La Haya

Silala: el derecho de Bolivia a defenderse

Esta es una respuesta a las historiadoras chilenas Valentina Verbal y Loreto Correa, que criticaron un artículo anterior del autor en Ideas.
domingo, 8 de marzo de 2020 · 00:00

Andrés Guzmán Escobari
Economista y diplomático

Hace dos semanas, en este mismo espacio, publiqué un artículo titulado “Caso Silala, no todo está perdido”, en el que intenté demostrar que a pesar de que el gobierno del MAS reconoció ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que una parte de las aguas del Silala fluyen naturalmente hacia Chile, aún existen elementos que se pueden rescatar en defensa de los intereses de Bolivia en este litigio. 

Consideré pertinente escribir al respecto, no sólo porque noté un derrotismo apresurado e injustificado en las reacciones de algunos líderes de opinión en nuestro medio, sino también porque quería contribuir al debate de este asunto, que no se conoce en detalle, y que justamente engloba algunos elementos que creo que podrían jugar a favor de Bolivia. 

Me refiero al hecho de que la demanda chilena no solo se aboca al estatus o naturaleza de las aguas (compartidas o no compartidas), sino que también alega que existe un uso equitativo y razonable del líquido elemento, lo cual es altamente discutible, y a que la contrademanda boliviana, que será considerada por la Corte conjuntamente con la demanda chilena, reclama soberanía absoluta sobre los canales y sistemas de drenaje construidos en territorio boliviano, sobre lo cual, según mi parecer, Bolivia tiene toda la razón.

El artículo en cuestión generó varias críticas al otro lado de la Cordillera, entre las que destacan las de dos historiadoras, Valentina Verbal y Loreto Correa, que se manifestaron a través de las redes sociales y de este mismo periódico, aduciendo por un lado una supuesta incongruencia entre lo planteado en el artículo y lo que realmente se discute en la Corte, y por el otro lado, alegando una presunta “pugnacidad” y “alucinación” de quien escribe. 

Al respecto, si bien es cierto que los documentos que se presentaron a la Corte son reservados, existe suficiente información pública, adelantada justamente por las autoridades de los dos países, que nos permite tener una buena idea de qué se está discutiendo en La Haya.

Sobre la base de esa información y a lo que investigué por mi cuenta, saqué algunas conclusiones que desde mi punto de vista podrían contribuir a la defensa boliviana y que no deberían ser consideradas como una “alucinación”, como tan insolentemente sugirió una de las historiadoras. 

Lanzar frases en modo imperativo, como “esto debe terminar” y “ya es suficiente”, no sólo refleja ese típico aire de superioridad con el que algunos chilenos se refieren a los bolivianos, sino que además demuestra que hay un hartazgo en ciertos segmentos de la sociedad chilena por los litigios internacionales, muy a pesar de que son controversias que claramente podrían resolverse amigablemente si Chile así lo quisiera.  

Muy por el contrario, el razonamiento es que como Bolivia perdió el juicio del mar de manera estrepitosa, ahora no puede o no debe defenderse en el proceso del Silala.  Nada más alejado de la verdad, Bolivia tiene todo el derecho a defenderse legalmente en este o en cualquier otro juicio, y todos los habitantes de este planeta tenemos derecho a opinar sobre el mismo.

Por eso es tan importante recalcar que no existe ni nunca existió, al menos desde 1904, un uso equitativo y razonable de las aguas del Silala. No se utilizan para beneficiar a las poblaciones del lugar, por lo que no pueden ser consideradas en su utilización como un derecho humano, sino que favorecen únicamente a unas empresas chilenas que usan el agua exclusivamente para lucrar. Eso no puede ser considerado por la Corte como “equitativo y razonable”. 

En ese mismo sentido, habiendo confirmado que el caudal que cruza la frontera se compone de una parte natural y otra artificial, porque no solo Bolivia reconoció el flujo natural, sino que Chile también reconoció el flujo artificial; es muy importante establecer que Chile no tiene ningún derecho sobre las aguas, que sin los canales construidos en territorio boliviano no llegarían a su territorio, y que si los beneficiarios quieren seguir usufructuando de las mismas, deben reconocerle a Bolivia una compensación. 

Los porcentajes que le corresponden a cada cual, obviamente tendrían que definirse en un estudio. 

Respecto a que la contrademanda boliviana no fue presentada contra Codelco, ni contra el grupo Luksic que, a través de la empresa Ferrocarril Antofagasta Bolivia, recibe la mayor parte del caudal que ingresa a Chile, es importante recordar que en 2009, el gobierno de Chile negoció en nombre de esas dos empresas un pago a Bolivia por el 50% de las aguas y en 2016 salió en defensa de sus intereses al presentar la comentada demanda sobre el estatus y uso de las aguas del Silala. 

Por esa razón, es perfectamente posible solicitar una compensación en este juicio, tanto por el caudal artificial como por el caudal natural que excede lo que le corresponde a Chile. 

Por último, las soluciones a nuestros problemas y la construcción de una agenda moderna no llegarán a través de la intimidación, el amedrentamiento, o la disuasión, como parecen pretender las historiadoras de referencia, la única manera de alcanzar la reconciliación es a través de la negociación y las verdaderas señales de buena vecindad.

 

 

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