El futuro de San Cristóbal

En tanto exista demanda de minerales y precios en expectativa, la proyección de la vida útil de esta empresa se extenderá hasta el año 2050, según este análisis.
domingo, 3 de octubre de 2021 · 06:00

El padre Alonso Barba en la colonia (1640) escribió su libro en Potosí El Arte de los Metales, en cuyo contenido –además de otros sistemas– trataba la explotación de las denominadas escorias, producto del primer proceso metalúrgico. Probablemente hoy día, el padre Barba quedaría gratamente sorprendido que luego de casi cuatro siglos la Empresa Minera San Cristóbal procesará residuos oxidados de baja ley del beneficio de la explotación de sulfuros de zinc, plomo y plata.

El debate contemporáneo en el tema de la producción minera, está entre quienes sostienen que la minería privada se lleva gran parte de la “torta” económica, por tanto, sustentan que toda la cadena productiva sea administrada por el Estado; las políticas públicas sobre minería, no incentivan la inversión privada ni pública, es algo así como “el perro del hortelano”, ni invierte ni crea las condiciones para la inversión privada; como dato explicito Bolivia exporta $us 4 mil millones al año por venta de minerales, en tanto Chile y Perú exportan 10 veces más.

El termómetro que mide la eficiencia de una empresa minera es el ingreso al fisco, generación de fuentes de trabajo, sostenibilidad del proyecto con capital financiero y tecnología, cuidado del medio ambiente y salud de los trabajadores.

Con estos criterios se describe a San Cristóbal como el emprendimiento minero más grande que se ha hecho en Bolivia figurando como la tercera mina de plata y la quinta de zinc –a cielo abierto– más grande del mundo; es un asiento minero nuevo que a partir de 1995 inicia un proceso de exploración, con los objetivos de controlar estrictamente la gestión de salud, seguridad laboral e industrial, preservar el medio ambiente y el desarrollo sostenible de las comunidades aledañas.

Inicia su actividad productiva el  2007 con una inversión de $us 1.800 millones. Para 2019 tenía 1.381 trabajadores. Desde el inicio de sus operaciones hasta diciembre de 2020 por concepto de regalías mineras aportó al departamento de Potosí y al municipio de Colcha  598,8 millones de dóalres, es decir, en impuestos netos (incluyendo regalías mineras) contribuyó a la región y al país  1.950,5 millones.

La empresa, dando continuidad al tratamiento de minerales, además de cumplir con los compromisos legales del cierre de operaciones y, con el objetivo de dar sostenibilidad tiene planificado los siguientes proyectos:

 El primer proyecto inside y outside desarrollará nuevas áreas con potencial minero de sulfuros y óxidos que se encuentren en el área de operación de la empresa y fuera de su límite. Este proyecto en ejecución ampliará la vida útil de San Cristóbal hasta el año 2027.

El segundo proyecto de óxidos busca la recuperación de plata metálica a través de un proceso hidrometalúrgico presente en la mineralización argentífera oxidada existente en el distrito minero. La ingeniería en detalle del proyecto de óxidos tiene un avance del 90%, el desarrollo del proyecto está sujeto a una inversión de más  300 millones de dólares y también al precio del metal, las condiciones del entorno social y político.

El tercer proyecto, Grade Engineering, (técnica de alta calidad) con una inversión de $us 4 millones, clasificará materiales con bajos contenidos de metal. Se procesarán cerca de 24 millones de toneladas de baja ley de las que se obtendrán 6 millones de toneladas de material fino con destino a la planta.

El cuarto proyecto, Toll Milling, (transportar a molienda) está orientado a procesar material de baja ley de otras minas del país; en la actualidad una importante cantidad de minerales con leyes entre 2 y 15 % de zinc no es procesada en Bolivia, lo que se convierte en una interesante oportunidad considerando que la planta de procesamiento con la que cuenta, está diseñada para procesar mineral de baja ley.

El proyecto presenta un componente de gestión de política importante ya que debe ser negociado con la participación del gobierno nacional, departamental, las cooperativas y el sector privado.  Este proyecto trae buenas noticias para el país, especialmente para Potosí, en tanto los pasivos mineros existentes en muchas minas del departamento podrán ser tratados beneficiando sus utilidades a Potosí, los propietarios y al sector agropecuario, hoy día contaminado por la minería.

Este modelo de emprendimiento minero tiene sus virtudes en tanto exista demanda de minerales y precios en expectativa, posibilitando que San Cristóbal proyecte su vida útil e inclusive el cierre paulatino y planificado de sus operaciones hasta el año 2050.

La minería ha sido, es y será la principal actividad productiva del departamento de Potosí, por tanto, es importante que los recursos económicos que genera esta actividad sean utilizados en el desarrollo departamental. Todos los emprendimientos mineros de Potosí, inclusive San Cristóbal, durante estos últimos años han trabajado en cumplimiento a la Ley de Minería y Metalurgia, la Ley  Marco de Autonomía y Descentralización Andrés Ibáñez (Ley 031), observándose los resultados económicos líneas arriba que favorecen sustancialmente al gobierno central debido a la Ley 031 que en su Art. 87 dispone que “el nivel central de forma exclusiva creará los mecanismos de cobro por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así como también podrá crear y administrar reservas fiscales de recursos naturales”; y en su Art. 92 dispone que “es competencia del gobierno central la elaboración de políticas y estrategias nacionales de desarrollo productivo”.

Estas disposiciones impiden el uso de los beneficios económicos provenientes de la explotación de recursos naturales y además no permiten la planificación coordinada de los gobiernos departamentales con los gobiernos municipales en la elaboración de sus planes de desarrollo manejando sus propios recursos.

 Es necesario que la Ley 031 sea reformulada para permitir la autonomía en la planificación del desarrollo regional, utilizando los beneficios económicos provenientes de sus recursos naturales, pues es inadmisible que Potosí, teniendo los índices más bajos de desarrollo humano, los más altos de migración y de pobreza, siga subvencionando los gastos públicos del gobierno central.

 

Sergio Medinaceli Soza / Periodista

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