Crisis sanitaria

Despidos y Covid-19

La pandemia ha generado una situación catastrófica y confusa sobre el terreno económico y el campo laboral, que puede durar meses y tal vez años.
viernes, 10 de julio de 2020 · 00:00

Erika J. Rivera 
Abogada y magister DAEN

La situación creada por la pandemia del coronavirus ha resultado extremadamente compleja a nivel mundial. Bolivia no escapa a esta caracterización. Además, se trata de una constelación única a nivel planetario que impide respuestas simples y pronósticos claros para el futuro. 

Dada la naturaleza tan excepcional de este fenómeno en la historia contemporánea, se puede afirmar que la pandemia ha generado una situación catastrófica y confusa sobre el terreno económico y el campo laboral. Esto puede durar meses y tal vez años. Nos encontramos ante una incertidumbre que nos lleva a una primera pregunta: ¿Se podrán aplicar leyes y acuerdos entre partes en la dimensión laboral a la vista de una muy probable contracción general y severa de todas las actividades económicas? Y de ahí se deriva la segunda cuestión: ¿Tendrán vigencia plena nuestros conocimientos, intenciones y proyectos frente a una crisis económica y hasta cultural de una magnitud insospechada hace pocos meses? 

La incertidumbre se complica en el caso boliviano por la proximidad de las elecciones generales, cuyos resultados y consecuencias no se pueden avizorar hoy en día. Considero pertinente la opinión escéptica ante la capacidad de cualquiera de las fuerzas contendientes para captar la complejidad de la crisis y para proponer soluciones idóneas en el corto y mediano plazo.

   Bolivia se ha destacado siempre por la profusión de instrumentos legales que tienen rasgos muy progresistas, pero que se adecúan difícilmente a la situación contemporánea y a los rápidos cambios que actualmente se dan precisamente en el campo de la economía, el comercio y el trabajo. 

Nuestra Ley General del Trabajo nació como un Decreto Supremo en 1939, y en 1942 fue elevada al rango de ley. Menciono este hecho porque esta ley –de índole proteccionista con respecto a los trabajadores– fue promulgada por una coalición gubernamental de liberales y republicanos. 

Es decir: Todos los gobiernos desde entonces han preservado el carácter proteccionista de la legislación laboral muy favorable al estamento de los trabajadores. Este es un aspecto neurálgico del problema contenido en la pregunta. Casi todos los expertos que escriben sobre esta temática y los analistas en los foros públicos han señalado que la falta de flexibilización laboral es uno de los obstáculos que impiden a nuestro país desplegar instrumentos legales y medidas institucionales modernas y acordes con los avances tecnológicos contemporáneos

 La imposibilidad de una reestructuración del personal, según criterios de desempeño técnico, tiene que ver directamente con la continuada vigencia de leyes y reglamentos que prohíben todo tipo de desvinculación (despido) de trabajadores con conocimientos anticuados y también dificultan una nueva formación profesional contemporánea. 

La flexibilización laboral es en los países desarrollados una de las manifestaciones centrales de un sistema social que apuesta por la permanente modernización y tecnificación del aparato productivo.

   En Bolivia la mencionada Ley General del Trabajo (en su artículo 16) y la actual Constitución   (en su artículo 49 numeral 3) prohíben taxativamente todo despido injustificado. Las decisiones del Ministerio del Trabajo y de los juzgados correspondientes han interpretado siempre la calificación de injustificado de un modo adverso a las decisiones empresariales.

   Una posibilidad reside en que nuestras instituciones modifiquen los reglamentos vigentes, permitiendo o facilitando una concepción actual de la dimensión laboral que permita el teletrabajo, las reducciones voluntarias temporales de salarios, los arreglos voluntarios entre partes, la reducción de la jornada de trabajo por un lapso prudencial, la postergación de los pagos salariales por unos meses y otras medidas de emergencia. Se trata en el fondo de salvar a las empresas como fuentes de trabajo frente a la posibilidad de cierre. 

Admito que una cuestión todavía no analizada exhaustivamente reside en la posibilidad de que estas medidas de emergencia se conviertan en permanentes. Por más doloroso que resulte, el despido de personal tiene que ser considerado hoy en el marco de medidas como las que acabo de mencionar. Entre otras razones porque las ciencias sociales no han detectado, promocionado o creado, alternativas realistas para detener la ola de despidos masivos.

   Como estamos ante una situación novedosa y única de la historia de los últimos siglos, no hay todavía un análisis realmente adecuado ni una estrategia contundente para solucionar este grave problema. Estamos ante un vacío normativo en el plano legal y frente a una carencia de planes realmente convincentes en este caso. 

Se puede adelantar la tesis de que las relaciones laborales no volverán a ser las mismas que antes de la pandemia. Por otra parte, se puede afirmar que no hay que modificar la realidad para adaptarla a las normas jurídicas, sino que éstas deben corresponder a la realidad económica y sobre todo al avance tecnológico.

   Es probable que la pandemia del coronavirus acelere a nivel mundial una modificación de las relaciones laborales en detrimento del empleo pleno y a favor de la automatización en los terrenos de la industria y de los servicios. Esto ya se puede percibir en los países altamente desarrollados que combinan la evolución tecnológica con una tasa relativamente alta de desempleo. Ante esta constelación, se puede decir que las ciencias sociales y políticas no han concebido alternativas realistas para detener un desarrollo laboral que tiende paulatinamente a la robotización y al empleo de menos trabajadores de carne y hueso. 

   Observando todos estos fenómenos se puede concluir que la triangulación Estado, empleador y trabajador se ha modificado, complejizando las tensiones obrero-patronales, lo que genera un desafío de la adecuación de la nomenclatura jurídico-económica a los nuevos tiempos.

Estos últimos podrían otorgar la oportunidad ante esta crisis de mover la frontera del 63% (dato de la OIT) de informales hacia la formalidad laboral. Sin especular demasiado en radicales modificaciones estructurales, se hace viable generar políticas de Estado que favorezcan a los emprendedores liberando la iniciativa privada en nuestra sociedad.

 

Mensaje de Raúl Garáfulic, Presidente del directorio de Página Siete

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