Última entrega de la serie de persecuciones

Las logias, el fiscal y el general

En el “juicio del siglo”, el fiscal Soza acusó al general Gary Prado de ser asesor en materia militar en un plan para desmembrar Bolivia.
domingo, 20 de septiembre de 2020 · 00:00

Harold Olmos y Shane Hunt
Periodistas

Una reunión en el Palacio de Gobierno asignó una de las tareas más complejas del “juicio del siglo” al fiscal Marcelo Soza Álvarez: Elaborar y presentar los cargos contra las personas que había elegido para acusarlas de planear la división de Bolivia. Era una acusación pesada que el fiscal no vaciló en aceptar. Se trataba de una ocasión envidiable para lucir sus habilidades y conocimientos.  

Todo eso se complementaba con la confianza que le asignaba el gobierno. Iba, entonces, a dirigir la mayor acusación de la historia boliviana reciente y debía esmerarse mucho en presentar argumentos sólidos que dieran substancia a la acusación. Eso parecía estímulo suficiente para emprender el desafío que le presentaba el destino.

Si efectivamente se esmeró, o subvaloró al militar que había vencido la única batalla decisiva de las armas bolivianas desde las guerras de la independencia, se vería desde el comienzo del juicio. Desde las primeras sesiones se vio claramente que el propósito del juez era solo seguir los designios del gobierno. 

Pero el general Gary Prado Salmón no iba a ser un hueso fácil de roer, ni para el fiscal Soza ni para la causa del gobierno, empeñado en demostrar que en Bolivia se había urdido una trama para dividir al país y desequilibrar todo el continente sudamericano. El fiscal se sentía seguro de su argumentación, pero desconocía las fortalezas del rival.  

Por la calidad de cuestiones que abordó y los interrogatorios que condujo, resultaba evidente que había subestimado al adversario. Sin el apoyo del gobierno, su gestión en el caso habría sido muy pasajera.

El trípode sobre el que se asentaba la acusación tenía dos pilares más, fuera del general Prado Salmón.  Necesitaba a destacados pilares que sustentaran la pirámide tradicional del poder de Santa Cruz: el político conservador y las logias que durante mucho tiempo han sido poder en la región.

En el lado político ubicó al médico Juan Carlos Santisteban, hombre prominente de la Falange Socialista Boliviana (FSB), que había bebido del pensamiento de la falange de España.

En la trama, atribuida a Soza, el poder de la red de logias era representado por el arquitecto Ronald Castedo. Quienes lo conocen, lo llaman por el diminutivo Chichi, con el cual creció y se consolidó hasta muy cerca de substituir su propio nombre, utilizado solo en actos oficiales. Agregó a dos benianos prominentes en la región: Zoilo Salces Sepúlveda y Alberto Melgar Villarroel.

Nunca se supo si fue por ignorancia o por un designio sarcástico en el pliego acusatorio haber atribuido al general Prado Salmón una especialidad de luchas marciales.  Prado Salmón estaba paralizado de la cintura para abajo por un balazo que le cortó la columna durante una intervención militar para sofocar un alzamiento asentado en Tita, un campo petrolero en Santa Cruz, en 1981.

Para Marcelo Soza Álvarez, fue sospechoso que el general Prado Salmón supiese tanto de historia de Bolivia y que su conversación fuese tan precisa que no había forma de contradecir sus argumentos.

Eso decidió la suerte del general, a quien el entonces fiscal Soza acusaba de ser asesor en materia militar en el plan para desmembrar Bolivia y, adicionalmente, ser instructor de artes marciales para las eventuales milicias secesionistas.

Soza tuvo un empeño particular en lastimar anímicamente al general. Por prescripciones de sus médicos, el acusado no debía estar sentado y en una sola posición por más de tres horas. El juez, entonces, dispuso que asistiera a las sesiones recostado sobre su camilla en medio de la sala de audiencias.

Con una frazada para protegerse del aire acondicionado, la cabeza apenas levantada para acomodar el cuerpo sobre la camilla y aguzar el oído, el general estrella del Ejército boliviano yacía tendido durante horas mientras el juez Sixto Fernández presidía la sesión. 

Era un espectáculo con el que los vengadores de Che Guevara se regocijaban, pero que no avanzaba ni un milímetro en la meta de perforar la dignidad del militar, que había rendido al guerrillero cuyos seguidores proclaman su inmortalidad.

En otra ocasión, el juez dispuso que fiscales y jueces fuesen hasta los aposentos del militar para continuar desde allí las sesiones.

Por distintas razones, especialmente por el temor de que los acusados experimentasen agravamientos peligrosos de su salud, fueron también apartados del juicio colectivo Juan Carlos Santisteban y Ronald Castedo.

Como árbol cuyas ramas se iban rompiendo progresivamente,  el “juicio del Siglo” estaba atascado y aumentaba el desconcierto en el gobierno que había surgido tras la fuga de Evo Morales. Las nuevas autoridades buscaron el camino más rápido y más breve. El pasado enero, el caso fue cerrado para siempre.

 

 

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