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Entre proyectos y leyes del MAS

No usaron el enfoque de cadenas de valor. El MAS se negó a aplicarlo, aunque es empleado con gran éxito en todo el mundo civilizado.
viernes, 26 de junio de 2020 · 00:00

Gonzalo Flores y Susana Anaya
Miembros de la plataforma Una Nueva Oportunidad

Gracias al cambio de régimen ahora conocemos la cartera de proyectos que ejecutaba el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). Prepárese, estimado lector 1:

A su salida, el gobierno el MAS tenía una cartera de 26 proyectos activos. Cubrían cultivos como trigo, café, cacao, maíz, tomate, frutales; riego, suelos, seguros, agroforestería, equipamiento de laboratorios, asistencia técnica y desarrollo de mercados. Aparentemente, el MDRyT era tan diligente que hacía de todo, pero un examen detallado lleva a la conclusión que, en realidad, el MDRyT no sabía lo que hacía:

Además de dispersos, los proyectos no contribuían a un objetivo común. Su tamaño, duración, costo y número de beneficiarios variaba enormemente, lo que no indica diversidad, sino ausencia de estándares. 

Hubo proyectos de 19 beneficiarios y los hubo de 116 mil. Alguno costó 60 mil dólares y otro, 85 millones. El costo total fue de 378 millones de dólares. Gran parte ha sido financiado con créditos, que los ciudadanos tendremos que pagar. Los gerentes de estos proyectos sólo ejecutaron 37%. ¿Por qué el MAS preparó y aprobó proyectos con presupuestos tan altos, si no podía ejecutarlos? Piensa mal y entenderás.

Los proyectos no usaron el enfoque de cadenas de valor. El MAS se negó a aplicarlo, aunque es empleado con gran éxito en todo el mundo civilizado. Ningún proyecto contribuyó a introducir algún nuevo cultivo o cría en el país, ni a aumentar su valor significativamente. Ninguno intentó elevar el valor de los productos de exportación. Gran parte del dinero se gastó en productos no transables.

El MDRyT prefirió la ejecución directa; al hacerlo entorpeció sus propias funciones de planificador del sector y aumentó sus riesgos administrativos y financieros. Casi nunca contrató los servicios de agencias especializadas, empresas y ONG, que pudieron haber ejecutado las operaciones, añadiendo calidad y valor a los productos finales.

Gran parte de los proyectos consistieron en: i) entregar insumos agrícolas subsidiados a los productores; ii) compensar por daños producidos por desastres naturales; iii) realizar capacitaciones ligeras. Omitieron asegurar la implementación de innovaciones y medir los cambios en productividad e ingresos, que es lo realmente significativo. 

Casi ningún proyecto estableció los derechos de propiedad de sus resultados, de modo que han creado situaciones de mercado irregulares: se sabe quién es el donante y quién el beneficiario, pero no ha quedado claro quién es el dueño del nuevo producto.

Las pocas evaluaciones se limitan a narrar el desarrollo de los proyectos y a comparar lo planeado con lo logrado, omitiendo, quizá expresamente, el cálculo de los retornos.

Un desastre, sobre el cual volveremos con más detalle.

Explotación de hidrocarburos

¿Por qué se promulgó en diciembre de 2015 la ley de incentivos para promover inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos (Ley 767)?

Simplemente porque la situación del sector era insostenible: En 14 años, muy pocos contratos de exploración y explotación suscritos; la mayor parte de las inversiones ejecutadas en explotación para desarrollar reservas descubiertas antes del 2005 y no para descubrir nuevas que por lo menos aseguren la reposición de las consumidas.

La producción de gas natural y líquidos en el campo en franca declinación a partir de 2014; importaciones crecientes de diesel oil y gasolina especial (de    115 millones de dólares  en 2003 a   1.629 millones   en 2019).

Las causas de esta situación se remiten a las políticas sectoriales inapropiadas que implementó el gobierno del MAS y a la mala gestión de la empresa estatal. 

Contratos de exploración y explotación poco atractivos para el inversor; precios en el mercado interno congelados en niveles muy inferiores a los costos de oportunidad; inseguridad jurídica; y, principalmente, un régimen fiscal que, junto con las condiciones de precios, inviabiliza financieramente los nuevos proyectos.

En estas circunstancias, se consideró que la solución consistía en una ley de incentivos que, en los hechos, perfora el sistema del 50% establecido en la Ley de Hidrocarburos por concepto de regalías, participación TGN e IDH, en la medida en que se retiene el 12% del IDH, antes de su distribución a los beneficiarios previstos en la Ley, para crear el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH).

La pregunta es: ¿En lugar de crear un sistema tan complicado y con muy escasos resultados como es el que implica esta Ley de incentivos, no sería más fácil modificar la Ley 3058 para disminuir el 50% por regalías, participación e IDH? Lo impide el Referéndum 2004 que dispone que el Estado retenga el 50% del valor de la producción de gas y petróleo,  por la ausencia de consideraciones técnico económicas en las preguntas del referendo.  

No se pueden descartar soluciones creativas al problema, sin embargo dependerán de su viabilidad política en la Asamblea Legislativa que resulte de las elecciones generales, mientras tanto la Ley de Incentivos a través de modificaciones, en su reglamentación, pareciera el único recurso disponible para reactivar un sector que aporta grandemente a la balanza comercial, genera recursos fiscales y contribuye a la seguridad energética.

Ahora, pese a haberse agudizado los problemas señalados anteriormente, según un proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa, se pretende devolver parte (200 millones de dólares) del Fondo acumulado a la fecha. 

Esto, por un lado, reduce las posibilidades de atraer inversiones para la exploración y explotación de hidrocarburos y, por otro, podría generar conflictos entre regiones, municipios y gobernaciones en caso de una distribución de este monto que difiera de los porcentajes de contribución al FPIEEH.

1. F: Plan Nacional de Respuesta y Rehabilitación para el Sector Agropecuario ante los Efectos del Covid-19. MDRyT, 2020.

 

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