Elecciones octubre de 2019

Sí, hubo fraude, y no, el MAS no está a la altura

Si insisten en que “no hubo fraude”, inducirán a que la academia y la sociedad civil los desafíen a explicar las más de 200 denuncias.
domingo, 8 de marzo de 2020 · 00:00

 Enrique Velazco Reckling
Investigador en temas de desarrollo

En medio de la conflictividad de noviembre pasado, desde esta columna pregunté si el MAS estaría a la altura de su responsabilidad histórica de reconocer –expresa y públicamente– el fraude electoral y pedir disculpas por ello. Hoy, lejos de haber pedido disculpas, desde el MAS insisten que “no hubo fraude” porque la OEA solo habría encontrado “irregularidades” en 226 de las 34.500 mesas habilitadas. A esta postura se suma la reciente publicación en Monkey Cage (MC, sobre un trabajo de diciembre de 2019 contratado por el CEPR para validar sus propias conclusiones del 23 de octubre) que, “con base en evidencia estadística, no encuentran las anomalías que acusa la OEA en la tendencia de votantes”.

El fraude electoral es “la intervención ilícita de un proceso electoral con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales”. La OEA concluye que “el equipo auditor ha detectado manipulación dolosa de los comicios en dos planos. A nivel de actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de firmas de jurados de mesas. A nivel del procesamiento, el re direccionamiento de datos a servidores ocultos, no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y suplantación de actas”.

Siendo “dolosa” sinónimo de “fraudulenta”, solo para los muy cortos de entendimiento no serían equivalentes “intervención ilícita” y “manipulación dolosa”.

Para analizar la alteración de actas, la auditoría tomó una muestra de 4.692 actas (13,5% del total) con alta votación para el MAS (más de 90%) en las que realizó pericias caligráficas y encontró que, en 226, se evidencian “intervenciones ilícitas”: 2 o más actas llenadas por la misma persona, firmas falsificadas o ausentes, etc. Es decir, hubo fraude en cuando menos 226 actas, contaminando el proceso total.

El MAS reclamó una victoria fraudulenta en primera vuelta porque 35.000 votos le habrían permitido superar con más del 10% a Comunidad Ciudadana. Pero como el número coincide (casi) con los votos favorables al MAS en las 226 mesas con actas adulteradas, afirman que “incluso pasando esos votos a CC, igual habrían ganado con más del 10%”, ocultando de manera deshonesta que el informe aclara que “los hallazgos corresponden al 13,5% de las mesas de votación. Se infiere, por lo tanto, que un análisis del 100% de las actas arrojaría un mayor número de irregularidades”. Por cierto, basta cambiar con dolo un solo resultado parcial para teñir de fraude el resultado total.

El “análisis” que publica MC se limita a afirmar que el comportamiento estadístico del voto “es similar” –no igual– (correlación 0.946) en 1.477 recintos que dieron resultados antes y después del corte del TREP; recurre a supuestos fuertes para estimar los márgenes a favor del MAS en mesas y recintos (no reportados antes del corte) a fin de que el margen final supere el 10%.

 Finalmente, usa esos márgenes para hacer proyecciones que, obviamente, “ratifican” que se superaría el 10%. Es decir, niega la posibilidad de fraude con estadísticas sobre supuestos, pero no menciona la adulteración dolosa de actas ni las violaciones a los protocolos para el cómputo informático.

Por supuesto, ignora de plano la posibilidad que el padrón estuviera contaminado, aspecto que tampoco fue analizado por la OEA. Su informe reconoce “el trabajo en el terreno y el análisis de más de 200 denuncias sobre manipulaciones e irregularidades”. Entre esos, está nuestro análisis (INASET-Brújula Digital) sobre distribución etaria en mesas y recintos, que alerta sobre la integridad del padrón biométrico y la geografía electoral.

Para muestra un botón. Antes de las elecciones del 20 O, consultamos al TSE los casos que mencionamos a continuación, pero no obtuvimos explicación razonable alguna.

Potosí es el departamento con menor esperanza de vida (62 años), pero con la mayor participación de personas de 66 y más años de edad en su padrón (el 15.8% frente al 10,3% nacional). 

Pero, además, contradiciendo la ley de la vida que establece que los mayores tienden a morir antes que los menores, tiene las más altas relaciones entre cantidad de personas de 66 y más años respecto a las de 55 a 65: recintos con mesas en las que hay el doble (o más) personas con 66+ años respecto al rango 55 a 65, o en las que el % de personas con más de 66 años es más de tres veces mayor que el (ya alto) promedio departamental.

Y son los municipios con mayor incidencia de votantes mayores a 66 años los que muestran los mayores cambios de tendencias después de reanudar el cómputo: mientras en Potosí (Capital), la relación votos MAS/CC es constante en los dos escrutinios, en municipios en los que los mayores de 66 años son más de 3 veces el promedio nacional, la “preferencia” por el MAS se dispara: en Tinguipaya, pasa de 10 a 1, a 20 a 1; en Chayanta, de 5 a 1, a 21 a 1; y en Pocoata de 40 a 1, a 160 a 1; en general, en el departamento, la relación de votos MAS/CC sube 10 veces: de 1,3 antes del corte del TREP, a 11,5 después, con el agregado que la subida del MAS es prácticamente solo a expensas de CC: las participaciones de las otras tiendas se mantienen constantes.

La sobre-representación de personas mayores a 66 años se repite en las áreas rurales de La Paz, Oruro y Chuquisaca, en las que se concentra el voto (“rural”) favorable al MAS. Pero también hay alta votación para el MAS en mesas con inexplicables “picos” de personas entre 18 a 25 años (más de 80% de participación cuando el aporte de este segmento al padrón nacional es de 21%). Ninguno de los hechos puede explicarse razonablemente dado que los votantes son asignados a las mesas por orden alfabético, sin considerar edades.

En general, fueron “más que demasiadas” las denuncias de traslado de votantes, muertos que votaron o personas filmadas emitiendo más de un voto con varios documentos de identidad, lo que no podría suceder si el sistema de registro biométrico fuera sólido. 

Para cerrar, la multitud de facetas del fraude del 20 O involucra a muchas más personas que los vocales del OEP: están sin duda los niveles superiores del Ejecutivo, y la estructura del MAS en todo el país. Por ello, antes de cobijarse en artículos como el de MC, el MAS debe dar una explicación clara y consistente a las observaciones de la OEA y, esperamos, a los cuestionamientos que muchos ciudadanos y profesionales presentamos en su momento a consulta del anterior TSE.

Reconocer el fraude es la condición necesaria para reconstruir colectivamente la confianza en el voto como institución básica de la democracia. Si la dirigencia del MAS insiste en que “no hubo fraude”, inducirá a que la academia y la sociedad civil la 1desafíen a explicar las más de 200 denuncias registradas. No podrá hacerlo, y pondrá al MAS a punto de pasar a la historia como la tienda política que no honró su palabra, no actuó con ética, moral, ni valor civil, y queda por probar si respetó la vida en su intento de perpetuarse en el poder.

 

 

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