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Legislación boliviana sobre OMG y ONG

Los autores sostienen que las leyes son “tramposas” y contradictorias en el ámbito de los organismos genéticamente modificados y las ONG.
viernes, 12 de junio de 2020 · 00:00

Gonzalo Flores y Carlos Derpic
 Los autores forman parte de la plataforma Una Nueva Oportunidad

Bolivia no tiene un instrumento legislativo dedicado específicamente a los organismos genéticamente modificados (OGM), sino normas dispersas en una Constitución, seis leyes (1333, 1580,  2274, 071, 144  y 300), nueve  decretos (24676, 24676B, 28225, 28263, 3874, 2452, N3874, 4232  y 4238), una resolución interministerial y una resolución administrativa.  Y ese corpus tiene las siguientes debilidades: 

1. Tiene confusiones conceptuales. Especialmente, se refiere sólo a OGM, cuando en realidad éstos son sólo un miembro de una familia mucho más grande de organismos cuyo ácido desoxirribonucleico (ADN) ha sido modificado por métodos distintos. Por consiguiente no cubre a los organismos modificados por métodos distintos a la transgénesis, como los irradiados, los híbridos y especialmente los editados genéticamente. 

2. Es contradictoria. La CPE ordena que “la producción, importación y comercialización de transgénicos será” regulada por Ley, lo que implica aceptar estas actividades. Pero la Ley 300 manda: “Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinada en norma específica”, (Art 24 inc 8); la Ley 2274 ultraprotege al consumidor de los OGM, sin decir de qué lo protege. La Ley 144 permite el ingreso de semillas GM de especies exóticas, y los decretos 3874, 4232 y 4238 y las resoluciones lo facilitan. 

3.  No se basa en un balance suficiente del estado del arte. Las “consideraciones” de leyes y decretos son vagas y no existen archivos que sustenten la información que utilizaron los autores de esas normas. Es muy probable que ese ejercicio no se haya realizado nunca en forma seria. 

4.  Ignora la teoría de la equivalencia sustancial (entre un organismo modificado y uno que no lo es), fundamental en las legislaciones de EEUU y Europa. 

5. No tiene un mecanismo de mejoramiento, por ejemplo, una oficina que actualice el conocimiento y contribuya a mejorar las reglas a medida que la tecnología avanza. 

6. Pone todos los aspectos de un organismo modificado (sanidad vegetal; inocuidad en su uso para alimentación humana y animal, impactos ambientales y efectos económicos) bajo un solo órgano gubernamental, el Comité Nacional de Bioseguridad (CNB), que no es un ente estable, y no está formado por científicos, sino solamente por burócratas. 

7. No está respaldada por protocolos subsecuentes de análisis y decisión de cada uno de estos aspectos. 

8. No prevé la necesidad de un laboratorio que pueda evaluar un OGM o cualquier otro producto de la biotecnología y la utilidad que tendrán sus análisis científicos. 

No sorprende que haya quienes aprovechen las fallas, omisiones y ambigüedades de la legislación para defender a los OGM o para oponerse a ellos. Es necesaria una ley específica, basada más en la ciencia que en las morales o los prejuicios.

 
Trampas en la legislación 

A fines de los 70 del siglo XX, surgieron en Bolivia las organizaciones no gubernamentales (ONG) –asociaciones o fundaciones)– dedicadas a la acción social, y reguladas por el Código Civil. No lucrativas, reciben financiamiento de instituciones similares del exterior y apoyan la organización de la población, la educación popular, el asesoramiento jurídico, seguridad alimentaria, investigación y otros. Por su importancia, el Estado creó en los 90 un registro de ONG, dependiente del VIPFE. 

El MAS, queriendo controlarlo todo, promulgó la Ley 351, de Otorgación de Personalidades Jurídicas, reglamentada principalmente por el DS 1597, con el objeto de regular “la otorgación y el registro de la personalidad jurídica a organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de un departamento y cuyas actividades sean no financieras”. 

Aspectos llamativos de la norma son que el Estado otorga (no reconoce) la personalidad jurídica; omite a las asociaciones y adopta una clasificación sin sustento en doctrina y tampoco en la exposición de motivos de la ley; o la inclusión de aspectos meramente formales y de costo orientados inequívocamente a dificultar el reconocimiento de personalidades jurídicas. 

Pero, lo grave viene en la obligación que tienen las ONG y las fundaciones, de incluir en sus Estatutos “el alcance de sus actividades orientadas a contribuir al desarrollo económico social, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la planificación nacional, las políticas nacionales y las políticas sectoriales”; lo que significa que deben estar alineadas a lo que el gobierno defina.

Más grave aún: la revocatoria de la personalidad jurídica procede, entre otras causas, por necesidad o interés público, declarado mediante Ley de la ALP (recordemos los 2/3 del MAS); porque algún representante de la entidad haya sido condenado por realizar actividades que atenten en contra la seguridad o el orden público (recordemos los casos “Terrorismo”), o hayan cometido hechos ilícitos en el ejercicio de sus funciones, valiéndose de la institución de la que forman parte para cometerlos, lo que significa que la probable actuación de una persona ocasiona el cierre de la entidad; y otras.

Cualquier entidad pública puede solicitar la revocatoria de personalidad jurídica y se tramita en vía administrativa, a diferencia de lo dispuesto por el Código Civil, que establece la vía jurisdiccional y sólo a instancias del Ministerio Público.

El gobierno transitorio de Bolivia ha asistido a reuniones con organizaciones que representan a las ONG, pero su proyecto de modificación del DS 1597 mantiene varios de los aspectos criticados en este artículo. 

Dos legislaciones: una contradictoria (OGM) y otra tramposa (ONG), hacen necesarias nuevas normas que eliminen las contradicciones e insuficiencias anotadas, en el primer caso; y que permitan el pleno ejercicio del derecho a la asociación, en el segundo.

 

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