Luis Arce retrocede en aprobación de leyes: ¿debilidad o capacidad de escuchar?

Analistas consideran que los retrocesos del presidente se deben a la fragilidad y a los problemas estructurales que tiene su modelo económico y a que el gobierno, sus bases sociales y el MAS no logran articularse, con un grave resquebrajamiento interno. El MAS dice que falta socializar los proyectos.
domingo, 28 de noviembre de 2021 · 05:05

Fernando Chávez Virreira

Nueve días de un paro nacional, el más largo desde que Luis Arce llegó al poder, obligaron a retroceder al gobierno, que tuvo que derogar la cuestionada Ley 1386, una acción que según el oficialismo obedece a su voluntad de “escuchar al pueblo, pero que los analistas ven como una debilidad estructural de un régimen que ha perdido el norte debido al fracaso en la construcción de un Estado Plurinacional.

Para Gregorio Lanza, economista con maestrías en políticas públicas, los retrocesos de Arce se deben a la fragilidad o a los problemas estructurales que tiene su modelo económico, mientras que el consultor político Ramiro Calasich considera que el gobierno, sus bases sociales y el MAS no logran articularse, al mostrar un grave resquebrajamiento interno.

El expresidente Morales junto a
Arce y Choquehuanca en la marcha.

Lanza dice que los retrocesos de Arce se deben a la fragilidad y a los problemas estructurales que tiene su modelo económico. “El famoso modelo de economía plural ya no tiene capacidad porque no tiene nuevos recursos; los niveles de endeudamiento son cada vez más altos, el gobierno sigue recurriendo al endeudamiento para pagar sueldos; la baja de los ingresos por el gas ha hecho que baje también el IDH (en las universidades es donde se está sintiendo más, no están pagando salarios)”.

Esto genera, agrega Lanza, un descontento muy grande vinculado con otro aspecto, que es el modelo autoritario que el presidente Arce ha optado como modelo para su gobierno, “paradójicamente, porque eran los candidatos que ofrecían la pacificación del país, los discursos largos y tediosos de Choquehuanca que hablaban de paz. Pero han optado por un modelo autoritario en el que utilizan la represión, la conexión entre las fuerzas de la Policía y de grupos parapoliciales del MAS para agredir a las marchas”.

“Esta combinación de baja de ingresos económicos más un modelo policíaco represivo está generando tremendo descontento en la población y la presencia de la gente en las calles, si bien puede estar organizada en alguna medida por organizaciones como el comité cívico y alcaldes, es una organización más bien de la base de la sociedad, una sociedad donde la fuerza son los gremiales, el 80% trabajan en la economía informal y el transporte; esos dos sectores han sido la base que ha articulado en la realidad estas movilizaciones, más sectores de clase media descontentos con este modelo”, explica el analista.

Esto se vincula con “la inexperiencia de Arce como político y como presidente. Arce no tenía otra alternativa que retroceder”, apunta.

Según Lanza, “Evo Morales le ha jalado las orejas a Arce y le ha dicho: ‘qué raro que no se dieron cuenta que el anexo de la Ley 1386 iba en contra de la mayoría del país’, a pesar de que Arce decía que no afectaba a los pobres, pero esta es la paradoja: Evo le ha jalado las orejas a Arce para reafirmar, además, que él es el poder real en el país”.

Ramiro Calasich, por su parte, considera que el Estado Plurinacional no ha cumplido ninguna de las tareas que tendría que haber realizado, como el desarrollo económico a partir de la planificación centralizada. “Todo lo contrario, la economía ha crecido durante los anteriores años básicamente por el incremento en los precios de las materias primas. El modelo de centralización es un fracaso repetido en diferentes partes del mundo y en Bolivia también”, afirma.

En su análisis, considera que  ante esta pérdida de norte estratégico  se ha producido un resquebrajamiento en su estructura.

Calasich explica que hay tres áreas que no logran articularse en esta gestión del MAS:

Primero, el gobierno, sin operadores políticos que permitan encarar los conflictos de una manera más inteligente y buscar negociar. “Es un gobierno dejado a la mano del partido y acosado por sus propias contradicciones internas”.

En segundo lugar, los movimientos sociales, organizaciones sindicales, cooptadas por el régimen y donde se ve que se ha producido una fractura. La Ley 1386 ha demostrado que la base fundamental del régimen es contraria a sus objetivos; “si busca eliminar la propiedad privada, su base está organizada en torno a pequeños  grandes propietarios, ya sea legales, informales o ilegales”. Gremiales, transportistas, contrabandistas, colonizadores, los propios campesinos y cocaleros, todos son en la jerga política “pequeños grandes burgueses, son capitalistas que viven en una economía capitalista”. De ahí que cuando proponen la 1386 se produce una dura fractura con su base, que no está dispuesta a tener un régimen con estas características.

“Esto confirma que el socialismo, en cualquiera de sus versiones, incluso en su versión racial andina, yo lo llamo fascismo andino, es inviable”.

Y en tercer lugar está la estructura  del MAS, que ha sufrido una fractura interna debido a diferentes tendencias internas, una vinculada a Morales, que representa el ala más conservadora en cuanto a mantenerse de forma sometida al proyecto del socialismo del siglo XXI, aunque hay una tendencia vinculada al vicepresidente Choquehuanca, “que es mucho más reaccionaria incluso, que ya no plantea el socialismo comunitario, sino un retorno al Tawantinsuyo, una posición reaccionaria con un trasfondo racista muy fuerte”.

El analista sostiene que hay sectores dentro del MAS que reclaman mayor autonomía, sobre todo para estos grupos sociales vinculados con la actividad empresarial.

“Los tres sectores que constituyen el régimen: el gobierno, los sectores sociales y el partido, internamente están resquebrajados, no hay un adhesivo y ya no tienen un proyecto político que los una. Es un proyecto que a duras penas va a cumplir su gestión, si es que no antes las propias contradicciones internas empujan al derrumbe del gobierno. En las filas del MAS se habla mucho de promover unas elecciones anticipadas para pueda retornar Morales, algo que las filas internas del MAS resisten”, destaca.

“El panorama es delicado, estamos viviendo una profunda crisis de Estado, donde el régimen ya no tiene con qué atraer a la ciudadanía, no tiene proyecto y no tiene liderazgo, y en la oposición tampoco. Es una situación riesgosa y volátil, se ha demostrado con los retrocesos del gobierno. Ahora todo tiende a resolverse en la calle, cuando es el Parlamento donde deberían discutirse los grandes temas políticos, pero no cumple ninguna función, es decorativo. Ahora manda la calle, no otra cosa significa la marcha que están desarrollando, es la constatación de que el Estado Plurinacional ha fracasado”, sentencia Calasich.

Para él, la “marcha  por la patria” refleja una política rudimentaria, porque la fortaleza política no necesariamente está definida por a cuánta gente saco a la calle, pero sino con un proyecto político que se plantea, que se defiende y se construye.

La posición del MAS

Luego de la abrogación de la ley, el presidente Luis Arce dijo que “escuchando las demandas del pueblo boliviano y las demandas sectoriales hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386, con el objeto allanar el camino para que no exista el menor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía”. Luego añadió: “Lo que buscábamos era desnudar el carácter golpista de esa movilización y lo logramos, claramente se mostraron la cara fascista y golpista del Comité pro Santa Cruz”.

Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, dijo que “ahora no debería existir ningún motivo para que los sectores continúen movilizados, exhortamos a todas las organizaciones sociales y comités cívicos del país que para futuras normas, si hay alguna observación se debe recurrir al diálogo y demostrar de manera objetiva qué artículo puede estar en cuestión o la norma pueda estar vulnerando algún derecho, estamos para escuchar”.

Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, prometió que las próximas leyes que sean tratadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional serán socializadas con la población para evitar lo ocurrido en los últimos días.

“Se ha abrogado la Ley 1386 porque ha sido usada, mediante una intensa campaña de desinformación, como pretexto para sabotear la reactivación económica y atentar contra la democracia. Nosotros siempre vamos a cuidar los bolsillos del pueblo boliviano”, dijo el diputado.

“Vamos a socializar los proyectos de ley para que no se instituya la mentira oportunamente y nos vamos a rearticular con todas las organizaciones sociales, con todas las juventudes en los nueve departamentos para que ellos sean parte y socialicemos los proyectos de ley que van a venir en adelante”, dijo el legislador masista.

Y el vocero presidencial, Jorge Richter, opinó que “lo importante es que se recoja la enseñanza y se comprenda que es necesario tener otras formas de socializar una ley (…) de parte del gobierno es una lección aprendida”.

Para Henry Montero, senador de Creemos, “lo que la abrogación de la Ley 1386 desnuda  la incapacidad de Arce para elaborar leyes en beneficio del país, hace leyes persecutorias que atentan contra los derechos de los ciudadanos y trata de ocultar su incapacidad y derrota en las calles dentro de su mensaje desgastado y soberbio”.

Federalismo

El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y
su equipo.

En medio del conflicto ha resurgido nuevamente el debate por un modelo federalista de país, propuesto por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pero que, según algunos analistas, Camacho “cayó en la trampa de Evo Morales”, quien se mostró dispuesto a “debatir” esa posibilidad.

Gregorio Lanza sostiene que “el único estado federado que hay en Bolivia es el trópico de Cochabamba, compuesto por los cinco municipios. Tienen sus autoridades políticas, tienen su propia policía y todos los recursos que genera esa región ingresan a su desarrollo. No pagan un centavo de impuestos por la coca ni por la pasta base de cocaína que sale del Chapare”.

“Es tal el grado de desinformación, que fue Morales el que ha planteado que está dispuesto a discutir el federalismo, para lo que posiblemente haya que llamar a una Asamblea Constituyente, porque él sabe que esa es la realidad, ya no va a poder ocultar que el Chapare es federal”, agrega.

Mientas que para Ramiro Calasich “no existe una oposición organizada en torno a un proyecto alternativo, que no podría ser otro que la reconstitución de los principios republicanos y con las ideas que se están comenzando a debatir vinculadas con el federalismo, que ayudaría mucho a integrar regiones dispares   como ocurre hoy. Algo que habría que acompañar con un tránsito del presidencialismo hacia el parlamentarismo, así se elimina la posibilidad de tener caudillos regionales y nacionales”.

Según analiza, “como país, estamos abiertos a que desde la oposición se pueda poner en mesa una alternativa, un nuevo horizonte. Camacho ha lanzado la idea del federalismo, una propuesta que es parte clave de una nueva alternativa, pero no es suficiente. Todavía no hay una articulación”.

Para el futuro, Lanza dice que Arce “tendrá que aprender”. “Todos aprendemos y el que no, termina perdiendo las batallas y la guerra. Sus asesores tendrán que aprender y primero ver cómo van a saldar esta diferencia con Morales, los dos quieren ser candidatos para el 2025”.

“Si quiere terminar su mandato en buenas condiciones, hacia las elecciones, tiene que comenzar a dialogar, primero con las regiones, sobre todo sobre el plan general de desarrollo nacional, donde ya parece haber un previo acuerdo con los alcaldes. Si no dialoga, no escucha, y sigue en ese tren, la polarización no le conviene al gobierno de Arce y le favorece al MAS y a Evo, pero desestabiliza al país”, concluye el analista.

 

Fernando Chávez Virreira /  Periodista

 

Punto de vista

Sofía Rocha 
Activista cochabambina
Las marchas  tienen que ser el último recurso

La abrogación de la ley 1386 no se consiguió por el pedido de los comités cívicos, ellos aún no tienen la fuerza necesaria para movilizar a la ciudadanía y una gran parte de la población ya no confía en esas instituciones, que en muchas ocasiones han sido utilizadas como escaleras políticas. No generalizo, pero lo digo por la gran mayoría. La abrogación de dicha ley se consiguió por el civismo que tenemos todos como ciudadanos de a pie, y en parte, aunque muchos lo quieran negar, porque se movilizaron los sectores que el MAS jura que son sus militantes.
Ahora, nuestros honorables parlamentarios quieren que el pueblo se siga movilizando para subsanar sus errores. Estas marchas y paros tienen que ser el último recurso para presionar al gobierno, no podemos salir a las calles cada vez que saquen una ley, o se vulneren nuestros derechos y libertades. La abrogación de las demás leyes depende de la oposición. Los dos tercios también depende de ellos.
La Ley 1407 depende de los gobernadores, alcaldes y rectores. El fraude del 2020 que reveló la exvocal Rosario Baptista es responsabilidad de los afectados, que en este caso son Mesa y Camacho. ¿Qué piensan? ¿Qué el pueblo hará el trabajo sucio para que luego traicionen la lucha? Parlamentarios, alcaldes, gobernadores, candidatos de las elecciones de 2020, hagan algo, que al final estas medidas tienen respaldo internacional.
Demuestren que no son vendidos. Para qué quieren que nos movilicemos por los dos tercios si hasta tránsfugas tenemos, individuos dentro del Parlamento que ya están vendidos. Por qué quieren desgastarnos así?
La movilización ciudadana tiene que ser el último recurso. Diputados, senadores, su trabajo no solo consiste en ir a gritarse; su trabajo no es aparecer en memes. Trabajen por los intereses del pueblo y sáquense la camiseta de su partido político de una vez.

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