Dependencia, corrupción y crisis en el sistema

¿Cómo queda la justicia boliviana después del fracaso de la reforma?

El plan del Gobierno para reformar el sistema judicial a través de un cambio en la Constitución que permita modificar la forma de elegir a los jueces ha quedado en suspenso, mientras oposición denuncia que la intención del oficialismo es seguir controlando al Órgano Judicial.
domingo, 14 de febrero de 2021 · 05:02

Fernando Chávez Virreira
 Periodista

 

En diciembre de 2020, el gobierno del MAS anunciaba la intención de avanzar hacia la reforma de la justicia por medio de una modificación constitucional que permita cambiar la forma de elección de jueces por la vía del voto popular, además de otros cambios indispensables. Se conformó entonces un consejo técnico para tal propósito, bajo el liderazgo del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien hace poco renunció a esa instancia debido a que el consejo no fue convocado, salvo para la presentación.  El exministro de Trabajo Jaime Álvarez también abandonó el equipo.

¿Cuál es el estado actual de la  reforma? Hace pocos días, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que la reforma constitucional para cambiar la forma de elección de los magistrados queda en suspenso, pero que la reforma judicial continuará. Sostuvo que “desde donde estemos los abogados creemos que se tiene que transformar la justicia, vamos a seguir haciendo este esfuerzo colectivo”.

Pero el centro medular de una reforma de la justicia pasa por la elección de altos magistrados que, según la Constitución impulsada por el MAS, se hace por voto popular de listas elaboradas por el Legislativo, dominado por el MAS. Según el criterio de analistas y juristas, ahí está el nudo central de la crisis del sistema judicial. Para reformar la Constitución se debe convocar a un referéndum de consulta ciudadana, para el cual, ha adelantado el Gobierno, no existen los recursos.

 Al no poder cambiarse la forma de elección de los jueces, los bolivianos deberán votar en  las  elecciones de magistrados  de 2023 por los candidatos que elija la Asamblea Legislativa. Además, sin una reforma, la injerencia y la manipulación    política en la justicia no podrá evitarse y tampoco se podrá erradicar la corrupción en el sistema. 

El abogado constitucionalista José Rivera Santiváñez, exmagistrado del Tribunal Constitucional y catedrático en la universidad, asegura que una consulta para transformar la justicia es más una inversión que un gasto.

“Se trata de privilegiar las necesidades; en vez del gasto insulso que se hizo en las primarias de 2019, lo primero que yo consultaría al pueblo es ‘¿está usted de acuerdo en transformar la justicia y para eso adoptar estas medidas?’. Se trata de buscar los medios adecuados para emprender una reforma, sin ideologías, porque se necesita un sistema judicial que garantice seguridad jurídica”, opina el jurista.

“El buen propósito de conformar un consejo consultivo para reformar la Constitución es una buena iniciativa, pero  insuficiente porque no se trata de reformar algunos artículos de la CPE, o cambiar aisladamente la Ley del Órgano Judicial, o   un código, sino de tener un acuerdo nacional entre los actores principales para tener una hoja de ruta con las medidas necesarias claramente identificadas. Hay cosas que no pueden esperar”, advierte el doctor Rivera. 

En el mismo sentido, la abogada Silvia Salame, expresidenta del Tribunal Constitucional y exsenadora del Estado, afirma que “lo primordial es que debe haber un cambio en la forma de elección de los magistrados porque se ha demostrado, y el propio ideólogo de esta figura, el MAS, ha manifestado que no se ha podido erradicar la corrupción, ni la demora judicial con esa forma de elección. Es de esperar que la comisión conformada por el ministro  (de Justicia) entregue un informe. Supongo que uno de los aspectos será el de la modificación de la Constitución”.

 

Fuera de agenda

El diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón dijo a Página Siete que “lamentablemente la reforma de la justicia ha quedado fuera de la agenda política por decisión deliberada del MAS y del Gobierno, que han cambiado de posición porque no apuestan a un escenario de reencuentro y reconciliación nacional, cuyo primer componente era la renovación total del sistema judicial”. 

Según Alarcón, “en vez de concretar esa intención, el Gobierno da un giro de 180 grados y prefiere optar por la confrontación, por la polarización, con la impostura y el montaje del falso e inexistente golpe de Estado y se dan cuenta que para eso necesitan nuevamente, como hacía Evo Morales, un sistema judicial y fiscal dócil y sumiso que esté al servicio de esta tramoya del golpe de Estado para nuevamente generar un escenario de criminalización y persecución de la oposición. Una renovación de la justicia no les sirve para ese plan”, afirma Alarcón.

El diputado de CC dice  que “el Ministro de Justicia hace malabarismos para explicar lo inexplicable. Han abortado la reforma judicial y con ello la gran posibilidad de lograr un acuerdo nacional. El MAS apuesta por la guerra y no por la paz”.

El legislador, que califica esta situación como “dura, pero real” agrega que “los operadores disimularon su camiseta azul durante un año del gobierno de Añez, pero después se la volvieron a poner. Estos operadores estarán hasta el 2023 y en estos años continuarán con la persecución judicial y fiscal contra los opositores por el falso golpe de Estado”.

Mientras tanto, el sistema boliviano sigue enfrascado en la posición de “judicializar la política y politizar la justicia”. Todos los procesos que se iniciaron en la gestión de Añez contra exautoridades del MAS fueron desestimados por la justicia inmediatamente asumió el poder Luis Arce.

“En estos días nos han vuelto a dar señales los jueces de que actúan en función al clima político, en función a los gobernantes de turno, no sometidos a la Constitución y las leyes, sobre las que deberían fallar, con independencia”, asegura José Rivera.

Esa falta de independencia se ha puesto en evidencia en cientos de casos. En un pasado no tan lejano, el mismo Tribunal Constitucional que aprobó la re-reelección de Evo Morales, fue el que legitimó como constitucional la posesión de la presidente Jeanine Añez.

En el caso más reciente, el exministro de Justicia del gobierno de Evo Morales, Héctor Arce, representa hoy a los exsocios de la red PAT, “en un intento por dejar sin efecto una medida judicial que benefició al propietario anterior, Abdallah Daher, para recuperar la propiedad de ese medio”, según publicó el medio Brújula Digital.

“Si pretendemos avanzar, necesitamos seriamente transformar esta justicia. Un día dictan una sentencia que dice esto es verde y a los dos días, en un caso similar, nos dicen es rojo; y luego en otra sentencia, vuelven a decir que es verde o azul y ni siquiera se toman la molestia de explicarnos, ¿por qué cambian de posición los jueces?”, analiza Rivera. 

En su criterio, las decisiones de los jueces tienen que ser “previsibles”. “En un asunto dijeron que sí, entonces planteo la demanda; en un caso análogo dijeron no, entonces no pierdo ni tiempo ni dinero en plantear una demanda”, explica.

Los jueces, dice el jurista, deben aplicar la ley a partir de un trabajo técnico e interpretativo. Pero “en vez de ayudar a resolver el problema, lo agudizan”. “El juez debe ayudar a recomponer la armonía social que se fractura por una conducta contraria al ordenamiento jurídico”, agrega.

 

Un sistema en crisis

   Rivera   afirma que el sistema judicial se encuentra sumido en una profunda crisis, que si bien se arrastra desde décadas atrás, “en los últimos 15 años se ha agudizado y ha llegado a límites extremos”. 

“Una crisis que se caracteriza por la crónica retardación de justicia, la permanente violación del derecho a la justicia de todos los ciudadanos; la falta de provisión de servicio. Una crisis que se manifiesta a través de las denuncias de corrupción no investigadas, esclarecidas y sancionadas, por la falta de transparencia, por la ausencia de independencia de los jueces y magistrados, una ausencia de independencia judicial cada vez más preocupante”.

Presupuesto insuficiente

Uno de los orígenes de  esta crisis, en la perspectiva del doctor Rivera, parte de la asignación del presupuesto para el Órgano Judicial, que en los últimos años ha descendido al 0,39% del presupuesto general del Estado, lo que impide implementar los nuevos juzgados especializados, dotar una infraestructura adecuada, equipamiento y materiales necesarios.

En el contexto latinoamericano, comparativamente, Paraguay asigna el 2% de su presupuesto a la justicia; Honduras el 4%, Guatemala el 5%. “En Bolivia es de 0,39%, lo que impide dotar de la cantidad de jueces que son necesarios para atender un elevadísimo flujo procesal. En todo el país hay 186 jueces, muchos de ellos en acefalía; algunos suspendidos, y con un flujo procesal que supera los 378 mil casos por año”, resume Rivera.

“Es inconcebible en un Estado constitucional de derecho que reduzcan el presupuesto y obliguen a los jueces a rebajarse en salario, ya que por esa vía el Ejecutivo y Legislativo erosionan la independencia del juez. El Órgano Judicial debe tener independencia económica-presupuestaria y debe ser el Poder Judicial el que en función a sus requerimientos elabore su presupuesto, que el Ejecutivo debe respetar y remitirlo al Legislativo para su aprobación”, agrega.

Además de presupuesto, la justicia enfrenta una crisis institucional. “Bolivia, al igual que muchos países de la región, tiene un alto nivel de conflictividad social, que no está gestionada por el Estado a través de políticas, lo que da lugar a la judicialización extrema de las relaciones sociales y hasta los asuntos más pequeños terminan en procesos judiciales con altos costos, atorando y provocando la retardación de justicia”, explica.

La justicia está extremadamente centralizada y no hay una adecuada distribución del flujo procesal, hay municipios que no cuentan con jueces, otros tienen un flujo bajo, donde los jueces dictan de 20 a 30 sentencias en un año y en las capitales de departamento hay jueces que tienen que dictar de 300 a 400 sentencias. “Materialmente no se puede porque no existen políticas de gestión administrativa”, advierte el jurista.

“¿Cómo exigirle a un juez, que recibe anualmente 500 expedientes que dicte 500 sentencias?”, se pregunta. “Es humanamente imposible. Debería dictar una sentencia por día y además tiene que instalar audiencias, dirimir, recibir pruebas, aparte  de la tarea administrativa de organizar el despacho”.

Según este experto, Bolivia tiene un Código Civil “que permite los mayores actos de injusticia, anclado en un código napoleónico que  no responde a la realidad boliviana del siglo XXI”.

Partiendo de ese diagnóstico, “la reforma de la justicia  no depende de cambiar dos o tres artículos de la Constitución, requiere adoptar un conjunto de medidas de orden económico, institucional, legislativo, académico, político; medidas inmediatas, mediatas, y de largo plazo”, sostiene.

 
Justicia en terapia

En una evaluación del estado de  la justicia en el país, la abogada Silvia Salame advierte que “el sistema judicial está prácticamente en terapia intensiva; es un paciente que está en el último grado de Covid, al borde de la desaparición. Estamos en el momento más crítico y más oscuro de la justicia y cada día que pasa la situación empeora”.

Lo que se debe hacer, asegura, es lograr la independencia del Órgano Judicial. “Un órgano sometido no puede garantizar la materialización de los derechos de los ciudadanos; un órgano servil al Ejecutivo o al Legislativo jamás nos va a dar un acceso a la justicia a todos los ciudadanos”.

En su criterio, el Ministro de Justicia ha demostrado la intención y el interés de cambiar el sistema judicial. Sin embargo, añade, se debe entender que esto es un proceso; no es un cambio que se pueda dar de un día para otro. Pero mientras esto acontece, no se puede “congelar la justicia”. “Está en nuestras en manos acelerar los juicios de responsabilidades contra casi todos los magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”, sostiene.   

No se trata, según Salame, de un cambio de personas, sino de lograr seguridad jurídica, que el ciudadano pueda acceder a los servicios de justicia, pero para ello se debe comenzar por un mejor presupuesto. 

“No se puede pretender una justicia pronta, oportuna y de la calidad con jueces que atienden hasta tres mil procesos. Si se rebajan los sueldos, con municipios en los que no existen juzgados; con jueces nombrados a dedo, jueces que han comprado su cargo. Hay muchos procesos contra los magistrados del Consejo de la Magistratura precisamente por haber traficado sus nombramientos”, sostiene.

“¿Cómo se puede tener justicia transparente si los que están en funciones no son los mejores de las listas? Se necesita una política de Estado para erradicar la corrupción. Hay que tomar medidas drásticas”, advierte la exmagistrada.

 

 

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