Demanda ante la Corte Internacional de Justicia

Bolivia espera el fallo del Silala con opiniones divididas

Según expertos, en esta etapa final del proceso se va a sopesar sobre todo las posiciones técnicas de ambas partes. Bolivia ya ha demostrado que se trata de un manantial y no de un río de curso internacional. Los especialistas se dividen entre el optimismo de un fallo favorable, pero también de un rotundo fracaso, como el de la demanda marítima.
domingo, 16 de febrero de 2020 · 00:00

Fernando Chávez Virreira  Periodista

 

El juicio por el uso de las aguas del Silala que enfrenta a Bolivia y Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) debe llegar a una conclusión este año y el país argumenta su postura jurídica en tres bases sólidas, aunque una muestra debilidad.

Los expertos se dividen entre el optimismo y la visión de que el proceso será un nuevo fracaso.

El abogado internacionalista Fernando Salazar sostiene  que “el descalabro en la CIJ es ineludible. Muy poco se puede hacer para mitigar el nuevo fracaso, cuya responsabilidad es enteramente del anterior gobierno. Sin hacer mucha historia, es obvio que el gobierno de Morales escondió una verdad profunda que ahora se ventila en La Haya”.

 Según  Salazar, “Bolivia ha perdido en lo conceptual, pues el gobierno de Morales aceptó que el Silala es un río internacional y, en lo operativo, porque aceptó que su uso es compartido. Potosí también ha perdido, pero, además, ha sido engañado sin que haya la más mínima posibilidad de revertir la situación”.

En contraposición Sergio Medinaceli, exprefecto de Potosí, enumera    los puntos a favor de la postura boliviana:  

1. De acuerdo a   los criterios técnicos, geológicamente se puede indicar que esas aguas corresponden a un manantial, aguas que emanan, que salen de una acumulación geológica-histórica que es finita.  Para que exista un río deben existir algunos requisitos, por ejemplo, una quebrada que debe estar totalmente manifiesta, donde existen piedras redondeadas por la fuerza del agua.

 2. Cuando se firma el Tratado de 1904, ya los límites estaban definidos, no había punto de discusión.

3. Entre lo que se dice por parte de Chile y por parte de Bolivia tiene que haber alguien que dirima. La Corte de La Haya debe enviar  algún técnico o algún delegado que pueda observar este fenómeno, porque no siempre se puede entender en los papeles, si es que no hay una visión objetiva de lo que sucede.

El flanco más débil tiene que ver con la declaración por parte de Naciones Unidas del agua como un derecho humano. Paradójicamente, dice Medinaceli,  la propuesta fue de Evo Morales. El expresidente hizo el planteamiento  en una sesión general de la ONU y ese organismo  instruyó una disposición mundial que el agua es un derecho humano.  “Entonces, ¿cómo les vamos a quitar el agua? Allí nos encontramos en una posición un poco complicada”, dice Medinaceli.

Pese a ello, se muestra optimista ante el fallo de la CIJ. “Podemos ser optimistas en cuanto al juicio, en el sentido de que el fallo tendría que ser a nuestro favor. No olvidemos que Chile aceptó en primera instancia que se tenía que dirimir y reconocía el pago de la mitad de las aguas, lo hizo cuando David Choquehuanca era canciller. Ese punto nos favorece porque Chile, cuando aceptó el pago por esas aguas, no dijo que se trataba de un río, o sea acepta a medias”.  

¿El Silala es un manantial o  un río? Según Medinaceli, está demostrado que se trata de  aguas que salen de un bolsón interno en la naturaleza y no  son  producto de lluvias  o de ríos. En el lugar no llueve, por tanto, no puede haber inmersión de aguas a ese yacimiento. Por otro lado, para que exista un río deben existir algunos requisitos, por ejemplo, una quebrada que debe estar totalmente manifiesta, donde existen piedras redondeadas por la fuerza del agua. 

En la visión de Medinaceli, un punto muy importante es el Tratado de Paz y Amistad firmado por Chile y Bolivia en octubre de 1904. “Cuando se firma el tratado,  ya los límites estaban definidos, no había punto de discusión. Este punto es importante porque ellos fueron cuidadosos en llevarse las aguas que discurrían de la cordillera hacia su territorio. Por tanto, Bolivia y Chile no describían ningún río. Seguramente el Gobierno de Bolivia ha hecho prevalecer estos criterios y eso también tiene que verificarse en el sitio”, explica.

 En la demanda ante la CIJ,  Bolivia argumenta que las aguas del Silala no son un río, sino un manantial. Además, después de la denuncia de la canalización artificial, Bolivia exige que Chile le pague por el uso de dichas aguas. 

La postura de Chile sostiene que las aguas del Silala en realidad corresponden a un río internacional de aguas continuas, el que nace a partir de una acumulación de aguas de manantiales y que fluye a través de la cuenca hidrográfica del Loa.

Para el Gobierno chileno, “el caso del río Silala es un caso muy diferente al caso de la obligación de negociar (en referencia a la demanda marítima). No se trata de interpretar documentos, sino que se trata de determinar un hecho: que el sistema hídrico del río Silala es un curso de agua internacional porque sus porciones su ubican en territorio de Chile y Bolivia”.

Amparo Sereno, en  Ríos que nos separan, aguas que nos unen, define que, de acuerdo a normas mundiales, un río internacional o curso de agua internacional es un curso de agua que atraviesa o separa los territorios de dos o más Estados; de esta manera, el concepto puede agrupar tanto a los ríos transfronterizos como fronterizos.

 

  Criterios técnicos

Dionisio Garzón, ingeniero geólogo y exministro de Minería y Metalurgia sostiene que en esta última etapa del juicio “se va a sopesar sobre todo las posiciones técnicas de ambas partes”, porque básicamente la cuestión de fondo del Silala radica en demostrar si las aguas subterráneas, primero, tienen su origen íntegramente en el lado boliviano y, segundo, si son aguas fósiles, o tienen una recarga. “Esos son los dos puntos de vista geológicos que van a definir el pleito. Es decir, si esas aguas vienen de un reservorio fósil o de un reservorio recargable”, explica.

“Para nosotros, el acuífero está en el lado boliviano y se forman algunas emanaciones de esos acuíferos en los bofedales, los cuales obviamente drenan hacia la parte más baja. Ese es el problema. Yo creo que lo que aquí se tiene que demostrar es qué tipo de acuífero es. Si es fósil o tiene recarga, y su ubicación”, agrega. 

Para Garzón, “el aspecto legal es otro campo de batalla que seguramente lo están encarando correctamente, pero lo que va a tener más peso son las características técnicas que exponga cada país. Por lo que sé, tenemos un buen equipo asesor en el exterior y ojalá hayan tomado las previsiones que estoy mencionando”.

Para este experto, “la cuestión legal seguramente será una solución salomónica, porque hay una ley importante en la naturaleza que establece que los recursos naturales, entre ellos el agua, normalmente no tienen frontera; hay que buscar siempre un equilibrio para definir. Creo que Bolivia tiene mejor oportunidad de un buen fallo porque el acuífero está en las partes altas”.

 

¿Demanda innecesaria?

Algunos  expertos sostienen que  Chile nunca debió iniciar un juicio y Bolivia responder con una contrademanda, de Estado a Estado, porque el problema primigenio nace cuando la Prefectura de Potosí otorga una concesión  para el uso de esas aguas a la  empresa Bolivian Railway, por lo que se pudo haber dirimido  entre la Prefectura de Potosí, o la Gobernación, con dicha empresa, en otro escenario, y no   en La Haya.

“Lo que sucedió fue que en el gobierno de Sánchez de Lozada, en 1996, cuando la Prefectura de Potosí en ese entonces rompe esa concesión, la Railway reclama, pero no lo hace a la Cancillería, sino a la Prefectura de Potosí. Entonces, el tratamiento jurídico que hacen del tema (la Prefectura y la Railway) se ventila en la Corte de Distrito de Potosí  que falló a favor de la Prefectura”, recuerda Medinaceli.  

 En una entrevista con Página Siete, el exagente boliviano ante La Haya  Eduardo Rodríguez Veltzé  afirmó: “Mi impresión personal es que esa demanda resultaba innecesaria, porque éste y otros temas que tienen relación con recursos hídricos compartidos no deberían litigarse, deberían cooperarse. Al igual que en el tema marítimo, el Silala debería convocar a las autoridades nacionales a tener un entendimiento cabal de lo que representa la demanda de Chile, nuestra contrademanda y el Estado de situación en general de la relación con Chile, que, insisto, debería ser una política de Estado, independientemente de quien sea electo”.

    Según Fernando Salazar, este tema fue manejado desde 1993 por sucesivos gobiernos de manera  confusa, insegura e interesada hasta antes de la demanda e, incluso, durante el juicio  y hasta la salida de Morales. Nadie osó enfrentar los mitos de los vendedores de ilusiones sobre el Silala.

Según el jurista, el actual gobierno tiene la obligación no sólo de informar sobre los pormenores de este nuevo fiasco, sino de señalar responsabilidades.

“Que no vaya a ser como la demanda sobre la salida al mar que, después de la derrota se quedó como si no hubiese pasado nada y los responsables –los mismos del Silala– siguen deambulando calles y plazas, y hasta se atreven a decir que fue un triunfo… ¡qué impostores!”, opinó el abogado esta semana en su columna de Página Siete.

 

 

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