Historia

50 años del gobierno de Jota Jota Torres

Carente de una estructura organizada, enfrentó al fascismo agazapado y a las organizaciones populares y partidos políticos de izquierda.
domingo, 4 de octubre de 2020 · 00:00

Carlos Derpic Salazar
Abogado

7 de octubre de 1970. Después de cuatro días de incertidumbre y zozobra, el general Juan José Torres Gonzales asumió la presidencia de Bolivia, respaldado por la entonces poderosa Central Obrera Boliviana (COB) y partidos de izquierda. Tres días antes, el domingo 4 de octubre, haciendo eco de un pronunciamiento público firmado por los ex presidentes David Toro y Hugo Ballivián y por una treintena de ex militares, el general Rogelio Miranda (comandante de Ejército) pidió la renuncia del presidente Ovando. 

El cruel, despiadado e inhumano extermino de la guerrilla de Teoponte y la expulsión de algunos sacerdotes “tercermundistas” y un pastor metodista que ordenó Ovando, no desalentaron a los militares derechistas en su afán de defenestrarlo. Les molestaba y preocupaba, y mucho, la nacionalización de la Gulf, la abrogación del Código Davenport, la abrogación de la Ley de Seguridad del Estado y del Reglamento Sindical. Estas últimas medidas, habían permitido la reorganización de la COB y ésta, en mayo de 1970, aprobó su tesis socialista. Tampoco fueron de su agrado otras medidas como la prohibición de despidos injustificados.

El martes 6, como salida a la crisis, renunciaron Ovando a la presidencia, y Miranda al comando de Ejército, y se posesionó  un triunvirato conformado por los comandantes Guachalla, Sattori y Albarracín, totalmente huérfano de respaldo popular, que duró en sus funciones seis horas. La COB convocó a una huelga general indefinida para evitar que el fascismo se hiciera del poder. Torres, con el respaldo del Grupo Aéreo de Combate, asumió el poder al día siguiente y prestó juramento ante el pueblo congregado en Plaza Murillo.

En 1969, Jota Jota había elaborado el “Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas” que propugnaba la instauración de un “Gobierno Revolucionario civil militar que procure la unidad nacional y la integración de los trabajadores, campesinos, intelectuales y soldados, en la gran línea del nacionalismo económico, la justicia social y el desarrollo liberador”. 

De manera concordante, en su discurso de posesión como presidente, dijo que la nacionalidad debía construirse sobre cuatro pilares: trabajadores, campesinos, universitarios y militares. Quería a las Fuerzas Armadas al lado del pueblo y defendiendo la nación.

Muy pronto se vio que el nuevo gobierno no las tendría todas consigo. El mismo 7 de octubre, el Comando Político de la Clase Obrera y el Pueblo hizo llegar a Torres un “Mandato de las Fuerzas Populares”, que en 11 puntos, buscaba transformar radicalmente la realidad: reconocimiento de un Parlamento Obrero-Popular; expulsión de los grupos militares y civiles fascistas; amnistía general e irrestricta; reposición salarial a los mineros; reversión al Estado de la mina Matilde y las colas y desmontes; derogatoria del decreto de indemnización a la Gulf; reposición del control obrero con derecho a veto; vigencia de milicias obreras y populares; devolución de radioemisoras obreras; profundización de la reforma agraria; control fiscal de divisas y monopolio estatal del comercio exterior.

El movimiento popular, que hizo posible el ascenso de Torres a la presidencia, comenzaba a darle la espalda y a cavar la sepultura del nuevo gobierno y la suya propia.

A nivel internacional ya estaba vigente la doctrina de la seguridad nacional, inaugurada en Brasil, en 1964 y continuada en Argentina y Uruguay, amén de Paraguay. En la línea de enfrente, Velasco Alvarado en Perú había tomado varias medidas de corte nacionalista y en Chile estaba próxima la asunción al poder de Salvador Allende. 

Sumado todo ello a los “malos antecedentes” del gobierno de Ovando en Bolivia, constituían una situación preocupante para los intereses norteamericanos y sectores empresariales bolivianos, lo que exigía adoptar acciones urgentes para revertir la situación. 

Varias medidas asumidas por Torres enfadaron a la derecha: reposición salarial a los mineros de Comibol, que sufrieron la disminución de sus ingresos por decisión de René Barrientos y Juan Lechín Suárez en 1965; la liberación de Regis Debray y Ciro Bustos, condenados a 30 años de presidio por su involucramiento en la guerrilla del Che; el retorno de los sacerdotes y el pastor exiliados; la expulsión del Cuerpo de Paz; la nacionalización de la mina Matilde; la reversión de las colas y desmontes de Catavi y otras.

Sin embargo, más que las medidas del gobierno, el caldo de cultivo para su derrocamiento vino de las acciones adoptadas por diferentes organizaciones populares, como por ejemplo la toma de la hacienda Chane Bedoya en Santa Cruz, a cargo de la Unión de Campesinos Pobres (UCAPO), liderada por Oscar Motete Zamora. 

La toma de la mina Andacaba en Potosí, departamento en el cual se intervino además la sede de la masonería, el Club Internacional y radio Indoamérica; la intervención de El Diario y de las oficinas de IBEAS, en La Paz y las del Centro Boliviano Americano (USIS) en Sucre y La Paz; y, en todo el país, el accionar de los universitarios, algunos de cuyos dirigentes llegaron a hablar de una “clase universitaria”. Lo que colmó el vaso fue la instalación de la Asamblea Popular, el 1 de mayo de 1971, como órgano de poder dual, con hegemonía proletaria y orientada a la instauración del socialismo.

El gobierno de Torres no atinaba a tomar ninguna medida represiva. Carente de una estructura política orgánica que lo respaldara, enfrentaba, por un lado, al fascismo agazapado y, por otro, a las organizaciones populares y partidos políticos de izquierda que le exigían día a día más medidas “revolucionarias“, sin medir las consecuencias de sus acciones.

 La derecha llevó adelante una campaña de amedrentamiento sobre lo que se venía; era recurrente escuchar que en Bolivia imperaba el infantilismo de izquierda, el caos y la anarquía; que estaba amenazada la civilización occidental y cristiana; y que se buscaba reemplazar a la tricolor por un trapo rojo y a los libertadores por los ídolos internacionales del marxismo.

El 21 de agosto de 1971, en un cruento golpe de Estado, Jota Jota Torres fue derrocado y se implantó en Bolivia una dictadura alineada a la ideología de la seguridad nacional.
 

 

 

 

 


   

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