Debate

La tarea económica del próximo gobierno

Los grados de libertad en materia económica son muy limitados. La política social conservará la orientación redistributiva con los bonos.
domingo, 1 de marzo de 2020 · 00:00

David Altamirano Salas Economista

Dada la actual coyuntura latinoamericana y boliviana, el panorama económico nos presenta una perspectiva en la  que cualquiera de las opciones que asuma  el gobierno, tendrá las siguientes características.

En primer lugar, será una gestión difícil porque la poca institucionalidad que la sociedad boliviana constituyó hasta  2005, fue desmontada por el anterior gobierno y reconstruirla significará conseguir consensos en una sociedad cuya división se ahondó exprofesamente. 

Por otra parte, la crisis chilena amerita una profunda reflexión, porque el “oasis latinoamericano” o el “ejemplo macroeconómico” de la región, iba incubando grandes desigualdades, que afectan no sólo a sectores sociales de bajos ingresos, sino también y quizá con efectos más perversos a sectores medios de la población, que se entendía se encontraban en la centralidad del modelo económico, es decir, resultaron insuficientes las políticas de lucha contra la pobreza. 

Ha sido un duro cuestionamiento al estado actual de la teoría económica, que se basa en el principio de personas racionales: individuos que deliberada y sistemáticamente tratan de hacer lo posible para lograr sus objetivos, es decir, agentes racionales, ávidos de información y capaces de procesarla eficazmente, teoría que no sólo no tuvo correlación con la realidad, sino que no pudo anticipar la crisis y tampoco tuvo soluciones que ofrecer a la misma, ¿crisis de la macroeconomía?

Con los antecedentes expuestos, los grados de libertad en materia económica son muy limitados. La política social conservará la orientación redistributiva en cuanto a los bonos dirigidos a sectores vulnerables de la población: Bono Sol, o Dignidad, Bono Juancito Pinto, o Progreso, Bono Juana Azurduy de Padilla, etcétera, que caracteriza al Estado asistencialista, política adoptada por varios países latinoamericanos.

En cuanto a los precios relativos, es difícil pensar que puedan sanearse, al menos en el corto plazo, debido al sensible momento político que vive la región y en especial nuestro país.

De esa manera y con la experiencia ecuatoriana, no se podrá modificar la política de subvención a los combustibles, pero podría recurrirse a políticas alternativas para nivelar los precios de los carburantes. 

En cuanto al tipo de cambio, cuyo rezago provoca distorsiones y serias ineficiencias en el aparato productivo, su nivelación podría darse muy lentamente. Es decir, continuará la política macroeconómica populista con fines redistributivos.

Paradójicamente, se verán obligados a reducir el gasto público del gobierno central y de los subnacionales.

En cuanto a los ingresos, el sector petrolero no recibió la inversión necesaria en exploración, por lo que enfrentamos limitaciones en las reservas que deben ser resueltas en el corto plazo; por otra parte, ante la disminución de la renta petrolera, se presionará a las entidades recaudadoras para que mejoren su eficiencia a efectos de cubrir el creciente gasto público. 

Por ello no sería extraño que se vuelvan a aprobar nuevas amnistías tributarias con fines recaudatorios , que se  justificarían si se modifica el actual sistema tributario ineficiente, rígido, injusto y en la práctica persecutorio y extorsivo y  que genera innecesariamente alta mora tributaria. 

Si bien los cambios en la  política tributaria se dieron en circunstancias de agudas crisis política, social y económica, por ejemplo el año 1986, con la aprobación de la Ley 843, o el año 2003 con la aprobación del nuevo Código Tributario Ley  2492, en la actual coyuntura frente al descrédito generalizado de nuestro sistema tributario, podría ser el momento para propiciar los cambios que todos esperan, tomando en cuenta, además, que varios países de la región efectuaron cambios de segunda generación que buscan mayor equidad y justicia del sistema tributario.   

¿Qué podría proponerse para facilitar la actividad económica de la población?

 La reforma estructural del Estado para mejorar la eficiencia de toda la economía, ya que gran parte de las actividades del Estado son ineficientes y parasitarias, con una enorme burocracia que debe enfrentar el ciudadano, que para justificar su existencia, crea y establece nuevas regulaciones innecesarias, que selectivamente castiga al sector formal y es una de las causas que genera desempleo o empleos encubiertos.

Los países viven de la producción de bienes y servicios, cuanto más produce un país sus ingresos serán mayores y los países donde los trabajadores son capaces de producir una gran cantidad de bienes y servicios por unidad de tiempo, es decir, mayor productividad, son los que disfrutan de un mayor nivel de vida. 

Los gobiernos deben incrementar la productividad, asegurando que los trabajadores tengan un buen nivel de estudios, dispongan de las herramientas necesarias para producir los bienes y servicios, puedan tener acceso a la mejor tecnología y mercados, es decir, incentivos para invertir y prosperar.

La población boliviana demuestra una gran iniciativa y esfuerzo para desarrollar actividades económicas creativas en distintos rubros, por ejemplo la confección de ropa que se vende a primeras horas del día por “las mañaneras” en la avenida Tumusla en la ciudad de La Paz, en la feria Barrio Lindo en Santa Cruz, en Cochabamba, etcétera.

La producción artesanal de zapatos, la producción agropecuaria, emprendimientos comunitarios o familiares como de la miel, el arándano en Tarija... En todo el país existen diversas y variadas iniciativas y potencialidades que merecen el apoyo institucionalizado efectivo de parte del Estado y que se constituya en el verdadero sentido de los gobiernos.
 

 

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