Empresas

Estatismo, corrupción y los nuevos Rugrats

El fondo del problema es el modelo económico estatista que se aplica en Bolivia desde el 2006, que no es novedad alguna.
domingo, 23 de febrero de 2020 · 00:00

Erick Larrazábal Antezana
Exsuperintendente de Transportes; profesor universitario

En los inicios del gobierno del MAS en el año 2006 se había ventilado uno de los primeros casos de corrupción en YPFB con los desmanes de malos manejos de los recursos públicos del clan Morales Dávila con un grupo de supuestos jóvenes profesionales, que por su juventud, en la opinión pública se los bautizó como los Rugrats, en alusión a una serie infantil de televisión.

El 7 de febrero pasado se conoció la destitución del gerente de Entel, Elío Montes, sin explicaciones mayores. En la semana siguiente el periódico La Razón, en un trabajo de investigación periodística, destapó los motivos reales de la destitución al conocerse que el joven profesional exgerente de Entel, y 13 supuestos jóvenes profesionales allegados a Montes recibieron ilegales indemnizaciones por trabajar menos de tres meses en la empresa estatal; además que otros gastos personales de vivienda fueron cargados a la empresa, como alojamiento en hoteles de 5 estrellas. 

Pero el gasto más dispendioso, rayando en el cinismo, fue el alquiler de un avión privado a cuenta de Entel  para transportar los fines de semana y feriados al mencionado exejecutivo a su ciudad natal de Santa Cruz. ¿Es que acaso no podía transportarse en una aerolínea comercial con sus propios recursos como cualquiera funcionario público?

¿El gobierno no detectó con anticipación y eficacia los desbordes administrativos del joven exgerente y del todo el grupo, que podríamos bautizar  como los nuevos “Rugrats”?

Parece que no, y la razón de mi opinión reside en que Entel –y todas las empresas de servicio público nacionalizadas (antes capitalizadas y concesionadas a la inversión privada)– no son gestionadas bajo criterios de gobierno corporativo desde su nacionalización por el gobierno del MAS, que restauró el modelo económico estatista, esta vez con ribetes socialistas, en lugar de los nacionalistas revolucionarios anteriores.

El fondo del problema es el modelo económico estatista que se aplica en Bolivia desde el 2006, que no es novedad alguna. Como parte de la Revolución de 1952 y debido al influjo de la doctrina económica de sustitución de importaciones de la Cepal, el MNR implementó un modelo económico estatista que comprendía la nacionalización de las empresas privadas mineras bajo una corporación estatal (Comibol) y la creación de una variedad de empresas estatales en las diferentes industrias con la creación de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF). 

Este modelo no fue sostenible e hizo crisis en la hiperinflación de 1983 a agosto 1985 como expresión monetaria del gigantismo estatal y el gravísimo déficit fiscal estructural atribuible al ineficiente estatismo.

En agosto de 1985 –ironías de la historia política de Bolivia– el autor del estatismo económico aplicó el plan de ajuste de estabilización dentro de la visión de una economía de mercado. Posteriormente en 1995 como parte de las reformas de Estado, se llevó adelante un novedoso y peculiar programa de privatización de las empresas públicas de producción y servicios  (entre ellas Entel) denominado capitalización. La capitalización transformó las empresas estatales en sociedades anónimas privadas gestionadas por los inversionistas privados que detentaban el 51% de las acciones y el 49% restante correspondía a los fondos de pensiones (AFP).

El alcance de la capitalización, más allá de los impactos económicos en nuevos influjos de capital externo, conocimiento y transferencia tecnológica, junto a la gestión de modelo corporativo, fue eliminar la posibilidad que los actores políticos tomen las empresas estatales como verdaderos “botines de guerra”, caracterizada por la ineficiencia en la gestión de los recursos, y lo peor de todo, por la corrupción de toda índole que agrava mucho más el costo social del ineficiente modelo económico estatista.

En los tiempos actuales es impensable volver a alguna forma de privatización de las empresas públicas porque el libre mercado está satanizado por socialistas, populistas y conservadores. 

Entonces, ¿qué hacer? La respuesta de emergencia es la institucionalización de las entidades autárquicas del Órgano Ejecutivo (por supuesto que hay que institucionalizar paralelamente el Órgano Judicial y el Ministerio Público) como la Contraloría General del Estado, puesto que de acuerdo a la Ley 1178  es el órgano controlador de los sistemas de administración financiera y no financiera del Estado, y restablecer las Superintendencias del SIREFI (Superintendencia de Bancos,   de Pensiones, Valores y Seguros), SIRESE (Superintendencia de Hidrocarburos, Telecomunicaciones, Electricidad, Transportes,  Agua y Saneamiento Básico), SIRENARE, Superintendencia de Empresas, entre otras.

El restablecimiento del SIRESE no es tarea difícil, puesto que la Ley 1600 que crea  las superintendencias sectoriales está vigente. Lo procedente es derogar el DS 071 que las eliminó, creando autoridades como direcciones dependientes de los ministerios sin autonomía técnica ni política administrativa. Un DS no puede sobrepasar una ley.

Para el caso de Entel, el restablecimiento de la Superintendencia de Telecomunicaciones significaría devolver al regulador la autonomía técnica, económica y administrativa para regular el precio y la calidad técnica del servicio. 

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, volvería a regular a las AFP, que en teoría aún forman parte de los directorios de las excapitalizadas. La Superintendencia de Empresas velaría por el cumplimiento de las reglas del gobierno corporativo en estas empresas.

Para finalizar, señores candidatos, no propongan fortalecer el estatismo con la creación de más empresas públicas o nuevas nacionalizaciones, y tampoco omitan el debate de qué hacer con las varias empresas estatales deficitarias que forman parte del SIDEM porque el déficit fiscal se encuentra en un nivel demasiado elevado (8% del PIB) y las reservas internacionales netas tienden a agotarse, junto al modelo económico estatista.

 

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