COP26: LA CRISIS SANITARIA NO DETIENE LA CRISIS CLIMATICA

domingo, 28 de noviembre de 2021 · 05:00

Lorena Terrazas Arnez

Del 1 al 13 de noviembre se celebró la 26a Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Esta COP que fue particularmente compleja porque se desarrolló en un escenario multicrisis, buscaba completar el libro de reglas para la plena implementación del Acuerdo de París y dar pasos hacia el establecimiento de nuevas metas, como las de adaptación y las de financiamiento. Por ello, después de que la COP fuera aplazada en el 2020, por primera vez después de 25 años, debido a la pandemia se crearon aún más expectativas sobre los resultados de esta cumbre.

Cada COP representa un paso en el proceso para el alcance de las metas de largo plazo, pero hoy, ante la emergencia climática, debemos entender que la crisis sanitaria motivada por la pandemia de la COVID-19 no puede ser excusa para no destinar mayores fondos y esfuerzos para responder a la crisis climática que no solo no se ha detenido, sino que, por el contrario, se encuentra en una fase crítica, llegando a los límites del planeta.

Como resultado de la COP26, el “Pacto de Glasgow” enfatiza la necesidad de estabilizar las emisiones para no pasar de más de 2° C (e idealmente 1, 5° C) y hace un llamado a las partes a aumentar la ambición de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) para orientarlas hacia esta trayectoria. El Pacto da bienvenida al último informe del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), reconociendo la información científica, aunque aún falta darle un rol central en el proceso.

En el marco del Foro de Relaciones Internacionales de la Friedrich-Ebert-Stiftung en Bolivia participé en un reciente conversatorio para analizar los resultados de la COP26 y la agenda de cambio climático para Bolivia. Como delegada de la sociedad civil ante la COP26 pude ver que, a nivel internacional, se impulsaron diversas actividades previas para llamar la atención de los Estados respecto al incremento de la ambición climática y las finanzas sostenibles que promuevan la inversión pública y privada para dar respuesta a la crisis climática. La sociedad civil nacional e internacional tiene fuertes demandas, pero también propuestas que deben ser escuchadas para que la transición sea justa e inclusiva. Algunas de ellas apuntan a la creación de mecanismos de monitoreo independientes o en coparticipación con los Estados para conocer los avances y cumplimiento de los NDCs, ya que, si bien son compromisos asumidos a nivel estatal, la sociedad civil organizada debe exigir una rendición de cuentas del cumplimiento y también tomar parte de las acciones planteadas.

Entre algunos aspectos destacables, la COP26 abrió una nueva conversación sobre financiamiento para adaptación, exigiendo predictibilidad y fortaleciendo mecanismos como el Fondo de Adaptación que recibió compromisos de financiamiento por USD 356 millones. Además de ello, se acordó duplicar el financiamiento para la adaptación hacia 2025 con base en los niveles de 2019. Lamentablemente, esto sigue siendo insuficiente para lograr la estabilización del clima a 1.5° C y, por ello, surge la preocupación de incrementar estos fondos con un enfoque de adaptación y miradas conexas como la resiliencia en comunidades y otros que promuevan capacidades adaptativas.

Cabe mencionar también que uno de los temas más complejos que este proceso ha negociado es él del denominado artículo 6, asociado a mecanismos de mercado (y de no mercado después de que los países acordaran los aspectos guía del artículo 6: 6.2, 6.4 y 6.8). La realidad es que lo acordado deja algunos puntos en la incertidumbre, pues si bien se hace un llamado a hacer los ajustes correspondientes entre las partes y a establecer un sistema de reporte, no está claro cómo en la práctica se evitará la doble contabilidad y otros problemas que se vienen dialogando hace tiempo atrás.

Los resultados de la COP26 implican muchos desafíos para la agenda climática de Bolivia: fortalecer mecanismos de diálogo y coordinación con la sociedad civil que permitan monitorear y coadyuvar el cumplimiento de los NDCs como metas nacionales e impulsar el diseño de instrumentos de planificación como el Plan Nacional de Adaptación, el Plan de Género y Cambio Climático y la actualización de los inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI), para establecer una estrategia clara de financiamiento climático a nivel país, ya que el nivel de vulnerabilidad es muy alto. En la medida en que sigamos postergando estos pasos, seguiremos relegados del acceso a las fuentes de financiamiento climático, pero –sobre todo–postergaremos el derecho a un medioambiente sano y sustentable y pondremos en juego el futuro de los niños y jóvenes.  

Si bien como sociedad civil podemos y debemos estar atentos a la política internacional del cambio climático, uno de los compromisos más importantes es bajar la información a niveles nacionales, regionales y locales para coadyuvar en la toma de decisiones informada y motivar la coordinación entre actores importantes como los centros de investigación técnicos, universidades y gobiernos subnacionales que no están siendo partícipes en esta discusión, a pesar de ser clave para incrementar la acción climática. Por lo tanto, queda el desafío de ser capaces de que nuestras respuestas sean holísticas e integrales, entendiendo al cambio climático como una problemática no solo ambiental, sino también política, económica, social y cultural. ¡La crisis climática no se detiene, necesitamos actuar juntos ahora!

 

Lorena Terrazas Arnez / Directora General de la Red Paz Integración y Desarrollo (Red Pazinde)

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