, quieren contribuir a la pacificación nacional. 

En la acera de enfrente del escenario nacional se encuentra el gobierno provisional y transitorio. Su desempeño, si bien goza todavía de un importante respaldo emergente de la esperanza que se ha depositado para que cumpla a la mayor brevedad posible el mandato de llamar a elecciones y pacificar el país, a medida pasa el tiempo y de forma cada vez menos disimulada, va reproduciendo prácticas reprochables, va montando un aparato que no hace a la transitoriedad de su mandato y más bien reincide en los vicios de un manejo discrecional del poder para favorecer determinados intereses afines a su corriente partidaria.

No solo ha cometido cuestionables desaciertos y se ha arrogado tareas que corresponden a un gobierno estable elegido en las urnas, sino que de manera por demás evidente se ha parcializado y favorece a sectores e intereses claramente conservadores y neoliberales. Ello se traduce, por ejemplo, en el nombramiento de autoridades y representantes del gobierno claramente identificados con partidos tradicionales de derecha del pasado, e inclusive en la entrega de carteras ministeriales y otras entidades a “sugerencia” y en favor de comités cívicos cuyos expresidentes ahora son candidatos presidenciales, y a los que no se oculta y siguen contando con la simpatía gubernamental.

Al adoptar este perfil de parcialización, también atenta contra la transición democrática y pacífica que el país reclama y que constituye su principal mandato y tarea; pero sobre todo contribuye a una polarización indeseable que anula toda posibilidad de pluralismo y emergencia de otras alternativas que no sean el masismo ni el conservadurismo neoliberal. 

Es decir, está rompiendo aquel fundamental principio de imparcialidad, equilibrio y equidistancia que debería mantener un gobierno de transición como el de Jeanine Añez  para dar lugar a que las nuevas elecciones se vuelvan a empañar con aquel manoseo político que se acostumbró a utilizar y manipular dolosamente al aparato de gobierno para reproducirse en el poder. O lo que en buenas cuentas significa que no quiere respetar y tampoco promover el libre ejercicio democrático, la pluralidad de visiones y propuestas, y el respeto a la voluntad libre y soberana del pueblo.

En un escenario de estas características, es inimaginable (por indeseable), lo que podría hacer y promover un gobierno transitorio de este tipo, si finalmente termina concentrando todo el poder del Estado y (por razones constitucionales o de otro tipo), el próximo 22 de enero se da por concluida la labor de los asambleístas del Congreso (tal como el MAS ya se ha expresado), siendo  que institucional y formalmente la Asamblea Legislativa juega un papel de fiscalización y equilibrio (para evitar precisamente ese tipo de tentaciones autoritarias y unilaterales).

Menos mal que en  también hay un CONADE y una Asamblea Permanente de los Derechos Humanos donde la sociedad civil, los sectores sociales y las organizaciones democráticas encuentran el espacio y el mecanismo articulador para evitar e impedir que prosperen éstos y otros exabruptos e inconductas antidemocráticas y antipopulares, que las fuerzas políticas en disputa pretenden imponer a espaldas del interés y el bien común.

Finalmente, fuera de la esfera de poder (ese que como se puede advertir provoca tan extraño magnetismo e influencia sobre quienes de manera circunstancial logran acceder o pretenden retenerlo), se encuentra otra vez la ciudadanía y el pueblo, a los que aparentemente no les queda otra alternativa que sufrir y soportar la despiadada disputa de esas fuerzas políticas, que en vez de desenvolverse en función del bien común y los mandatos que se les ha encomendado cumplir en su condición de mandatarios y servidores públicos, prefieren hacer prevalecer sus mezquinos intereses de poder.

De los partidos y coaliciones políticas que pronto intentarán conquistar el respaldo popular, tampoco hay mucho que esperar, porque muy en contrario de tomar iniciativa y contribuir a resolver semejantes despropósitos y disputas mezquinas, es claro que han optado por hacer prevalecer sus interés por organizarse y poner en marcha sus aparatos de campaña, antes que preocuparse de lo que verdaderamente importa al país. Eso  no es otra cosa que preservar la democracia recuperada, establecer las bases de la pacificación nacional para evitar nuevos escenarios de conflicto, enfrentamiento y violencia; así como llegar a las elecciones nacionales en mínimas condiciones de libertad, transparencia, imparcialidad y limpieza.

Para que ello suceda, pero sobre todo para prevenir y evitar nefastos como indeseables desenlaces antidemocráticos como los que se anuncian a la conclusión del periodo constitucional de gobierno para el próximo 22 de enero de 2020, es necesario que la sociedad recupere y rearticule los lazos organizativos, deliberativos y de decisión construidos en la resistencia pacífica; no descuide ni baje los brazos del estado de vigilancia y fiscalización para no permitir los despropósitos, la imposición de intereses ajenos y la distorsión de los objetivos definidos.
 

 

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