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Las amenazas letales de los transgénicos

Dos decretos de Morales y Añez contradicen la CPE, que prohibe la importación y producción de alimentos genéticamente modificados.
viernes, 4 de septiembre de 2020 · 00:00

José Luis Saavedra
Profesor de Teoría y Política Poscolonial

Este  viernes 4 de septiembre se va a realizar una audiencia pública sobre una “acción popular” de rechazo total a los decretos que autorizan cultivos transgénicos en Bolivia (decretos supremos 4232 y 4238 firmados por Jeanine Anez, así como el Decreto Supremo 3874 firmado por Evo Morales), que presentaron líderes indígenas, expertos científicos y activistas, y que fue admitida el 16 de julio ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Para entender de qué se trata esta demanda ciudadana conviene referir algunos antecedentes. Uno de los más importantes es que Evo Morales autorizó, a través del Decreto Supremo  3874, del 18 de marzo de 2019, al Comité Nacional de Bioseguridad, evaluar y aprobar el uso de los “eventos transgénicos” soya HB4 (resistente a la sequía) y soya Intacta Pro (resistente a plagas) destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal, es decir para su uso en la producción de biodiesel.

De una manera muy parecida al plagio y en perfecta continuidad con la política radicalmente extractivista y depredadora del régimen MASista, el gobierno de Jeanine Añez aprobó, el pasado  7 de mayo, el Decreto Supremo 4232, que “de manera excepcional, autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos”.
Los decretos en cuestión son inconcusamente anticonstitucionales, ilegales e ilegítimos. El Artículo 255, numeral 8, de la Constitución Política del Estado (CPE) establece la más absoluta “prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.

Más aún, el Artículo 24 de la Ley 300 de la Madre Tierra determina “desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad” y prohíbe rotundamente “la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”.

Por ello mismo, el día lunes 13 de julio de 2020 los pueblos indígenas y la sociedad civil organizada han presentado una acción popular a la sala constitucional primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para suspender: derogar/abrogar los decretos que avalan la evaluación abreviada de cultivos transgénicos. Se trata pues de que queden sin efecto los decretos supremos que autorizan la elaboración de procedimientos abreviados para la introducción de semillas genéticamente modificadas.

La acción popular interpuesta demuestra la necesidad urgente de suspender la aprobación del DS 4232/20 y su modificación establecida en el DS 4238/20, “por amenazar (…) al patrimonio genético y cultural sobre las semillas nativas, la biodiversidad y el medio ambiente sano, en su doble dimensión: como sujeto de derechos y por las funciones que cumplen respecto del resto de los seres vivos y la salubridad pública”.

En la indicada acción popular también se detallan las amenazas que conlleva el DS 4232: 

1. Amenaza directa al patrimonio genético, cultural y natural de Bolivia, que son sus semillas nativas y en especial al maíz nativo. 2. Amenazas a la Madre Tierra y Biodiversidad. 3. Afectación a los componentes de la biodiversidad y fauna nativa. Y 4. Afectación a los bosques y los suelos. Ergo, el modelo de producción agroindustrial transgénico es un atentado directo contra la CPE, la salud y la vida del pueblo boliviano, el equilibrio de los ecosistemas, la biodiversidad y la economía del país.

Y, como bien dice la Asamblea por los Bosques y la Vida, las cinco especies de transgénicos que se pretenden introducir al país están inevitablemente ligadas a los herbicidas, que implican una serie de tóxicos para el ser humano, la biodiversidad y el medio ambiente. Estos organismos genéticamente modificados vienen pues acompañados de peligrosos agroquímicos como el glifosato o glufosinato de amonio, que son herbicidas que matan, enferman y contamina todas las plantas, suelos, aguas y especies a su alrededor, menos a la planta transgénica que tiene una modificación genética para resistir a este compuesto.

La Asamblea por los Bosques y la Vida convoca por tanto a la vigilia permanente de la audiencia por la acción popular el día viernes 4 de septiembre para garantizar transparencia en su desarrollo. Aclara igualmente que el plan de defensa de la vida también incluye intensificar la campaña contra el ecocidio y el extractivismo, a nivel nacional e internacional, porque es un derecho legítimo y el derecho de la Madre Tierra para evitar las crisis sistémicas simultáneas que condujeron a la actual pandemia mundial.

Finalmente, la Asamblea por los Bosques y la Vida denuncia públicamente el amedrentamiento a activistas, científicos, ciudadanos y jueces y se declara en movilización ante las alevosas amenazas del señor Pantoja (cfr. “Anapo se declara en emergencia ante acción popular contra agrobiotecnología”, Los Tiempos, 24 agosto 2020). 

Recordemos que Bolivia es firmante del acuerdo internacional de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), que protege a los defensores de derechos humanos y ambientales. El Estado Plurinacional tiene por ende la obligación de cumplir con los acuerdos internaciones, la CPE y resguardar los derechos ambientales del pueblo boliviano.

¡NO a los transgénicos! ¡Sí a la agricultura orgánica, ecológica y natural! ¡Todos por la madre tierra y la vida!
 

 

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