Investigación

Viaje al centro de la infamia

El autor sostiene que una ambición desmedida de Jacob Ostreicher lo condujo a su propia catástrofe, y llevó a un calvario judicial a la empresaria colombiana Liliana Rodríguez Espitia.
domingo, 20 de septiembre de 2020 · 00:00

 Homero Carvalho Oliva
Escritor

Hace unos días, fue remitido a la cárcel el abogado Zenón Rodríguez Zeballos, luego de ser aprehendido acusado de estar involucrado en actos de corrupción por negociar cargos para notarios, este personaje, lamentablemente de los que está contaminada la justicia boliviana como un virus tan peligroso como el Covid-19, fue el mismo que el 12 de mayo del 2011, siendo juez en sala de audiencia del Juzgado décimo de instrucción cautelar determinó la detención preventiva de Claudia Liliana Rodríguez Espitia, así como también la incautación de todos los bienes propios y en representación de su grupo empresarial y el congelamiento de sus cuentas bancarias. Ese día empezó para Rodríguez Espitia un calvario que la llevaría a estar presa en cuatro cárceles diferentes de Bolivia. Toda porque se negó a pagarles coimas a la tristemente famosa red de extorsión. 

El arresto de Rodríguez Espitia que fue realizado por el Ministerio Público estuvo fuera del marco legal, aceptando incluso algunos de ellos que, si bien había mandamiento de allanamiento, secuestro y requisa, en ningún momento se solicitó el arresto, ni la aprehensión. En todo caso Claudia Liliana Rodríguez Espitia debió haber sido citada legalmente, sin embargo, todo esto fue convalidado de manera ilegal, incluyendo todas las injusticias y maltratos a los que ya había sido sometida. Dando inicio a la cadena de injusticias que mellaron el debido proceso de manera perversa, aviesa y premeditada. 

Vengo investigando este caso desde hace años y estoy terminando una novela, que será la historia de una mujer que fue despojada hasta de su nombre propio para ser llamada “la colombiana”, tanto por las autoridades nacionales como por los medios de comunicación que, en su mayoría, no realizaron una investigación seria del caso, dejándose llevar por las declaraciones oficiales o por algunos interesados en quedarse con los bienes de las empresas de Claudia, como fue el caso de Jacob Ostreicher, quien, al parecer, había comprado incluso a algunos periodistas para sostener su drama televisivo. Quise escribir esta novela por la complejidad del caso y por su importancia como antecedente para la justicia boliviana, tan necesitada de referentes.

 La inversión

El año 2007, en Ginebra, Suiza, en el Estudio Jurídico de Inversiones, de André Zolty, se gesta un proyecto agroindustrial de inversión en la llamada entonces República de Bolivia, encomendándose la preparación de dicho proyecto a su socia principal, la abogada doctorada en Derecho Económico Claudia Liliana Rodríguez Espitia, a quien también, una vez aprobado el proyecto, se encomienda la implementación del mismo en territorio boliviano, lo cual hizo inmediatamente.

En el año 2008 también llegó a Bolivia uno de los inversionistas de nombre Jacob Ostreicher, cuya inversión no pasaba de un 7 % del total porque el resto, 93%, era de inversionistas suizos, con el fin de observar la implementación del proyecto, estuvo varias veces en el país quedando maravillado con el trabajo realizado por Claudia y por la alta rentabilidad que tenía la inversión agrícola, que podría recuperar el capital en un periodo de cinco años lo que no es posible en ningún otro proyecto en el planeta. 

De un total aproximado de 24 millones de dólares  invertidos inicialmente, Ostreicher era en realidad propietario de 3,1 millones, contrariamente a lo que él ha afirmado en innumerables oportunidades en los medios de comunicación y en sus denuncias, donde Ostreicher mella la dignidad tanto de Rodríguez, de sus trabajadores, como del Estado boliviano y sus representantes. Al ver que tenía ante sí un negocio realmente próspero, con una inusual y singular recuperación de capital, un auténtico emporio agrícola, despertó en Jacob Ostreicher una ambición desmedida que prácticamente lo condujo a su propia catástrofe. Ambición que lo llevó a la utilización de medios inescrupulosos y viles con el fin de apropiarse del total de la inversión.

Ostreicher se puso en contacto con los inversionistas en Suiza, llevando la falacia de que la administración del proyecto no estaría siendo manejada en forma adecuada, esto porque quería obtener un poder de representación legal de Hacienda La Colina Sucursal Bolivia; esto fue el año 2010 y quería retornar a Bolivia con el fin de revocar los poderes de Claudia Liliana Rodríguez Espitia. Cabe hacer notar que al llegar a Bolivia constituyó una nueva empresa denominada Coliagro SRL. La creación de esta nueva empresa respondería a un plan preconcebido de apropiarse de toda la inversión y del proyecto en sí, ya que irrumpió en el proyecto y a título de representante legal de Hacienda la Colina Sucursal Bolivia, realizó la cosecha de toda la producción de casi 30.000 toneladas de arroz húmedo, vendiendo parte de ella y guardando en silos la otra parte, como si fuera de propiedad de la empresa Coliagro. 

Con esto, Ostreicher  cumplía varios fines, siendo el principal el burlar a los proveedores que facilitaron insumos para la producción, del arroz, a las empresas de semillas y fumigaciones, a los trabajadores de Lagro SRL y Agrocol SRL y a la misma Claudia Liliana en los beneficios; el mismo que alcanzaba un 30% de la utilidad neta, quedándole toda la cosecha en forma bruta como utilidad de una empresa que no tuvo trato ni contrato para realizar tal cosecha.

Rodríguez Espitia reclamó tal avasallamiento y apropiación indebida de la cosecha que no correspondía a Ostreicher, cosecha que fue producida e implementada por Lagro SRL, que había contraído una serie de obligaciones con proveedores y trabajadores, obligaciones que se tenían que honrar con la misma cosecha. Ante el temor represalias jurídicas, Ostreicher recurrió al vil comportamiento de denunciar a Rodríguez Espitia ante la Fiscalía de Narcóticos por la supuesta comisión de legitimación ganancias ilícitas y asociación delictuosa, resultando completamente paradójico que precisamente sea quien denuncie a su propia inversión, siendo él también parte, aunque mínimamente, de dicha inversión. 

La denuncia de Ostreicher tuvo un efecto boomerang ya que, como no podía ser de otra manera, ocasionó la investigación con los resultados que ahora todos conocen: fue imputado, cautelado y detenido en el centro de reclusión de Palmasola y luego la fuga de Hollywood y todo lo demás.

 

Un informe absolutorio

En fecha 31 de agosto del 2012, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), realizó el dictamen pericial en auditoria forense, solicitado por los fiscales  de Sustancias Controladas de la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz, en el cual solicitaban un estudio de los activos, pasivos, ingresos, egresos generales y de inversión, así como el de determinar el patrimonio individual de una lista de personas, entre ellas Claudia Liliana Rodríguez Espitia. El objetivo principal de dicha pericia era determinar si la inversión y el patrimonio que poseían cada uno era legal o no, a lo que el IDIF contesto lo siguiente acerca del patrimonio de Rodríguez Espitia:

 “El patrimonio con el que cuenta la señora Claudia Liliana Rodríguez Espitia, se justifica en razón a los vínculos financieros y comerciales existentes entre la involucrada y los recursos provenientes de la Unión de Bancos Suizos (UBS)”

Este dictamen fue ocultado de los abogados de Claudia durante varios años y una vez que se tuvo acceso a el, los jueces, fiscales y funcionarios del Ministerio de Gobierno siguieron con el plan de extorsión que se habían trazado, sin importarles la inocencia de su víctima.

La red de extorsión

Ostreicher debe responder por la inducción en error al Ministerio Público boliviano, pues confundió a las autoridades jurisdiccionales nacionales para posteriormente victimizarse, ya que hasta la fecha no se pudo comprobar los delitos denunciados por él, que fueron investigados por el Ministerio Público. 

Ostreicher fue el creador de toda esta historia maquiavélica, que involucra a diferentes personas, haciendo creer y aparecer denuncias digitadas por él mismo, en relación a delitos de legitimación de ganancias ilícitas y asociación criminal. Este plan era solamente para deshacerse de Rodríguez Espitia, quien fundó y dirigía todas las inversiones, con el único fin de quedarse en el poder de un emporio agroindustrial. Idea que se le dio la vuelta y lo sentenció a vivir su propia desgracia y calvario; deberá comparecer ante la justicia boliviana y deberá resarcir daños económicos, por haber hurtado y vendido arroz que no le pertenecía, ni a él ni a su empresa Coliagro; deberá responder ante los verdaderos inversionistas, por millonarios daños económicos, perjuicios y pérdidas, ocasionadas durante todo este proceso ilegal montado por él mismo.

Por el escándalo que significó el caso de Jacob Ostreicher, sus vinculaciones con el llamado “lobby judío” y el actor Sean Penn, se destapó la red de extorsión integrada por funcionarios que ocupaban altos cargos del Ministerio de Gobierno y Presidencia, como también jueces que actuaban en altas esferas del poder judicial. 

En el caso de Rodríguez Espitia fueron innumerables las veces que le pidieron dinero, tanto a ella como a sus abogados. Lo hacían de manera cínica, seguros de que su impunidad, de que nada podía sucederles porque eran los dueños del poder y estaban protegidos por autoridades de mayor rango en una cadena que nadie sabe a ciencia cierta si llegaba al presidente y al vicepresidente del Estado plurinacional; sin embargo, la impunidad era tal que daba para sospechar de este extremo.  

La red pretendía cobrar una fuerte suma de dinero a Jacob Ostreicher a cambio de sacarlo de la cárcel, así también para quitarle los bienes e inversiones como la cosecha de arroz que este supuestamente habría realizado en Bolivia, cuando sabían que el arroz pertenecía a Rodríguez Espitia; la supuesta cabeza de la red de extorsión era el director jurídico del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera Tardío, apoyado por otros altos funcionario como el director nacional  de Gestión Pública de ese entonces, José Manuel Antezana, así como por Ramiro Ordoñez, exfuncionario de Dircabi, Isabelino Gómez, exfiscal de distrito de Santa Cruz; Jeanette Velarde Luna, exfiscal directora de las investigaciones del caso Ostreicher; Zenón Edmundo Rodríguez Zevallos, juez de instrucción que tenía jurisdicción del caso Ostreicher y otros funcionarios de menor rango.  Lamentablemente nunca se imputó a los ministros del área, que son los autores intelectuales de los casos de extorsión.

A la fecha, el proceso por la red de extorsión se encuentra en etapa de juicio oral, y las exautoridades se tendrán que defender en el banquillo de los acusados. La cabeza de esta red,  Fernando Rivera Tardío, ya cuenta con juicio abreviado porque reconoció su culpa y tiene una sentencia de tres años, cuando Claudia Liliana sigue en proceso injusto que ya lleva más de nueve años.

 

La infamia continúa

Rodríguez Espitia nunca buscó el apoyo de su embajada, como lo hicieron otros extranjeros que alguna vez fueron acusados injustamente en nuestro país; ahora sigue arraigada, no puede salir de nuestro país a ver su familia. Bolivia, se ha convertido en su cárcel. Sin embargo, como abogado e intelectual, espero que llegue el día que se haga justicia y se levante el arraigo impuesto sin razón alguna y ella pueda alzar vuelo y retornar cuando quiera. 

Con la finalidad de dejar en claro acerca del delito de legitimación de ganancias ilícitas, hay que adentrarnos un poco a cuando fue creado nuestro ordenamiento jurídico: la legitimación de ganancias ilícitas se estableció en marzo de 1997 con una pena de 1 a 6 años, antes de ser modificado por la Ley 004 el año 2010,  por lo que por el principio de vigencia de la ley penal, se aplica la pena de 1 a 6 años al presente caso, es decir que, en el supuesto que fuera culpable que no lo es según el informe de la IDIF, estuvo detenida preventivamente más del mínimo de la pena, es decir 22 meses, y se encuentra arraigada sin salir del país más allá del máximo de la pena que le hubiese correspondido seis años . Al presente, abril del 2020, han transcurrido 9 años y nueve meses desde su detención desde el inicio del proceso en diciembre del año 2010.

Este año recién intervino su embajada, el 9 de enero de 2020 Ana María González Betancourth, encargada de funciones consulares de la Embajada de Colombia ante   Bolivia envío una carta oficial Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, pidiendo: “a. Auditoria jurídica al proceso Penal Nro. FELCN-SC-X-518/11, IANUS: 201047460;  b. Auditoria jurídica del caso Fis Anti 012021/2012, caso de red de extorsión, donde nuestra connacional también es víctima; c. Establecer las responsabilidades del personal dependiente del Ministerio de Gobierno, en la Dirección de Régimen Penitenciario del año 2011 y 2012 por los ilegales traslados de la víctima Claudia Liliana Rodríguez Espitia; d. Establecer las responsabilidades de los fiscales que estuvieron a su turno a cargo de la investigación, tomando en cuenta que ninguno de ellos cumplió con su deber de hacer conocer a este Consulado sobre la detención, el traslado o el procesamiento de la detenida, negándole de esta manera el derecho fundamental a la asistencia consular; e. Adelantar gestiones para que la víctima obtenga, un procedimiento legal y apegado a los principios de la justicia”.

Hace unos días se realizó una audiencia para solicitar se levante el arraigo que Rodríguez Espitia sufre desde hace nueve años, nuevamente el juez le negó “porque faltaban ciertos detalles”, pura chicanería judicial. Mientras tanto ella sigue trabajando, creando empresas y empleo en un país que se ha convertido en su cárcel. Lo que le sucedió y le sucede a Claudia Liliana no es la excepción, es la regla en un Estado que institucionalizó la extorsión tanto en lo jurídico, lo político como lo impositivo.

 Tenemos que recuperar nuestra capacidad de indignación para evitar que la pandemia siga atacando a todos los estratos sociales, es la única forma de que nuestra sociedad cambie y nosotros mejoremos como seres humanos solidarios y justos.

En pleno siglo XXI Bolivia vivió una década que bien puede estar registrada en la “historia universal de la infamia”, como tituló el escritor argentino Jorge Luis Borges a uno de sus inolvidables textos; fue una época oscura en la que a nombre de la justicia se cometieron los peores crímenes; una época en la que toda acción política o emprendimiento privado era susceptible de extorsión. Una de las víctimas de este sombrío periodo de nuestra historia, fue Claudia Liliana Rodríguez Espitia, joven empresaria colombiana que había decidido invertir en nuestro país confiando en las garantías constitucionales para los emprendimientos privados y en las reglas internacionales de respeto a los derechos humanos.

 

 

 


   

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