Institucionalidad

El organismo electoral se bate en el ojo de la tormenta

Las elecciones libres y transparentes permiten conjugar los intereses de diversos actores. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia debe funcionar como eje de la paz social.
viernes, 19 de junio de 2020 · 00:00

Walter Guevara Anaya 
Consultor en desarrollo democrático

El organismo electoral finalmente dio curso a los insistentes pedidos de que se constituya en parte querellante en los procesos contra las previas autoridades acusadas de fraude electoral. El artículo 24 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional dispone en sus incisos 33 y 34 que el organismo electoral está obligado a denunciar los delitos electorales ante la justicia ordinaria. 

Esto a pesar de que el Artículo 11 de la misma ley dispone que este organismo es la máxima instancia en materia de justicia electoral. El procurador, funcionario designado por el actual Gobierno, reclamó al organismo electoral que no hubiera mencionado en su querella los nombres de los acusados. De inmediato, el MAS acusó al organismo electoral de ser parte de un plan del Gobierno de anularlo como partido político.

Todo esto era perfectamente previsible para los que insistieron en que el organismo electoral acuse a las anteriores autoridades. Decidieron hacerlo a pesar de las ambigüedades que tiene esta ley sobre este punto. Se arriesgaron a dar la impresión, con o sin quererlo, de que están tratando de presionar al organismo electoral para que se parcialice con su propia candidatura y de desprestigiarlo por no haber aceptado esos pedidos. 

El Artículo 11 prescribe con el mayor detalle que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene jurisdicción y competencia sobre los delitos electorales donde sea que se los cometa. Determina que puede decidir sin recurso ulterior todas las controversias sobre faltas electorales. 

Por si fuera poco, añade que sus decisiones en materia electoral son de cumplimiento obligatorio, inapelables e irrevisables, excepto en los asuntos que correspondan al ámbito de la jurisdicción y competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En suma, dispone la supremacía del TSE en materia de justicia electoral.

Ninguno de estos artículos menciona que los delitos electorales son una atribución de la justicia ordinaria. Eso no quiere decir que la justicia ordinaria no pueda seguir por sus propios canales lo que corresponda respecto a delitos y daños causados por autoridades electorales. Ese es un canal independiente de la justicia electoral.

Las mañas del MAS no quedaron atrás

No sorprende que una ley aprobada por el MAS tenga contradicciones que puedan ser utilizadas mañudamente según la conveniencia de sus autores. Lo que sorprende es que las autoridades del actual Gobierno utilicen estas contradicciones en lo que puede dar la impresión de ser un intento de presionar o desprestigiar al organismo electoral. 

Lo correcto ante esta aparente contradicción hubiera sido que los reclamantes pidan una aclaración al TCP antes de acusar al actual organismo electoral de incumplimiento de deberes. Sorprende que confíen a ciegas en la justicia ordinaria, muy cuestionada por su sumisión al gobierno que la designó.

A la luz de este entuerto, lo más aconsejable es que esta ley se enmiende en el futuro para aclarar y aumentar la independencia y jerarquía de la justicia ejercida por el TSE en materia electoral. La mejor manera de hacerlo es separar la función jurisdiccional de la función administrativa, creando dos salas separadas bajo el mismo techo. 

Si los administradores de una elección cometen fraude, no puede ser que sean ellos mismos los encargados de juzgar esos delitos. Así fue como las anteriores autoridades electorales se eximieron de toda culpa. El actual organismo electoral tiene la facultad de procesar esos delitos, a pesar de que esa acción puede interferir con la conducción de la próxima elección.

En efecto, el TSE, en ejercicio de su función administrativa, ha reconocido como una realidad política la candidatura del MAS. No puede ser que, en ejercicio de su función jurisdiccional, el mismo organismo se vea obligado a revocar la personalidad jurídica de un partido que representa al menos un tercio del electorado.

 
Lo importante y lo urgente

Para que no se repita la bochornosa re-re-re-elección de Evo sin caer en el otro extremo es muy importante la elaboración un estudio constitucional sobre si es o no conveniente mantener una sola reelección presidencial inmediata, independientemente de lo que se piense sobre la postulación de Jeanine Añez, que por supuesto no lo es a una reelección.

Para el caso particular de Jeanine, es urgente una reglamentación de lo que puede o no hacer cualquier candidato cuando ejerce la Presidencia de la República. En el mismo sentido conviene redactar y publicar un manual de ética para candidatos, partidos y coaliciones, así como una guía para una adecuada cobertura mediática de la campaña electoral. 

Otro tema importante es el referido al respeto del voto que se consigna en las actas electorales. Este respeto se basa en el llamado principio de preclusión. Lo registrado y firmado ya no se altera. Las actas electorales no pueden ser modificadas por ningún nivel superior de la administración o la justicia electoral. 

En cada elección se deben explicar los alcances precisos del principio de preclusión para no volver a permitir que niveles superiores alteren los resultados. Por el momento, se debe dar una respuesta convincente de cómo se aplica este principio a los pedidos de que se reabra todo el proceso electoral, incluyendo la inscripción de nuevos candidatos, partidos y alianzas.

Destacados expertos discrepan sobre si existe, o no, una desproporción indebida entre el voto rural y el urbano. Es importante aclarar este problema mediante un estudio serio, por más que el TSE no tenga atribuciones para modificar la normativa aplicable.

Miedo al contagio desbarata el próximo gobierno

El miedo al contagio puede provocar un gran ausentismo el día de la elección. Si eso sucede, el próximo gobierno nacerá con muy poca legitimidad. Hay muchas maneras de resguardar la salud de los votantes para que no se queden en casa el día de la elección. El contagio puede aumentar o disminuir el día de la elección, pero lo seguro es que no desaparecerá este año.

Se pueden establecer recintos más numerosos con mesas más espaciadas. Es de sentido común capacitar a todos los votantes y jurados de mesa para que usen barbijos, mantengan una distancia segura y acudan a las urnas con alcohol en gel para sus manos.

Hay que evaluar si se puede programar votaciones presenciales en días y horas diferentes por terminación del carnet de identidad. Para las personas mayores y las de salud delicada es de vida o muerte que se habilite la votación por red o por una mensajería contratada al por mayor. 

La capacitación de miles de jurados electorales de todas las edades y condiciones se puede llevar a cabo por internet. Al mismo tiempo, hay que anticipar y neutralizar todas las acciones fraudulentas que aprovechen de estas medidas. 

La organización y conducción de los debates es una tarea central del organismo electoral. Se los debe reglamentar y programar sin demora. Para su difusión sin riesgos se justifica la organización de una cadena nacional de radios y televisión. También es importante que se reglamenten las condiciones de la campaña oficial, empezando por las proclamaciones.

A partir de un virus estamos viendo nacer un nuevo país sin que el viejo termine de morir. ¿Qué nos dicen de eso los candidatos? Los votantes necesitamos saber si son capaces de proponer soluciones prácticas a los problemas emergentes de la pandemia. El TSE debe exigirles que actualicen sus propuestas. Lo puede hacer de inmediato.

 

Derecho al voto

Hay que aplaudir la decisión recientemente tomada de que se empadronará a más de cien mil jóvenes que cumplirán la edad de votar hasta el día del sufragio. Muchos de ellos participaron en la resistencia de las Pititas. Sus mayores pensaban que eran indiferentes. Es un orgullo para el país que se incorporen a una ciudadanía plena y ejerzan su derecho a votar. 

Es oportuno evaluar si se puede adoptar una modalidad de inscripción automática para todos los bolivianos que cumplan la edad de votar. Todos los que estén inscritos en el registro civil pueden ser transferidos al padrón electoral al cumplir 18 años, siempre y cuando existan modalidades de purgar a los que se den modos de hacerlo de manera fraudulenta.

La inscripción de nuevos votantes en el extranjero se puede reabrir solamente si se disponen maneras de que no afecte la integridad del padrón electoral. Con el debido cuidado se puede extender la inscripción a la gente que haya cambiado de domicilio. De esa manera pueden determinar el nuevo recinto donde les toca votar, sin que se los prive del derecho a elegir. 

Una tarea de la mayor importancia y urgencia es la depuración del padrón electoral. Esto toma mucho tiempo y esfuerzo. La postergación de la fecha de las elecciones permite hacerlo con transparencia y precisión. Se puede hacer con apoyo de organismos multilaterales que tienen distinguidos expertos en la materia. Salvador Romero fue uno de ellos en su momento.

 
Educación compensatoria para candidatos y votantes

Tal como lo expresa su pronunciamiento del 2 de junio, “el organismo electoral ha sido en el transcurso del año, el único lugar donde todas las fuerzas políticas han podido reunirse, expresarse, manifestar sus discrepancias y, en última instancia, concertar”.

Algunos candidatos, inseguros o declinantes, se han mostrado reacios a esta convocatoria. Por buen o mal cálculo han atacado a las autoridades electorales. Este deplorable ejemplo puede tener eco en mucha gente. Muchos siguen aceptando la consigna del anterior gobierno de calificar todos los acuerdos como “juntuchas de la partidocracia”.

Esto no sorprende si tomamos en cuenta la deficiente cultura política de nuestro país. Hay una muchedumbre siempre lista para echar el mejor organismo electoral a su basurero favorito, que ya está lleno de políticos ineptos, corruptos y lambones, lo merezcan o no lo merezcan.

Para ellos, los acuerdos no son otra cosa que pactos conformados para delinquir. No se dan cuenta que sin acuerdos la democracia en su forma civilizada no es posible.

Para empezar a compensar este déficit, es importante que el TSE lance un serio y bien pensado programa de educación democrática de largo plazo. El servicio de fortalecimiento democrático que fue copado por el MAS en el mismo seno del organismo electoral debe ser recapturado y reacondicionado para este propósito.

 

Hay paz en el ojo de la tormenta

Las elecciones libres y transparentes permiten conjugar los intereses de diversos actores. Al organizarlas, el TSE funciona como eje de la paz social. Solamente los que apuestan por la violencia y el caos como su método preferido de volver al poder pueden desear que el actual organismo electoral no tenga el mayor de los éxitos.

Cuando los opinadores lo hacemos tiras, no nos damos cuenta que es el cimiento de la institucionalidad democrática. Nuestra convivencia pacífica depende de su buen desempeño. Por frustrados que estemos, descalificarlo es una actitud irresponsable, irreflexiva y suicida. Por supuesto que hacerle críticas y sugerencias bien fundamentadas es otra cosa.

Por más que esté rodeado de una vorágine de insultos gratuitos y de acusaciones infundadas, el hecho de estar en el ojo de la tormenta le brinda al presidente del TSE, Salvador Romero, un lugar de extrema tranquilidad para continuar con su, hasta el momento, impecable gestión.

 

 

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