Retiro de aportes de los fondos de pensiones, más costos que beneficios

Expertos consideran que esta medida se reduciría el monto y se perderían los intereses, disminuyendo las prestaciones mensuales de los jubilados. A esto se suma la falta de liquidez en el sistema financiero. El Estado, dicen los analistas, tiene que acudir al rescate con seguros de desempleo y otras medidas.
viernes, 24 de julio de 2020 · 00:04

Fernando Chávez Virreira
 Periodista

La posibilidad de retirar fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para paliar la crisis que está provocando la pandemia de la Covid-19, ha generado múltiples debates y posiciones a favor y en contra, al tratarse de un teme muy complejo y sensible, que compromete en última instancia la estabilidad del sistema financiero.

Hay tres proyectos en la mesa, uno que propone devolver el 50% de los recursos, otro que apunta al 25% y el más extremo propone que sean devueltos el 95% de los aportes individuales que administran las AFP.

Incluso hay un cuarto que propone el creado Movimiento de Emergencia Nacional para la Devolución de Aportes de las Administradoras de Fondo de Pensiones, que plantea el retiro del 100% de los ahorros previsionales.

Pero los expertos ven que una medida de esta naturaleza trae más costos que beneficios, primero porque afectaría la renta de jubilación futura de los aportantes y porque debilitaría el ya frágil sistema, entre otros factores.

Las AFP administran recursos por casi 20.000 millones de dólares, invertidos un 60% en Depósitos a Plazo Fijo (DPF) en el sistema bancario; el 25% colocados en bonos del Tesoro General de la Nación y el 15% en bonos y acciones de empresas bolivianas. 

En la realidad económica y financiera del país, ¿es factible que los aportantes retiren fondos de sus cuentas individuales? Según el analista económico y financiero Armando Álvarez, hay un problema de imposibilidad. “Simple y llanamente no se puede, no existen los recursos”, sostiene.

“Si se quisiera retirar recursos, las AFP tienen que vender esos valores y para eso tiene que haber inversionistas que compren. Como las AFP tienen un horizonte de inversión de largo plazo, porque son recursos que se invierten para el pago de las jubilaciones, eso va a tomar mucho tiempo, y en Bolivia no hay inversionistas con un horizonte de inversión como el de las AFP. ¿Cuántos inversionistas podrían comprar esos valores de largo plazo? Casi ninguno”, explica el analista. 

Para cubrir esos eventuales retiros se necesitan unos 5.000 millones de dólares. Las AFP no pueden hacer efectivos esos recursos porque han invertido en valores a largo plazo y por norma estos DPF a largo plazo no pueden ser redimibles, se tiene que esperar el vencimiento. Según Álvarez, habría que venderlos en el mercado secundario, pero allí no están interesados en instrumentos a largo plazo.

Reducir el universo de personas puede ser una alternativa. De los 2,3 millones de personas afiliadas a este sistema de pensiones, 1,3 millones suelen aportar regularmente, son los que mantienen un empleo, y el otro millón no aporta regularmente, porque eso depende de si tiene trabajo o no.

“Estaríamos hablando de un millón de personas que necesitan esos fondos, pero no se sabe cuánto representa ese millón con respecto al monto total de 19 mil millones. Lamentablemente los únicos que aportan, o han aportado, son los que trabajan en empresas formales, los informales no aportan a las AFP. Es un universo pequeño”.

Pero supongamos, dice el analista, que se reduce el universo y se les da la plata, ¿qué van a hacer con ese dinero?, si lo van a destinar a la compra de productos importados, que es posible, eso va a afectar a las reservas del Banco Central. Como no son muchas personas el impacto en la economía no será significativo, pero el costo es mucho más alto que el beneficio.

Otro aspecto importante es que, si una persona retira una parte de su aporte, además de reducir el saldo, ese monto retirado ya no va a generar ninguna rentabilidad a futuro. “Entonces el monto acumulado será más bajo, no solamente el 10%, y al llegar el momento de la jubilación el monto será aún más bajo. La gente tiene que ser consciente de que si retira sus fondos su pensión de jubilación caerá”, advierte.

Otro escollo que se debe superar es la limitación que se les ha impuesto a las AFP para generar rentabilidad sobre los recursos, ya que éstas no pueden realizar inversiones en títulos en el exterior. 

En esa misma línea, el economista Gonzalo Chávez afirma que se debe que tener mucho cuidado porque estamos hablando del ahorro de todos los bolivianos, o buena parte de los bolivianos que aportan a las AFP. Esos recursos, seguramente, serán utilizados en consumo y eso va a significar que, de aquí a 20 años, los ingresos futuros de las pensiones serán menores.

Para Chávez, “en este momento de urgencia mucha gente necesita recursos, pero es el Estado el que tiene que buscar otras fuentes para transferir a las personas.  “Si el argumento es que la gente necesita, pues el Estado tiene que poner plata. La UE ha inyectado 720 mil millones de dólares a sus economías, parte de esto es para ayudar a la gente, con créditos con tasa 0. Es el Estado que representa a todos y que ayuda a la mayor cantidad (de gente) posible”.

“No me parece justo que el ahorro de una vida sea retirado, total o parcialmente, para contribuir a esta situación grave. Ayuda, pero es como si tú joven te colocaras un impuesto a ti mismo, pero de viejo, porque vas retirar una parte que afectará la pensión de jubilación”, explica.

¿Cuánto de podría retirar? Según Chávez, un 10% 15% parece más razonable. “El problema es cómo financias. Por ley las AFP mantienen un 5% de liquidez, pero buena parte de ese dinero se utiliza para pagar a los jubilados que ya están usando el sistema”, agrega.

Para el economista y experto en pensiones Alberto Bonadona, es posible retirar parte de esos fondos, pero no aconsejable, porque afectará las pensiones futuras. La solución, sostiene, pasa por crear un seguro de desempleo. 

“Hay que buscar una respuesta a la gente con un seguro de desempleo, que comience ya y se extienda hasta diez meses después de que pase la crisis del coronavirus; esto debe ser financiado con recursos del Estado, que deben provenir del Banco Central y debe ser concertado entre todas las fuerzas políticas y sociales.

“No tiene sentido insistir en que sea la Asamblea Legislativa la que autorice o no el uso de recursos cuando la plata está en el Banco Central. El BCB tiene que emitir dinero en este momento, no estaba en ningún plan que venga semejante pandemia. Tampoco estaba previsto este tremendo colapso económico”, explica. 

Según Bonadona, el dinero tiene que venir de la emisión del BCB. “Estamos en un proceso equivalente al de una guerra. El problema de Bolivia, hoy, no es la inflación, el menor que tiene el país es la inflación. Lo que sí hay es un aparato económico que se está desplomando”.

Se deben buscar nuevas alternativas para salir de la crisis.

Inversiones de AFP

  • Cartera El 60% de los fondos de las AFP están en depósitos (DPF) en el sistema bancario boliviano; el 25% colocados en bonos del Tesoro General de la Nación y el 15% están invertidos en bonos y acciones de empresas bolivianas.
  •  Depósitos Las inversiones de las AFP representan el 45% de los depósitos del público en la banca nacional. Por Ley, las AFP están prohibidas de efectuar inversiones en el exterior.
  • Asegurados El número de asegurados alcanza a 2,3 millones de personas. Las AFP administran fondos por casi $us  20.000 millones.

El Senado chileno aprobó un retiro anticipado de hasta el 10% de los fondos

El Senado de Chile aprobó esta semana el retiro del 10% de los montos depositados en las Administradoras de Fondos de Pensiones, una medida que no apoya el gobierno de Sebastián Piñera.

La iniciativa permite que, de forma excepcional, los ciudadanos puedan retirar voluntariamente sus ahorros con un tope máximo de hasta 150 unidades de fomento (UF), equivalente a casi cuatro millones de pesos (aproximadamente, 5.088 dólares),  y un mínimo de 35 UF, equivalente a un millón de pesos, (aproximadamente, 1.272 dólares). Si el 10%  de un trabajador es menor a las 35 UF, podrá retirar hasta la totalidad de su ahorro.

La norma precisa que los fondos retirados no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal y serán pagados en forma íntegra, por lo que no están sujetos a comisiones o descuento alguno por parte de las AFP.

El gobierno considera que la medida,  aprobada por 29 votos a favor y 13 en contra,  impide que se acometa una reforma estructural del sistema de pensiones. Además, está generando una crisis política en el seno del oficialismo y una agitación ciudadana, ya que el cacerolazo del 15 de julio erivó en actos violentos.

En Perú es posible retirar hasta el 25% de las cuentas individuales de pensiones

 El 30 de abril, el Congreso de Perú promulgó la Ley 31017 que permite que los aportantes al Sistema Privado de Pensiones (SPP) puedan retirar hasta el 25% de los fondos de sus AFP, en una medida que enfrentó a los legisladores con el  gobierno de Martín Vizcarra, que se mostró crítico ante esa iniciativa legislativa.

Vizcarra dijo que tenía “ una posición clara y creemos que se debe devolver parte de los aportes pero de manera responsable para atender la crisis; se atendió a 4 millones de afiliados que realmente lo necesitaban” cuando se les permitió un retiro de hasta 2.000 soles”.

El presidente del Congreso peruano, Manuel Merino De Lama, dijo que   más de seis millones de peruanos  esperan un auxilio en esta  difícil situación económica.

 Los afiliados del SPP podrán retirar hasta el 25% (cuyos activos representan el 20% del PIB) del total del saldo de su cuenta individual de capitalización (CIC), con un monto máximo equivalente a tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT),  12.900 soles, 3.675 dólares. 

  Según la prensa, hasta mediados de julio estos retiros significaron 4.800 millones de dólares. En el primer ía de retiros, más de 88 mil afiliados presentaron su solicitud.

 

Punto de vista
Jacques Trigo Exsuperintendente de bancos


 Se sacrificarían ingresos futuros

Está circulando una petición exigiendo la devolución de los aportes al Fondo de Capitalización individual.  El retiro de fondos tendría las implicaciones negativas siguientes sobre el sistema de pensiones.

Al retirarse recursos del fondo de pensiones, se reduciría el monto y se perderían los intereses correspondientes, disminuyendo las prestaciones mensuales de los jubilados. 

Es decir que, por el consumo presente, se sacrificarían los ingresos futuros de las personas mayores que ya no estarían en edad de trabajar, impidiéndoles una vida digna.

Por otra parte, sin los ingresos de estas prestaciones, un cierto porcentaje de la población caería por debajo de los niveles de pobreza.  

Se vería afectada la cultura del ahorro que se inculcó en la población en los últimos 22 años y la población perdería confianza en las leyes que protegen el ahorro individual y la propiedad privada.

Sobre el sistema financiero las consecuencias serían las siguientes:

La principal función de la banca es la intermediación financiera, o sea, pasar recursos de los ahorristas (depósitos) a los inversionistas (deudas de empresas y familias). De cada 10 bolivianos prestados, los depositantes ponen 9 y la banca uno.

Un retiro de fondos implicaría exigir a los deudores de la banca que devuelvan sus créditos, algo imposible dada la paralización de la economía por la pandemia. Además, debido a la política de diferimiento de créditos, los deudores no están pagando sus préstamos hasta el mes de agosto. En otras palabras, la banca está pasando por un serio problema de liquidez, pues no cuenta con los ingresos de los préstamos concedidos.

El retiro de fondos afectaría negativamente a la banca y a la economía del país. Si disminuyeran esos depósitos, la banca no podría otorgar créditos para reactivar la economía, ya afectada por la pandemia. 

El retiro de depósitos podría ocasionar una crisis bancaria sistémica, de consecuencias imprevisibles para la economía del país.

 

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