COP 26: entre el discurso y la acción

Si el encuentro fracasa y no evita que se supere el umbral de los 1,5Cº, el planeta sufrirá una serie de eventos de consecuencias desconocidas.
domingo, 7 de noviembre de 2021 · 05:00

Leonardo E. Stanley / Investigador del Cedes (Buenos Aires) Latinoamérica21

Del 31 de octubre al 12 de noviembre tendrá lugar en Glasgow, Escocia, la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, considerada como la última oportunidad para evitar una catástrofe medioambiental. Realmente lo es y los antecedentes no son halagüeños: la reunión preparatoria que convocó a los países del G20 fracasó, los líderes no pudieron ponerse de acuerdo en descontinuar el uso del carbón, ni en materia de subsidios. De fracasar el encuentro y no establecerse una hoja de ruta que evite superar el umbral de los 1,5Cº con respecto a los niveles preindustriales, en el mediano y largo plazo el planeta sufrirá una serie de eventos de consecuencias desconocidas. Pero tan necesario como actuar es conseguir los fondos para poder actuar.

Fruto del Acuerdo de París de 2015, los 196 países que se comprometieron a mantener el aumento en temperatura promedio a raya aceptaron trazar un plan de reducción de emisiones. Pero los compromisos pautados están lejos de alcanzar los objetivos, ya que las proyecciones plantean un aumento en la temperatura promedio de entre 2,7Cº y 3,1Cº para finales del siglo.

El financiamiento es otro aspecto clave y en particular para los países en desarrollo. Esto fue reconocido en 2009 y los países desarrollados se comprometieron a aportar $us 100 mil millones por año para financiar la transición. Pero estas promesas tampoco se cumplieron: los fondos prometidos nunca llegaron.

Lo que sí abundan son los costos asociados al endeudamiento externo cuyos desembolsos terminan afectando los presupuestos públicos y el combate del cambio climático en sí. No hay avances en las propuestas de desafectar parte de los recursos financieros comprometidos al pago de la deuda soberana y destinarlos al financiamiento de un programa de transición a gran escala.

La arquitectura financiera, en definitiva, refleja un discurso que presenta el problema climático como una oportunidad de negocio. La banca global, los mercados de capitales y las calificadoras de riesgo terminan delineando la política fiscal, los programas de adaptación y mitigación del cambio climático.

Acciones   no reflejan opciones

Aunque el bla, bla, bla se escucha en cualquier rincón del mundo, tal como destaca Greta Thunberg, resulta más contradictorio cuando surge de boca de los principales líderes mundiales. Los países desarrollados no logran descontinuar su política de subsidios. En Estados Unidos, por oposición de su propio partido, Joe Biden no puede pasar su programa verde, mientras que los socialdemócratas en Noruega declaran la continuidad de la explotación petrolera.

No importa la responsabilidad histórica de los países industrializados, tampoco el llamado de la Agencia Internacional de la Energía (EIA) por mantener “el petróleo en el subsuelo. Los países desarrollados asimilan compromiso financiero a una promesa vaga atada a nuevos instrumentos de financialización y evitan adecuar la normativa en materia de transferencia tecnológica como los tratados de inversión o las reglas en materia de propiedad intelectual.

Idéntico reclamo podría hacerse a quienes desde el ámbito privado planten su compromiso con lo ambiental pero luego priorizan rendimientos de corto plazo. Ello resulta evidente ante el comportamiento de las principales administradoras de fondos de inversión como BlackRock. Aún cuando en su carta anual de 2018 a los CEOs su representante Larry Fink generó el entusiasmo de algunos inversores, también cimentó el descrédito en otros. Y es que BlackRock es uno de los principales responsables financieros en la deforestación que sufre el Amazonas. La hipocresía en su máxima expresión.

BlackRock detenta un lugar privilegiado, no solo por los fondos que maneja, sino también por las operaciones que realiza. La empresa se ha convertido en una consultora, auditora, en una calificadora de riesgos y un proveedor de servicios altamente demandados por el Estado. El desarrollo de una taxonomía de finanzas orientada a cumplir con los objetivos de sostenibilidad ambiental, inclusión social y transparencia del gobierno, le permite ocupar un rol de “regulador” del sector bancario.

Pero el conflicto de intereses resulta mayúsculo, por donde se lo mire, aunque muchos prefieren hacer la vista gorda. BlackRock también se destaca por invertir cuantiosos fondos en la industria petrolera, reservas de petróleo y gas, pero también en carbón. Inclusive los fondos denominados “sostenibles” contienen inversiones en carbón y petróleo.

El compromiso debería medirse no sólo por los objetivos que persiguen estas organizaciones, sino también por sus acciones, lo cual debería extenderse a también a las auditoras tradicionales. Ello plantea la necesidad de observar si estas empresas plantean el objetivo de carbono-cero, auditando el cumplimiento del mismo en aquellas compañías en las que invierten y asesoran.

Por otra parte, debería  haber un compromiso diferenciado entre aquellos que operan en el sector real como las petroleras o en el sector financiero. Para estos últimos el compromiso debería reducirse, y así evitar el problema de lock-in o dependencia. A fin de evitar esta situación, las administradoras de fondos y el sector financiero en general deberían estar sujetas a un adelantamiento de los objetivos de carbono cero (¿al 2030?).

En caso contrario se financiarían obras cuya vida útil se extiende a posteriori del 2050.

Las finanzas deben ser entendidas como un medio, un instrumento que nos permite una  transición hacia una nueva economía. Con este objetivo,  Naciones Unidas junto al Reino Unido –quien preside la COP 26– han lanzado Glasgow Financial Alliance Net Zero (GFANZ), la cual involucra a las alianzas preexistentes. El objetivo de este sistema es dinamizar el financiamiento que acelere la transición, planteándose que la mitad de la reducción en emisiones deben de realizarse al 2030.

Para llevar adelante esta transición se necesita de un fuerte involucramiento de la sociedad civil. De lo contrario el anuncio puede terminar en otro bla bla bla.

 

 

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