La criminalización de lo político

domingo, 14 de noviembre de 2021 · 05:00

Hernando Calla

El informe del primer año de gestión de Luis Arce ante el gritamento (otrora parlamento) nacional permite comprobar otro uso que le darán los MASistas a su relato de golpe, gobierno de facto, derecha golpista, magnicidio, conspiración, desestabilización, separatismo, etcétera. Si Evo Morales se pasó 14 años justificando sus gestiones mediante comparaciones absurdas con las de “gobiernos neoliberales”,  Arce se pasará el tiempo que le queda justificando la mediocridad de su gestión comparándose ridículamente con los 11 meses del supuesto gobierno “de facto” de Jeanine Añez y la pretendida “derecha golpista”.

Pero más que los usos ideológicos de la posverdad oficialista, impresiona el creciente recurso a los argumentos jurídicos para criminalizar o penalizar la dimensión política de la realidad en favor de cierta preeminencia del relato legalista o receta penalista ante cualquier conflicto.

No es solo la antigua animadversión del tirano o el poder hegemónico hacia la política, sino particularmente la penalización de lo político, es decir, de cualquier actitud o toma de posición política por parte de actores institucionales sólo marginal o coyunturalmente relacionados con los asuntos del poder o la autoridad.

Esto ocurrió en el presente, por ejemplo, cuando detuvieron “preventivamente” (hasta provocarle la muerte) a un excomandante policial –coronel Javier Vaca– por su papel proactivo en la supresión de los actos vandálicos del 2019 (hay actualmente otras 69 personas, entre civiles y militares, procesadas penalmente por su relación con el caso del supuesto “golpe de Estado”).

En este marco, no sorprende que luego de las recientes trifulcas en el legislativo (pugilativo) entre masistas y opositores, un diputado del MAS, dizque víctima de un “arañazo”, declare que la diputada opositora que lo habría agredido cometió una “acción criminal” y debe asumir las consecuencias. A continuación, amenazó con formalizar su denuncia y, si no recibe una disculpa pública en 24 horas, abrirle ante el Ministerio Público ¡un proceso penal por agresión violenta!

Sin embargo, esto que puede parecer anecdótico de cierto cretinismo parlamentario, o ser parte de la recurrente estrategia victimista del masismo, podría estar indicando el creciente predominio de una  mentalidad punitiva pseudo jurídica en la percepción de la realidad que tienen no únicamente los abogados y los políticos, sino la propia ciudadanía confundida con la idea de que lo real discurre (o debería hacerlo) por los cauces de una normativa establecida y sancionada por “los que saben” (en este caso, los licenciados y doctores de la ley).

No hay que olvidar que, con la llegada del MAS al poder en 2006, los profesionales del derecho fueron expresamente convocados para apuntalar las decisiones del flamante Ejecutivo de entonces (“le meto nomás, luego que arreglen los abogados”).

Esta percepción del caudillo, de que “sus” abogados debieran ponerse al servicio del poder emergente, evolucionó poco a poco, en el transcurso de los siguiente 15 años, hacia la concepción oficialista de que el derecho debe ahora limitarse a defender y consolidar al poder constituido, sin importar su legitimidad o si éste llegó a constituirse como tal respetando la institucionalidad democrática en sentido amplio.

En la presente coyuntura, a pesar de los argumentos contundentes de expertos constitucionalistas respecto a que en 2019 hubo una sucesión constitucional ante el vacío de poder generado por la renuncia de los titulares del poder, los operadores del gobierno del MAS, dando línea a fiscales y jueces para sus imputaciones y sentencias, se han dado a la tarea de armar el relato del “golpe de Estado” sobre la  base de supuestas transgresiones a la norma, y no titubean en prescindir totalmente de la realidad de lo ocurrido en esos duros días de noviembre, criminalizando a los actores políticos y ciudadanos (desde exministros hasta activistas de la RJC) o los institucionales (policías, militares, autoridades) que tuvieron que encontrar salidas políticas –antes que violentas– a los conflictos que podían derivar en una escalada de la violencia desatada por el vacío de poder que se pretendió generar.

“¿Cómo es posible que la vicepresidenta de senadores del “bloque minoritario”, cuyo partido apenas obtuvo el 4% en las elecciones (anuladas de 2019, no en las del 2014 en que fue electa) tenga el ‘tupé’ de ‘autoproclamarse’ presidenta constitucional del Estado Plurinacional sin haber obtenido antes su credencial del OEP como presidenta legítima de la cámara?”

Así reza el cuento MASista con ese tipo de preguntas, haciendo hincapié en que no se habrían respetado las formalidades de ley y terminando reveladoramente con locuciones peyorativas tipo “¡pinche choca teñida!”.

Aparte de delatar un racismo invertido apenas disimulado, este tipo de declaraciones ex post facto se han vuelto corrientes en el discurso oficialista de la posverdad sustentadas en cierta pedantería de lo “jurídicamente correcto” con la que pretenden justificarse los regímenes “progresistas” del socialismo del siglo XXI y en los que se amenaza con aplastar cualquier osadía de actuar “al margen del ordenamiento jurídico vigente” y se amedrenta con declaraciones tipo “nadie se permita ninguna arbitrariedad que atente contra la estabilidad de nuestro Estado soberano”.

Al final, sin embargo, como lo estamos comprobando en estos sofocantes días de noviembre de 2021, a momentos ensombrecidos por oscuros nubarrones, la criminalización de lo político no termina reencausándonos, como quisiera el régimen, hacia el acatamiento de la norma (particularmente aquella aprobada “entre gallos y medianoche” e impuesta abusivamente a espaldas de la ciudadanía), sino que nos devuelve a la ruptura de la paz social y el orden público, y al reinado mortífero de la fuerza bruta y la violencia descontrolada... peligrosamente cercana, quizá no a la “guerra civil” con que sueñan algunos irracionales, pero sí al fuego cruzado de mafias criminales amparadas por el poder y, pareciera, crecientemente incrustadas en nuestra permanente conflictividad social.

 

Hernando Calla / Plataforma Ciudadana UNO

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