El acceso a la información pública

La idea está instalada en la sociedad y en la política, aunque sea limitada y débilmente; ya no se la puede ignorar, sostiene la autora.
domingo, 12 de diciembre de 2021 · 05:00

Susana Peñaranda-del Granado

La democracia boliviana nació, se desarrolló y todavía permanece con grandes bolsones de secretismo, zonas oscuras y cerradas. Como gestión pública, la democracia adolece de falta de transparencia. La falta de transparencia y el secretismo son todavía las inculturas que empobrecen a nuestra democracia.

Esta cuestión se hizo patente en la década de los 90, en un contexto contradictorio, cuando, por un lado se produjo la construcción de la institucionalidad democrática más importante y decisiva de la democracia, pero   por otro, se denunciaban numerosos casos de corrupción pública. La corrupción era una de las expresiones del secretismo que envolvía la administración de las instituciones y de los recursos públicos.

Fue en ese contexto en el que en mi condición de diputada, propuse un proyecto de ley de acceso a la información pública. El objeto de la ley fue facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública y contribuir a la formación de una ciudadanía informada.

Un itinerario difícil

La propuesta siguió un itinerario difícil, como era previsible, en un país, cuya dirigencia política estaba acostumbrada a administrar la cosa pública detrás de gruesas, pesadas y oscuras cortinas. Pese a una evidente resistencia al tratamiento de la propuesta expresada y sostenida por grandes sectores de los políticos, la demanda del acceso a la información pública consiguió insertarse en la Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución Política del Estado, Ley de 8 de agosto de 2002, cuyo inciso n) del Art. 6,  Derechos y Deberes Fundamentales, consagra el acceso a la información pública.  Los acontecimientos políticos que se dieron posteriormente, cerraron esa posibilidad.  

La reacción y recepción más importante y favorable que recibió la propuesta de Ley de Acceso a la Información Publica fue la de los periodistas, que pusieron la propuesta en la agenda pública, con su difusión y la realización de entrevistas, lo que sin duda alguna contribuyó a que el acceso a la información pública empezara a instalarse en el imaginario de algunos sectores de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil.

En 2005, bajo presidencia de Carlos Mesa, y a solicitud de la Delegación Presidencial Anticorrupción, bajo la responsabilidad de la periodista Lupe Cajias, se emitió el Decreto Supremo 28168 de transparencia en la gestión pública del Poder Ejecutivo, norma que incorpora el derecho ciudadano de acceso a la información pública.

Más tarde, la Asociación de Periodistas de La Paz, me encargó la elaboración de un nuevo proyecto de ley y se lo elaboró adecuándolo a la Constitución Política de 2009 y al modelo de la OEA.

Un valor público

La idea de acceso a la información pública ya está instalada en la sociedad y la política, aunque sea limitada y débilmente. No se la ha podido ignorar ni se la puede dejar de lado. La Constitución Política de 2009 y la Ley de Participación y Control Social, la recogen, aunque con limitaciones y de forma ambigua.

En la Cámara de Diputados, la propuesta inicial de Ley de Acceso a la Información Pública fue aprobada en grande y en detalle en junio de 2002 y posteriormente también repuesta por algunas parlamentarias. El acceso a la información pública ha vuelto a ser destacada en la agenda pública, recientemente, cuando se ha anunciado la discusión de propuestas de Ley de Acceso a la Información Pública, desde el poder político.

La idea de acceso a la información pública también se ha  instalado como una preocupación de las organizaciones de la sociedad civil, es decir, de aquellas  que siendo de origen privado, juegan o realizan actividades de relevancia pública, como son  las organizaciones no gubernamentales. Éstas han sentido la necesidad de hacerse más transparentes, abrir  las puertas de sus cuentas a la ciudadanía, lo que contribuye a que la sociedad sea cada vez más transparente.

En ambos casos, vale decir, el acceso a la información propiamente publica, y a la información de estas organizaciones, se trata de un valor público, un valor intangible, tan importante como los recursos materiales para la gestión de los asuntos de todos. El  valor público del acceso a la información pública es doblemente importante.

Por un lado, visibiliza al Estado en todas sus instancias, y, por otro, facilita la participación ciudadana, hace que la participación pueda ser informada y de calidad, que no se limite a la movilización. Después de lo que ocurrió en 2019, el desarrollo de este valor público en la esfera electoral es urgente.

El acceso a la información electoral es una garantía para las buenas prácticas electorales y para contener los impulsos inescrupulosos de la manipulación de los resultados electorales. Así, el potencial del acceso a la información pública es alto y se puede extender a todo el plexo público.

El acceso a la información pública articulada a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a no dudarlo, será uno de los pilares de la democracia que se perfila.

El itinerario que he descrito brevemente muestra que el factor que puede facilitar u obstaculizar el acceso a la información pública no es solo la actitud de los políticos ante la necesidad de transparentar  el manejo de la cosa pública. También es la actitud de la ciudadanía y de las instituciones de la sociedad civil, como las organizaciones de los periodistas.

En un contexto político en el que  una gran parte de la ciudadanía se ha abandonado a sí misma, entregándose a líderes que se han apoderado del Estado, es muy difícil que el acceso a la información pública, se institucionalice y convierta en cultura ciudadana. Por eso, los esfuerzos que hagamos por restituir la democracia sobre sus auténticos fundamentos suponen también buscar afirmar el valor público del acceso a la información pública.

 

Susana Peñaranda-del Granado /  Abogada

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