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Corrupción y reproducción del poder en Bolivia

La ley SAFCO tiene limitaciones para otorgar transparencia a la gestión pública y la norma de acceso a la información no se cumple.
domingo, 17 de enero de 2021 · 05:00

Ángel Arteaga y Jorge Ríos
Plataforma Ciudadana UNO

Si bien la corrupción es un fenómeno complejo, de múltiples causas y efectos, que involucra a distintos actores, en esta oportunidad nos centraremos en el ámbito político por la dimensión e impacto de los problemas que genera. La corrupción en los poderes públicos corroe la capacidad del Estado, erosionando la confianza de la ciudadanía en las instituciones. 

Los efectos son la pérdida de legitimidad y desgaste de los gobiernos y, el descrédito de todo el sistema político sin distinción. Esta pérdida de credibilidad por corrupción se pudo observar en el  gobierno de 14 años del MAS y el corto interregno de Jeanine Añez; en ambos casos, les significó su debilitamiento y caída de su imagen política. La corrupción es un fenómeno persistente y no existen garantías de que en el futuro vaya a desaparecer.

Como se sabe, la corrupción tiene íntima relación con el poder, la gestión pública y los sistemas administrativos que regulan la utilización de los recursos económicos y humanos que intervienen en el ciclo de la gestión pública del aparato estatal y para la provisión de los servicios públicos. En nuestro país, ya en el lejano 1990 se promulgó la ley 1178 -más conocida como Ley SAFCO- que aún está vigente. Esta norma establece los sistemas de administración, procesos e instrumentos  para que las entidades sean manejadas con criterios técnico-administrativos, incorporando la responsabilidad del servidor público por la función pública, para impedir, o en su caso identificar y comprobar, el manejo incorrecto de los recursos fiscales, a objeto de minimizar la corrupción.

La experiencia de los últimos 15 años muestra las limitaciones de la ley 1178 para otorgar transparencia a la gestión pública y situar la agenda ciudadana de lucha contra la corrupción como una prioridad. Esta demanda se exacerba cuando estalla un escándalo por algún caso de corrupción o falta de ética de algún servidor público; por lo mismo, urge rediseñar medidas estructurales de largo plazo que superen la mera condena social y los justificados llamados a la conciencia individual.

Esto podría lograrse, en un contexto favorable a la institucionalidad democrática, mediante la implementación de programas y estrategias de desarrollo institucional integral que requieren una nueva ley de gestión y administración gubernamental acorde al carácter autonómico del Estado, manteniendo las fortalezas, incorporando nuevos elementos y eliminando lo que no funciona de la actual norma. Complementariamente, se debiera reconstruir una institucionalidad que garantice la eficiencia y eficacia de las políticas, planes, programas y proyectos estatales de crecimiento y desarrollo socioeconómico. 

A pesar del escepticismo, la temática expuesta cobra pertinencia al encontrarnos ante un escenario electoral sub nacional aún no dirimido y con un gobierno nacional que debería estar obligado a luchar contra la corrupción.

 

Ley de acceso a la información

A principios del siglo, Bolivia podía presumir de ser uno de los primeros países en iniciar el tratamiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. 20 años después figura, junto con Venezuela, entre aquellos que no cuentan con una ley que permita ejercer este derecho constitucionalizado a partir de 2009. 

El único antecedente aún vigente, es el Decreto Supremo 28168 de 17 de mayo de 2005, aprobado en la presidencia de Carlos Mesa para garantizar el acceso a la información, como derecho fundamental y promover la transparencia en la gestión del Poder Ejecutivo. Este Decreto establece las definiciones, medios y obligaciones para hacer pública la información correspondiente a la gestión y a las actividades sustantivas de las instituciones públicas. 

Sobre la base del Decreto 28168 y los principios de transparencia y publicidad,  sustentados por las leyes sectoriales vigentes, el derecho al acceso a la información pública debiera materializarse. Lamentablemente en Bolivia este acceso  es restringido por voluntad de los hacedores de política pública; ejemplos sobran. 

El último se refiere a la insólita incorporación de una cláusula de confidencialidad sobre el precio de las vacunas rusas contra la Covid-19. Este hecho, censurado desde distintos frentes, incluso dentro el MAS, ha sido propicio para volver a demandar el tratamiento de la Ley que duerme el sueño de los justos. Lo hizo CONADE, desde la sociedad civil y lo reitera la plataforma UNO.  

La opacidad, ausencia e ineficaz información que se incorpora a los portales web de distintas instituciones ha sido denunciada reiteradamente y por diferentes medios. Preocupa la falta de información y transparencia sobre la salud financiera y rentabilidad de las empresas públicas y ahora, en medio de una crisis económica, esta sombra se cierne incluso sobre las variables, estadísticas y macroeconómicas.

El gobierno del MAS nunca mostró interés genuino en retomar la discusión sobre el tema, algún momento desempolvó los proyectos de ley trabajados hasta el año 2005, los ajustó excediéndose en la incorporación de cláusulas de excepción sin justificar los criterios de daño e interés públicos que dichas cláusulas debían proteger, al extremo que se la calificó como “ley de acceso a la desinformación pública”. El proyecto de ley sigue archivado mientras desde la sociedad civil, (Asociación de Periodistas de La Paz)  y algunas asambleístas de la pasada legislatura  intentaron, sin éxito, la reposición de su tratamiento.

El control y manipulación de la información, es parte de la estrategia de reproducción del poder político, a través de la construcción de pos-verdades y el posicionamiento de narrativas desde el poder. Por ello, no solo debe retomarse la discusión de esta ley, sino que deben activarse instancias que desde la sociedad misma aporten para alcanzar este derecho, vital entre  los desafíos pendientes  de la democracia.

 

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