Análisis internacional

El medioambiente y sus defensores en peligro

En 2018, fueron asesinadas 164 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente a nivel global (Global Witness), pero existe un subregistro de muertes por el miedo a represalias.
domingo, 19 de enero de 2020 · 00:00

María del Carmen Villarreal 
Doctora en Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid Latinoamérica21

Los incendios forestales ocurridos en agosto de 2019 en Brasil, Bolivia y Paraguay encendieron las alarmas y pusieron a América Latina en el centro de las discusiones sobre medio ambiente y cambio climático, pero estos episodios son sólo síntomas de un fenómeno estructural que ha hecho de la región la zona más peligrosa del mundo para los defensores del medio ambiente. 

Mientras que en el 2019 se celebraron importantes eventos como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-25) y una inédita movilización global estudiantil generó conciencia sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y limitar las consecuencias del cambio climático, los defensores del medio ambiente estuvieron y continúan siendo cotidianamente amenazados, criminalizados y asesinados de múltiples formas. 

De acuerdo con Global Witness, en  2018, fueron asesinadas 164 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente a nivel global, pero existe un subregistro de muertes por el miedo a represalias. Un número mucho mayor de personas fue silenciado, mediante arrestos, demandas judiciales o amenazas de muerte. En América Latina, Colombia, Brasil, Guatemala y México son los Estados más letales, pero países como Venezuela, Honduras y Chile también registraron un importante número de víctimas. 

Si analizamos el número de asesinatos por sector, vemos que la mayor parte se concentra en el área de minería e industrias extractivas, agroindustria, agua y represas y explotación forestal, pero también hay víctimas en sectores como la caza ilegal, la pesca e incluso en actividades vinculadas a la energía eólica. 

La gravedad de esta situación se expresa en la impunidad generalizada que garantiza la perpetuación de estos actos, así como en la represión y la criminalización que se ejerce sobre las poblaciones que defienden sus territorios y el derecho a la vida, definidas por gobiernos de todas las tendencias como “antidesarrollo”, “terroristas”o “saboteadores”. 

La violencia y las violaciones de los derechos humanos sufrida por los defensores de la naturaleza tiene lugar en un contexto marcado por la presencia del crimen organizado, grupos paramilitares, impunidad y, en ocasiones, abierta colaboración por parte de las autoridades, como evidencia una publicación del Grupo de Relaciones Internacionales y Sur Global (GRISUL) de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Así, por ejemplo, el incremento de la deforestación está estrechamente vinculado con políticas gubernamentales, reducción de controles y alianzas estratégicas con sectores como el agronegocio.

De acuerdo con un reciente informe de Human Rights Watch, éste es el caso de Brasil, donde en lugar de proteger a los defensores del medio ambiente y la propia selva amazónica, el gobierno presidido por Jair Bolsonaro ha criticado públicamente a las personas y organizaciones que trabajan en la defensa del medio ambiente. Además, se ha debilitado a las agencias gubernamentales responsables por el sector y se ha limitado la aplicación de las leyes medioambientales. 

Como resultado, la violencia y la destrucción del medio ambiente están aumentado, a la vez que el país está también incumpliendo sus compromisos para mitigar el cambio climático y su promesa de eliminar la deforestación ilegal en la Amazonia para 2030. 

La violencia histórica y estructural que se ejerce en América Latina sobre quienes defienden la tierra y una opción de desarrollo alternativa a la explotación insaciable de materias primas se oculta bajo una retórica que defiende la necesidad de promover el “desarrollo” y el “crecimiento económico” de los países de la región a cualquier precio, pero en realidad legitima intereses de grupos minoritarios vinculados al capitalismo extractivista en sus múltiples expresiones. 

Comunidades tradicionales de campesinos, indígenas, mujeres y afrodescendientes son excluidos de estos cálculos y son quienes están sufriendo las mayores consecuencias de la ampliación y avance de la frontera extractiva en la región. 

Contemporáneamente estos mismos grupos, junto a movimientos sociales, ecologistas y organizaciones de la sociedad civil crean alternativas pos-extractivistas que consideran al planeta tierra como casa común y ponen en el centro a las personas con sus reales deseos, necesidades e intereses. 

Sus propuestas nos invitan a reflexionar sobre el tipo y las características del desarrollo que queremos, al tiempo que nos recuerdan que nuestro actual modelo supone un peligro no sólo para el medio ambiente, sino para todos aquellos que intenten defenderlo.