Polémica y división en el organismo regional

Visiones irreconciliables, la disputa regional por el control de la CIDH

La decisión del Secretario General de la OEA de no renovar el contrato del secretario ejecutivo de la CIDH ha generado una polémica que no para de crecer.    Sobre el funcionario de la CIDH pesan 61 denuncias de acoso laboral. El embajador Jaime Aparicio dice que no se viola ninguna autonomía.
viernes, 4 de septiembre de 2020 · 00:01

Fernando Chávez Virreira
Periodista

 

La decisión del secretario general de la OEA Luis Almagro, de no renovar el contrato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el brasileño Paulo Abrão, ha generado un impasse institucional y un intenso debate jurídico-laboral dentro de ese organismo.  ¿Qué hay detrás de esta polémica entre la OEA y la CIDH?

La CIDH acusa a la OEA de  injerencia, incluso de una  afrenta contra su independencia.

 El embajador boliviano ante la OEA,  Jaime Aparicio,  dijo a Ideas que “muchos países reclaman que en los últimos años la comisión ha perdido su independencia precisamente porque la secretaría ha sido manejada con criterios ideológicos muy claros a partir de que los países del socialismo del siglo XXI tuvieron mucha influencia en la OEA; pusieron comisionados como miembros  que hicieron mucho activismo político”. 

El diplomático critica las acciones de la CIDH.  Y pone como ejemplo el caso de un anterior comisionado brasileño, Paulo Vanucci, que fue ministro de DDHH de Lula y que “lamentablemente fue el relator para Bolivia, y fue una de las causas por las que durante todos estos 14 años de gobierno de Evo Morales no se hayan visto casos de Bolivia; todos fueron archivados, solo se aprobaron tres medidas cautelares y, curiosamente, cuando hubo el cambio el 20 de octubre se han producido en tres meses diez medidas cautelares”.

La CIDH no se pronunció hasta hoy sobre si  la reelección en Bolivia era o no “un derecho humano”. Esta omisión desencadenó la violencia que vivió el país entre octubre y noviembre de 2019.

  Aparicio sostiene  que no se trata de una discusión sobre la autonomía, sino sobre los casos que se han presentado y que no han sido resueltos en todo este tiempo, sobre esas acusaciones de abuso laboral y otras que no conocemos, porque en este momento todavía son reservadas. Pero 61 acusaciones es algo muy grave”.

“Abrão enfrenta 61 denuncias de distintos tipos, incluyendo maltrato laboral y abuso de los procedimientos de la comisión en contrataciones, concursos, etcétera. Hay diversos tipos de denuncias que en todo este tiempo no han sido respondidas por la comisión y por esa razón el Secretario general ha decidido no renovar el contrato de Abrão”, explica el embajador. 

El diplomático boliviano sostiene que se debe hacer una distinción: la CIDH tiene siete miembros elegidos en una asamblea general por un periodo de cuatro años, con una sola reelección. Esos comisionados, y esa comisión, es la que tiene la autonomía de funcionamiento y de decisión. De acuerdo a la Convención Americana, la OEA brinda los servicios de secretaría a esos comisionados y tienen esta secretaría (ejecutiva), que es parte de la OEA. 

“El secretario ejecutivo es un funcionario que tiene un cargo de confianza del Secretario General de la OEA, en el plano administrativo, pero es elegido por la CIDH desde hace varios años. Ésta, en consulta, según los estatutos, con el Secretario General, elige y/o reelige por una vez al secretario ejecutivo. Por eso hago esta distinción entre la comisión y la secretaría, porque acá vienen los problemas que se han presentado”, explica Jaime Aparicio.

Almagro justificó la decisión de no renovar el contrato ante las citadas denuncias.  El secretario de la OEA se pronunció mediante comunicados, en los que asegura que “de ninguna manera incorporaré o reincorporaré a ninguna persona sobre la cual penden 61 denuncias. Más allá de la presunción de inocencia, es desconocer la gravedad que tienen estos hechos y que la CIDH tuvo más de un año para materializar esa presunta inocencia trasladando lo informado por la Ombudsperson a las instancias de la OEA correspondientes”.

Por su parte, la comisión reaccionó con su “más enérgica protesta”, alarmada ante lo que considera un “grave embate contra su independencia y autonomía”. En enero de este año, el organismo de derechos humanos había decidido por unanimidad renovar el mandato de Abrão para el periodo 2020-2024.

La CIDH y las demandas  de Bolivia

Para José Rafael Vilar, miembro de la Asociación Iberoamericana de Consultores Políticos y experto en análisis estratégico y político, los organismos regionales de DDHH (la comisión y la corte) fueron diseñados para defender los derechos de todos los latinoamericanos. 

“Sin embargo, cuando encontramos entre los países que ahora conforman el Consejo a Angola, la República Democrática del Congo, Libia, Sudán y Venezuela y hasta recientemente Siria y Arabia Saudita, países violadores de los DDHH que tiene que defender el consejo como mandato, entran dudas de su efectividad. En el caso de la Comisión regional, la CIDH, para los bolivianos es bien conocido cómo, sobre todo en los últimos años del gobierno del MAS, la CIDH fue muy lenta en las demandas contra violaciones de los derechos por parte del gobierno y muy presta en tomar posiciones favorables al MAS”, asegura Vilar.

Sobre la controversia si hay una división ideológica, Vilar sostiene que “los DDHH son iguales para todos, porque no hay latinoamericanos con derechos de primera ni de segunda”.

 

Influencias y autonomía

El presidente de la CIDH, Joel Hernández, dijo a la agencia EFE que “es una limitación enorme de nuestra autonomía. Para que la comisión pueda llevar a cabo su trabajo libre de influencias políticas requiere de su autonomía e independencia, de la cual, la piedra angular es el rol que tiene el secretario ejecutivo. La comisión no puede actuar de manera autónoma e independiente si no tiene la capacidad de decidir quién va a estar al frente de su secretaría ejecutiva”.

Grupos de derechos humanos de la región también salieron en defensa de la autonomía de la CIDH y catalogaron la decisión de Almagro como una interferencia en los asuntos internos de la comisión.

Almagro sostiene que hay una campaña de desinformación desde la CIDH para “hacer creer que su autonomía está en riesgo”. “No tengo ningún interés ni deseo de participar en la selección del próximo secretario ejecutivo, ni participar en las discusiones que lleven a su elección, ni de escogerlo por mi parte; ese proceso corresponde y corresponderá a la CIDH”, dijo.

Hector Schamis, académico argentino y profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown, dice que “llama la atención la respuesta colectiva de muchas ONG repitiendo lo de la ‘independencia y autonomía’ de la CIDH sin hacer una sola referencia a las denuncias sobre las irregularidades cometidas por el secretario ejecutivo, ni a las víctimas. Dejan entrever que en este caso defienden su interés corporativo y no el supremo valor universal de los DDHH que, se supone, promueven y protegen”.

Sobre las denuncias que pesan sobre Abrão, el jefe de la CIDH dice que “la secretaría general habla de decenas de denuncias. De hecho, son 60 y eso tiene que ponerse en contexto. No son 60 denuncias, no son 60 casos, en realidad son 60 visitas, que es muy distinto y no todas son de la misma naturaleza. No todas son acciones dirigidas contra el secretario ejecutivo”.

¿Revela esta situación una fractura entre estos organismos? ¿Una pugna regional entre derecha e izquierda?

Para Aparicio, “hay una huella de la gran fragmentación, se ha visto en este caso de la CIDH, y en las posiciones del Grupo de Puebla, excancilleres y autoridades totalmente desacreditadas, como el excanciller brasileño Celso Amorim y David Choquehuanca”.

Han habido, agrega, reacciones de algunas instituciones. “En este conflicto solo hubo dos apoyos claros a la CIDH: Argentina y México, lo que muestra claramente esta fragmentación que hay en este momento. En la OEA están México y Argentina por un lado y el resto de los países que están en una posición más equilibrada para buscar soluciones institucionales y no ideológicas; pero hay esa división y se refleja en el seno de la OEA, en las CIDH, en Naciones Unidas y en muchos de los organismos de la sociedad civil también”.

 

¿Quién es Paulo Abrão?

José Rafael Vilar afirma que “Abrão es un profesional muy cualificado, que ha ocupado importantes responsabilidades en Brasil (fue secretario nacional de Justicia en el gobierno de Dilma Rousseff) y en el Mercosur, además de otras misiones internacionales. En el cargo en la CIDH, del que fue destituido, fue designado por Almagro en 2016. No tengo elementos para decir que es un ‘manipulador’ pero sí ha dado a la CIDH una tónica cercana a las posiciones de gobiernos (actuales y pasados) vinculados con el Foro de São Paulo”.

Abrão   sustituyó en 2016 en la secretaría ejecutiva de la CIDH al mexicano Emilio Álvarez Icaza. Con amplia experiencia en los ámbitos de derechos humanos, Abrão tenía  planes para modernizar la CIDH. Especialmente jugó un papel relevante en la crisis en Nicaragua, donde centenares de personas murieron tras las protestas que estallaron en 2018 contra   Daniel Ortega.

Sobre las 61 denuncias que pesan sobre este funcionario, Vilar afirma que “si existen las denuncias, deben procederse a investigar y si han sido investigadas,  aplicar la ley”.

“Entiendo que cumplió su ciclo designado y era potestad de quien lo designó el renovarle o no en el cargo. Otras situaciones, como las denuncias de acoso, que son violaciones de los derechos de las mujeres, deben ser aclaradas correspondientemente”, agrega.

Al ser consultado sobre cuál es la salida para resolver esta crisis, el analista y experto Vilar sostiene: “Desde hace unos años, sobre todo tras la toma de posición crítica de Almagro y la mayoría de los miembros de la OEA respecto de Venezuela, coincidente con salida del poder de varios gobiernos cercanos al Foro de São Paulo, esta crisis (de interpretación de DDHH y ciudadanos más que maniquea de “derecha e izquierda”) existe. La solución pasa por conseguir un equilibrio entre la defensa de los DDHH y las diferentes tendencias ideológicas comprometidas con la democracia en la región, un justo medio muy difícil por las confrontaciones políticas y de poder”.

Según el embajador Aparicio, el secretario Almagro ha propuesto a la CIDH públicamente que le presenten un nuevo candidato y que él respetará la decisión de la CIDH. “La única condición es la que le dan las leyes y los estatutos de la OEA y de la comisión, y es que esa persona reúna las condiciones de independencia y de idoneidad para ejercer el cargo. Tiene que ser una persona con prestigio, un jurista que conozca el tema de DDHH y que no sea militante de ningún partido u organización política”. 

“Si esa persona reúne esas condiciones, la va a nombrar sea quien sea y está ahora en manos de la comisión decidir si va a continuar tratando de mantener a Abrão o irá por una solución: encontrar a esa persona que le dé un nuevo impulso a la CIDH”, agrega.

 

El informe sobre Bolivia

Jaime Aparicio criticó también un reciente informe de la CIDH sobre los conflictos que se vivieron en el país entre octubre y noviembre de 2019.  “Es un informe poco serio, muy parcializado, que lo hemos, por supuesto, desconocido y hemos pedido una investigación seria”. 

“Se trata de un informe preliminar hecho con mucha rapidez, sin haber presenciado los hechos entre el 20 de octubre y la fuga de Evo Morales. Las marchas pacíficas; todo eso fue ignorado, se calificó irresponsablemente como ‘masacre’ los hechos de Senkata y Sacaba, sin pruebas balísticas ni forenses. Tampoco se menciona el fraude electoral, que es una violación a la Convención Americana de DDHH; se pasaron por alto detalles, se confundió a la gente diciendo que había grupos civiles armados, enfrentados de uno y otro lado, cosa que no es cierta”, dice el embajador Aparicio.

Por el momento, las conversaciones entre la OEA y la CIDH no han encontrado un punto de encuentro. Según el embajador Aparicio, “este capítulo va a seguir”.

Según Joel Hernández, presidente de la CIDH, “es evidente   que llegamos a un momento en donde no encontramos un punto de encuentro, no he logrado convencer al secretario general de que compete a la Comisión la decisión de la renovación del mandato de Paulo Abrão. Tenemos visiones distintas que parecen irreconciliables y hoy no veo un espacio para avanzar en la dirección correcta”.

La CIDH considera que Abrão sigue siendo el secretario ejecutivo.

 

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