Administración

Crisis de gestión en el Cerro Rico

El Cerro fácticamente está en fase de destrucción. Urgen acciones con voluntad y decisión por parte del Estado, dice esta investigadora.
domingo, 24 de enero de 2021 · 05:00

Beatriz Loaiza Bejarano
Investigadora independiente

 

La gestión y administración del Cerro Rico  (CR) por su naturaleza y condición corresponde al Estado y como tal, analizaremos su gestión dentro de la cronología de los 80 a la fecha, período de cambios estructurales que afectaron a Potosí con sucesos como la sequía y acontecimientos como su declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, promoviendo una aparente dualidad y función entre la categoría adquirida y la continuidad de la explotación minera. 

Veremos de forma enunciativa, parte de los factores que determinan un ciclo que se va cerrando con resultados muy críticos y amenazantes para el CR y   a la subsistencia misma de Potosí, y que bien pueden tomarse en cuenta  para revertir una situación que además, muestra ingobernabilidad en términos políticos.  

Como se conoce, cambios de  gestión política y  política económica  vienen como fin del período del estaño y del nacionalismo, debido a causas exógenas y calidad de la gestión económica. Se instala la explotación polimetálica, se reforman  estructuras, viene la relocalización, el Estado da paso a nuevos actores. El CR es explotado por Comsur para pasar al ciclo de la plata y dominio transnacional al cooperativista actual.

La minería es en realidad, una actividad económica. H. Córdoba, (2015,34) afirma  dos preponderantes: la importancia del régimen impositivo minero, que es la renta de la que vive el Estado, y la cuestionada situación para las inversiones mineras derivada de la primera. Para el CR esto significó concesiones a un solo inversor  y exenciones a cooperativistas, convertidos hoy en el rostro visible e indeseable de operadores mineros que engloba a más de una docena de actores comprometidos en menor y mayor grado en su depredación. 

Las políticas mineras con frondosa legislación determinaron que de la cadena de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización, se deje la industrialización a la zaga, qué decir del medio ambiente y contaminación y el ámbito laboral, distorsionado por la conversión del “cooperativismo-empresariado”. Desconocer estas y otras variables a pesar de la vasta literatura minera, demuestra que no hubo voluntad y condiciones para la planificación minera,  menos un plan para que el C R se explotara  racionalmente y de forma transparente.

Convertida en arrendataria y socia, Comibol concedió (2003 y 2004) áreas del CR   a   Coeur, con sede en EEUU, y representada en Bolivia por la empresa Manquiri. Con el proyecto San Bartolomé, hace 17 años, la transnacional explota los desechos ambientales (pasivos, sucus y pallacos) de la superficie del CR mediante contrato de riesgo (no aprobado en el Congreso) compartido con 7 cooperativas y otras 27 luego. 

Esta falta de información de relación  entre Estado-operadores en el CR, tampoco aclara si hubo adecuación  a  la  Ley  535/ 2014 y deja  en la nebulosa  su situación legal en un periodo donde se afirma que el proyecto San Bartolomé está en fase de declinación.  

 En diciembre de 1987, Potosí obtuvo la categoría de Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad  de la Unesco. La gestión  de Culturas para su preservación se inició el 2003 y para el 2004 se tenía  monitoreo y valoración sobre la preservación del Cerro por parte de la Unesco.

16 años de reuniones, misiones, inspecciones, estudios, informes, visitas  y normas para regular actividades mineras,  comité de coordinación para la preservación del CR  –compuesto por los tres niveles de gobierno, representaciones locales llegando en número a 17 agentes–   se tradujeron en  un escenario inmanejable cuyas consecuencias son las actuales.

Las recomendaciones del comité del patrimonio mundial de la Unesco hasta el 2013, para contar con estudios sobre las condiciones y estabilidad del Cerro Rico (geofísico, topográfico y geotécnico), advirtieron contundentemente sobre amenazas a la estabilidad global, debilitamiento de la estructura rocosa, recomendándose no realizar actividad minera según el mapa de riesgos.

Lo peor  viene el 2014, cuando se inscribe al CR como patrimonio en riesgo. Otras recomendaciones, como el elaborar un plan de manejo del sitio, quedaron en cierne.   Delineado por la Unesco con agentes nacionales y locales (2015-18), no garantiza  el retiro del CR de la lista roja porque el Estado boliviano  sigue incumpliendo  compromisos.

Visto y demostrado que la administración y gestión minera en el CR no ha revertido problemas económicos, sociales y técnicos, la situación laboral es atentatoria a los derechos de los trabajadores y el Cerro fácticamente está en fase de destrucción. Urgen acciones con voluntad y decisión por parte del Estado, representado en las dos cabezas de sector identificadas  como responsables principales.    

Formular y ejecutar  un plan de contingencia con los instrumentos que cuenta el Estado  a través de sus instituciones para restablecer gobernabilidad, demostrar transparencia y liberar la sobre explotación minera del CR como el factor principal de daño (principio fundamental  para la conservación en términos de preservación de bienes culturales y patrimoniales,  es imperante.

En el mediato plazo, la administración para la gestión del CR requiere ser concentrada en una sola institución, independiente, desconcentrada, sostenible y con competencia total en la administración del sitio  y de las áreas declaradas Patrimonio Histórico y Cultural. La construcción de otra institucionalidad  es posible aun con la legislación minera  vigente para garantizar organización, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación.

No proceder en esta  ruta es la desaparición del CR, que por toda su carga simbólica, significados y potencialidades, hace responsable al Gobierno, que independientemente de su color político, debe una  respuesta a Potosí, a  Bolivia,  al mundo y a la historia.

 

 

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