Pensiones

Cómo mejorar la renta jubilatoria

Se debe devolver al ciudadano el derecho propietario sobre las empresas estatales y hacer que su administración sea eficiente, profesional, innovadora y creadora de riqueza.
domingo, 19 de enero de 2020 · 00:00

Raúl Rivero Adriázola  Economista

Durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se llevaron adelante una serie de reformas desde el Estado, que buscaron consolidar la estabilización iniciada con el DS 21060 y generar los medios para el definitivo despegue de nuestra economía.  Entre esas reformas están  la capitalización de las empresas públicas y el cambio del sistema de pensiones, que dieron un nuevo enfoque al rol y accionar del Estado y generaron mecanismos sólidos de apoyo a la inversión.

La capitalización cedió la mitad de la propiedad de cinco empresas públicas a un socio inversor, traspasando la otra mitad de manos del Estado a propiedad de todos los ciudadanos bolivianos mayores de edad al 31 de diciembre de 1996, o sea, 3,5 millones de personas, generando un verdadero “capitalismo popular”. Los bolivianos recibimos en cesión gratuita participación accionaria igual y proporcional, otorgándoles a las AFP la administración de la parte perteneciente a los bolivianos en las empresas capitalizadas.

Este traspaso del derecho propietario no fue más que un acto de justicia con todos los bolivianos que veían que una importante parte del ahorro nacional se invertía en empresas estatales, casi siempre deficitarias. Eso significa haber aceptado que los recursos provenientes del ahorro interno y externo, destinados a inversión pública, se haya empleado en la creación de empresas, en vez de beneficiarnos con, por ejemplo, construcción de redes de agua potable, vías camineras, presas de agua, hospitales, escuelas, etcétera.

A pesar de las trabas puestas por los gobiernos posteriores y la pésima propaganda que se hizo a este proceso, una vez cumplidos los compromisos de inversión por parte de los socios capitalizadores, esas empresas, además de dejar de ser una carga para el TGN, permitieron la conclusión de gasoducto al Brasil, el descubrimiento de grandes reservas de gas natural, tecnología de punta en telecomunicaciones, una eficiente red interconectada de energía eléctrica y el pago puntual del Bonosol –hoy llamado Bono Dignidad–.

Mediante un proceso mal llamado de “nacionalización”, el gobierno anterior procedió a la confiscación de ese derecho propietario ciudadano en las empresas capitalizadas, tomando el control de las mismas y afectando en una proporción mínima –suficiente para hacerse de la mayoría accionaria– la parte correspondiente al socio capitalizador. Al volver a manos estatales y justamente en un período en que los precios del gas natural y los minerales generaron un impresionante crecimiento de las exportaciones de esos bienes primarios, sus retornos elevaron notablemente las reservas internacionales netas.

Hubo, sin duda, un crecimiento económico del país; empero, retornaron las malas prácticas en la administración de las nuevamente convertidas en empresas públicas: ineficiencia, corrupción, prebendalismo, clientelismo y otros “ismos” perversos, con los daños correspondientes al bien público.

Ante esta lamentable evidencia, que fue, es y será recurrente, sea cual sea el gobierno que sea elegido en las urnas, debemos dar un enfoque fresco e imaginativo a ese problema; más aún hoy, pues se crearon nuevas empresas estatales, la mayoría de las cuales requieren de una profunda reingeniería para ser sostenibles y rentables.

Para ello, se propone recuperar el concepto básico de la capitalización, o sea, devolver al ciudadano el derecho propietario sobre las empresas estatales y hacer que su administración sea eficiente, profesional, innovadora y creadora de riqueza. Esa es la única garantía para que obtengan utilidades crecientes, las que favorezcan al desarrollo nacional y, de manera directa, a los ciudadanos.

Por otra parte, a consecuencia de los efectos perversos de la nueva Ley de Pensiones, un pésimo cálculo actuarial y las trabas a la consolidación de un buen portafolio de inversiones, la rentabilidad del ahorro individual en las cuentas administradas por las AFP es insuficiente para otorgar rentas de jubilación adecuadas para las expectativas de los trabajadores que, al concluir su vida laboral activa, deciden acogerse a este beneficio.

Entonces, se propone que el retorno anual que generen las empresas que pase a manos de los ciudadanos sirva para pagar una mejor renta de jubilación, pero sin quitar el beneficio del Bono Dignidad. He aquí los procedimientos que se seguirían para ello:

1. Se traspasa a los ciudadanos bolivianos nacidos hasta el 31 de diciembre de 2020 –o 2021, conforme el proceso demore en su implantación–, el derecho propietario sobre todas las empresas hoy en propiedad estatal. La fecha de corte de acceso a este derecho es una necesidad técnica formal y de compensación a quienes han sido privados de gozar del ahorro nacional, empleado en la creación de esas empresas.

2. Se otorga, mediante licitación pública internacional, a una entidad de inversión de reconocido prestigio y solvencia, la administración del paquete accionario perteneciente a los ciudadanos bolivianos, esa entidad nombrará a los directores titulares y suplentes y estará obligada de publicar semestralmente los estados financieros y los hechos relevantes de cada empresa a su cargo. 

A través de un mecanismo eficiente y legítimo y mediante concurso de méritos, se nombrará un síndico para cada empresa, el que velará por los intereses de los ciudadanos bolivianos e informará semestralmente sobre el desenvolvimiento de la misma, alertando respecto a aquellos aspectos de gestión que considere necesarios  reajustar o mejorar.

3. La entidad de inversión que administre el paquete accionario de los bolivianos, al momento de percibir las utilidades generadas por las empresas, dividirá estas en tres partes: Una primera y mínima, para gastos inherentes a las labores de administración de esa entidad; una segunda para pagar el Bono Dignidad a todos los ciudadanos mayores de 65 años y que no gocen de jubilación; y una tercera y variable, que se traspasará a las AFP para ser empleada en la mejora de las rentas jubilatorias.

4. Una vez las AFP reciban el monto variable –dependiente de la rentabilidad que se obtenga en las empresas propiedad de todos los bolivianos– deberán hacer una división simple entre el número de jubilados cuyas cuentas administran y prorratear mensualmente el valor obtenido para sumarlo a la renta de cada uno de ellos.

5. Cuando fallezca uno de los beneficiarios de esta renta, ya sea fija o variable, el monto que le correspondería percibir pasará a engrosar la parte variable, para ser dividida entre las cuentas individuales de todos los jubilados, aplicándose con esos recursos lo dispuesto en el punto anterior. De esta manera y con el paso del tiempo, la rentabilidad de esas empresas pasará en definitiva a beneficio de los que se vayan jubilando en el sistema previsional de ahorro individual.

Con este mecanismo, es indudable que a todos los bolivianos nos interesará y preocupará la buena marcha, el crecimiento y el manejo transparente y eficiente de las empresas que han pasado a nuestra propiedad, pues cuanto mayores sean sus utilidades, mayor será nuestra renta jubilatoria mensual. Además, con esta opción, se cortarán de raíz los males que conllevan su administración por parte del Estado.

 

 

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