Contra viento y marea

La justicia que heredamos

¿Responden los magistrados a alguna línea política, como para que tengan que ser nombrados mediante elecciones? cuestiona el autor.
domingo, 4 de octubre de 2020 · 00:00

Augusto Vera Riveros   
Abogado

Mis mejores esfuerzos intelectuales por encontrar un justificativo integral al alevoso golpe que se le ha dado a la institucionalidad del país cuando fue puesta en vigencia la actual Constitución Política del Estado (CPE), no alcanzan cada vez que los acontecimientos que enmarcan nuestra vida diaria, me obligan darle una hojeada a ese texto que, a vuelapluma y en una unidad militar, se forzó entre gallos y medianoche. 

No es suficiente que su redacción haya demorado mucho tiempo y cuya autoría tampoco fue del pleno de los asambleístas constituyentes, por lo menos no de los que no pertenecían a las filas del  MAS. De todas maneras, es un instrumento que, por ser del más alto rango normativo, no obedece a ningún razonamiento atendible que modere sus efectos y su propia sintaxis, que es una afrenta a los cánones más primarios de la lengua. 

Por tanto, un cuerpo normativo de esas características tiene, más temprano que tarde, un destino vago. Su tendencia de indisimulada influencia chavista y kirchneriana, le jugó una mala pasada al pueblo de Bolivia, que no aprueba estatutos en conflicto con la interpretación y visión cosmogónica que profesa, ni con su propia cultura que venera. La orientación doctrinal que la motiva le es ajena a sus propios usos y costumbres.  

No voy a hacer una glosa de las graves deficiencias que contiene nuestra Constitución, pero tampoco voy a desconocer los avances que ha incorporado. Ahí tenemos la inclusión social, que se ha traducido significativamente en el contexto nacional, o las nuevas atribuciones del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que dejan enterradas al clásico vicepresidente, que no pasaba de ser una autoridad decorativa en la estructura del Estado. 

Y hay otras innovaciones que son beneficiosas para el país, enhorabuena, por lo que extremadamente severo parecería el juicio de las líneas que anteceden.

Pero un contrato social no tiene por qué ser traducido en una CPE que contemple esa mixtificación de normas. Lo bueno que prevea, no subsana lo negativo que contiene.  Luego ser parcialmente aceptable, no significa que integralmente sea buena, ya que  en general de acuerdo con las modernas tendencias constitucionalistas, una Carta supralegal debe recoger, entre otros elementos, lo que Thomas Hobbes en su obra maestra, Leviatán, sostiene. Es decir, una Constitución es (o por lo menos debe ser) una relación consentida entre el hombre y el Estado mediante un pacto en la relación de poder entre mandantes y mandatarios. Por eso el contrato social, traducido en una norma jerárquica, debe ser garantía de la seguridad individual.

Y aterrizo. Uno de los males mayores de nuestra CPE, tiene que ver con la estructura del Órgano Judicial, pero lo que ya raya en el sacrilegio más irredento, es el mecanismo que a algún iluminado del proceso de cambio se le ocurrió, de elegir a sus máximos jueces mediante elecciones a través de voto universal. 

Que alguien me explique si los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),  responden o tienen que responder a alguna línea política, como para que tengan que ser nombrados mediante elecciones generales, de manera que los electores tengamos que inclinarnos por quienes van a darle a la administración de justicia una orientación ideológica que beneficie a las mayorías en virtud de la preferencia que han alcanzado por parte de sus correligionarios que se presume son los más numerosos. 

¡Qué propuestas nos pueden ofrecer los candidatos al máximo tribunal, si no es el de simplemente administrar justicia! ¿Hay mucho que elegir entre aspirantes que los ha nombrado a dedo el MAS? ¿No era un derecho humano de todos los postulantes, que en la última elección, se aproximaron a 500, finalmente tuvieran que haber sido candidatos para acceder a los altos cargos del Órgano Judicial? 

Fruto de esas hiperbólicas inconsistencias, se ha enquistado en nuestra justicia el lastre de la venalidad que durante 14 años ha contribuido a su fatal hundimiento.  La genuflexión hacia el partido que sin respetar la separación de poderes, ha cometido los más grandes atropellos contra los derechos y garantías de las personas o confiriéndoselos a quienes no los merecían, según sus perversos intereses, ha socavado los ya frágiles cimientos que de antiguo tenía, haciendo de la que tendría que ser la inmaculada obligación de dar lo que a uno le corresponde, más bien, la negación de la justicia. 

Hoy mismo, somos testigos de un hecho público sobre el que la (in)    justicia boliviana ha emitido su veredicto: el de truncar la vida de un inocente, sentenciándolo a 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. 

No tengo ningún motivo personal para defender a William Kushner, a quien ni siquiera conozco, pero la exégesis de la ley penal, de su procedimiento y de la doctrina que le es aplicable, fácilmente nos conducen a que un hecho como el malaventurado infortunio de una noche aciaga jamás pudo haber estado precedido de un iter críminis, como única posibilidad de tipificar una conducta de evidencia accidental y demoledora para dos familias destruidas, nada menos que como feminicidio.

Triste desenlace que desvela la perversidad de nuestra justicia, utilizando a una occisa en cuyo destino se cruzó la tragedia por circunstancias en el peor de los casos culposo, o hasta de emoción violenta quizá, con quien tuvo la desventura de coincidir en cargas psicológicas para ambos descontroladas, en el lugar y en el momento equivocados. 

Pero nuestra justicia, que también es desidiosa cuando la ley y la sociedad, que con justa razón aquélla y con todo derecho ésta le obligan a ejercer de oficio su función jurisdiccional, actúa prevaricadoramente, y se hace cómplice de conductas delictivas a costa de expiar los favores de quienes les han dado inmerecidamente los cargos que ostentan.

 Entonces hiere el sentimiento patriótico comprobar que la justicia y el Ministerio Público que responden a intereses políticos viren sus miradas hacia un lado en casos como del Hotel Las Américas, las masacres de Chaparina o El Porvenir, o de hechos más próximos, como los de los audios de Evo Morales incitando a sus acólitos a matar de hambre al pueblo o sus abusos contra menores.

Ésa es la justicia que tenemos, la que nos legó el proceso de cambio.

 

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