Criterios coincid

Sánchez Berzaín, Rodríguez Veltzé y la CPE

Dilucidar los méritos o deméritos de un sistema presidencialista o de un sistema parlamentario de gobierno, no es lo más urgente por hacer.
viernes, 12 de junio de 2020 · 00:00

Carlos Guevara Rodríguez
Columnista

 

Tanto Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada, como Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente, y hasta su destitución al principio del actual gobierno delegado presidencial ante la Corte de La Haya, piensan que la Constitución Política del Estado, aprobada el 2009 en el primer periodo de gobierno del MAS, debe ser cambiada.

Sánchez Berzaín mantiene que debe ser cambiada por la CPE de 1967. Según Sánchez Berzaín, la actual CPE es nula porque, en su elaboración y aprobación, se violaron una serie de condiciones jurídicas, como ser, que la CPE de 1967 sólo contemplaba una reforma parcial de la misma y que el Congreso elegido el 2005 se arrogó la facultad de cambiar el texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente, entre otros.

En una carta titulada “Una Nueva Constitución para Bolivia”, dirigida a la prestigiosa revista The Economist del Reino Unido, en la edición del 28 de mayo del presente, Rodríguez Veltzé plantea que la actual CPE debe ser cambiada por una que dé paso a un sistema parlamentario de gobierno. Para apoyar esa posición presenta una serie de críticas a la actual CPE, todas la cuales emanan, según Rodríguez, del hecho de que esta es excesivamente presidencialista. Desde un legislativo débil hasta una justicia parcializada, desde el centralismo hasta la corrupción, pasando por el caudillismo, todo es consecuencia de un sistema de gobierno en el cual la presidencia acumula demasiado poder.

Además, este excesivo presidencialismo daría lugar a que la única manera de cambiar al gobierno de turno tendría que ser mediante una revuelta popular. En efecto, según Rodríguez Veltzé, la actual CPE no pudo dar lugar a un cambio de gobierno pacífico y legal al gobierno de Evo Morales por no ser el adecuado institucionalmente. Lo que sucedió en ese cambio de gobierno, citando a Rodríguez, es que “el camino apropiado para la sucesión no fue seguido; la declaración de Jeanine Añez autoproclamándose presidente fue ilegal y polarizante”.

Lo que Rodríguez no menciona en su carta es el desconocimiento de la voluntad popular de Evo Morales al referéndum del 21 de febrero de 2016, el cual votó por no permitir su reelección, y la conclusión de la Organización de Estados Americanos de que la elección del 20 de octubre de 2019 tuvo graves irregularidades, en otras palabras, que hubo fraude.

Rodríguez se limita a señalar que, según el Tribunal Constitucional Plurinacional, la prohibición de reelección de Morales hubiera lastimado sus derechos humanos, con ese razonamiento permitiendo su reelección, dando a entender que tal vez ese razonamiento era meramente débil en vez de invalido por absurdo. 

En otras palabras, está cargando las tintas en el sentido de omitir o aminorar lo más posible los pecados, atropellos o crímenes de Morales en su intento de mantenerse en el poder, y más bien echar la culpa del desenlace, según Rodríguez ilegal, de la sucesión presidencial de Morales a Añez, a la CPE vigente.

Veremos más adelante por qué estas consideraciones son particularmente importantes en el contexto de una carta enviada a una revista como The Economist.

Lo que cabe señalar es que si un gobierno viola la CPE, a la cual supuestamente obedece, no hay sistema de gobierno que aguante, por más que este sea parlamentarista. Si Evo Morales y el MAS hubieran gobernado como primer ministro y parlamento, y hubieran actuado del mismo modo en que lo hicieron, o sea violando la CPE y amañando elecciones para perpetuarse en el poder, el resultado hubiera sido el mismo: un levantamiento popular.

Proponer cambiar la CPE porque los gobernantes la han violado, como el remedio a esa violación, es como pedir que cuando un criminal viola la ley la ley deber ser el problema y por tanto esta debe ser cambiada. Es culpar a la ley que ha sido violada en vez de al criminal que la viola.

En la situación actual en que se encuentra Bolivia, con una crisis nunca antes vista de salud pública por el coronavirus y una contracción económica muy grande, además de la necesidad perentoria de dotar al país de un gobierno salido de las urnas lo antes posible, no parece que dilucidar los méritos o deméritos de un sistema presidencialista o de un sistema parlamentario de gobierno sea lo más urgente de hacer. 

Todas estas consideraciones dan lugar a pensar que la propuesta de cambiar el sistema de gobierno de presidencial a parlamentario es sólo un pretexto. En el fondo, lo que logra esa carta es dar la razón, o al menos apoyar, la tesis de que el gobierno de Añez es el resultado de un golpe de Estado.

Para nadie es desconocido el modo desafortunado en el que el ex delegado presidencial ante La Haya fue destituido por el presente gobierno. Por más que probablemente se hayan cometido errores de ambas partes, la responsabilidad principal recae en el gobierno. No es una excusa que Rodríguez haya sido el delegado del MAS ante La Haya; después de todo moros y cristianos apoyaron esa fracasada iniciativa.

Pocos, si algún, boliviano, gozan, merecidamente, del prestigio internacional de Rodríguez Veltzé. Esa realidad da lugar a dos cosas. Por un lado, lo que dice a una audiencia internacional, como por ejemplo una carta al The Economist, tiene un peso innegable. El modo en que su argumentación carga las tintas en contra del gobierno de Añez de un modo incompleto y parcializado no puede menos que influir en, por ejemplo, altos funcionarios de gobiernos y organismos internacionales que no tienen el tiempo de indagar los diferentes aspectos de la sucesión de Morales a Añez. Por otro, el modo de la destitución y reemplazo del ex delegado presidencial da lugar a un cuestionamiento del accionar del gobierno, tanto interna como internacionalmente. 

Para un país del peso relativo de Bolivia, y con un gobierno de transición que no goza de un mandato popular en las urnas, el contexto internacional es particularmente importante. Es en esa medida que el gobierno de Añez, al destituir a Rodríguez Veltzé del modo en que lo hizo, se metió un auto gol innecesario y costoso.

 

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