Persecución judicial, aprehensiones y protestas

¿Bolivia vive una espiral de venganzas o el inicio de la campaña electoral de Evo?

Para Roger Cortez, detrás de las detenciones hay una estrategia de Evo Morales para volver a la Presidencia; para Gonzalo Rojas Ortuste esta persecución obedece a la lógica maníquea del amigo-enemigo que caracteriza al MAS. Lo que queda, dice, es la rebeldía de la gente.
domingo, 21 de marzo de 2021 · 05:02

Fernando Chávez Virreira
 Periodista

 

La detención de la expresidenta Jeanine Añez, de dos de sus exministros y de dos exjefes de militares, además de   las acusaciones contra el alcalde electo de La Paz, contra el resto de la cúpula militar y policial del 2019-2020, o las amenazas contra el gobernador electo de Santa Cruz  Luis Fernando Camacho  han reinstalado en el país un escenario de polarización, persecución, revanchismo político y autoritarismo. 

Pero, ¿existen realmente diferencias “irreconciliables” entre los bolivianos? ¿A dónde puede conducir al país esta situación de crispación general y temor a un régimen que instala un discurso de división? ¿Cuál es el trasfondo de esta realidad?

“Si me meten preso, tomaré medidas radicales”, anunció en Twitter el alcalde de La Paz. Y desde su celda, poco antes de ser enviada al penal de Obrajes, Añez reclamó su derecho a un juicio justo de responsabilidades como exmandataria. “Tengo privilegios, le guste o no a Evo Morales”, dijo.

El excomandante del Ejército  general Pastor Mendieta  y el almirante Flavio Arce también fueron imputados y enviados a la cárcel por lo que el MAS denomina “golpe de Estado” de 2019.

Las acciones del Gobierno esta última semana, según los juristas, son arbitrarias y sin respetar los procedimientos legales y constitucionales,  han rearticulado los movimientos de protesta y resistencia; miles de personas salieron a las calles en las principales ciudades para elevar su voz de rechazo contra lo que se considera un atropello contra el Estado de derecho y la democracia.

El movimiento cívico de Santa Cruz exigió “una amnistía a favor de todos los que lucharon por nuestro país”, y advirtió que en caso de que haya más aprehensiones por el caso del supuesto “golpe de Estado” realizarán un paro en todo el país.

El Gobierno, por su parte, asegura que no se trata de una venganza, sino de aplicar justicia y garantizó un debido proceso para las exautoridades.

 “Que no se distorsione la realidad, que no se pretenda que se está haciendo una persecución (…) hay personas,  han realizado un golpe de Estado y deben ser llevadas a juicio”, justificó el ministro de Justicia, Iván Lima.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que “este Gobierno, democráticamente electo, no está persiguiendo políticamente a nadie, lo que está haciendo es que exista justicia”.

Cuando Añez asumió la Presidencia,  el exministro de Gobierno Arturo Murillo recurrió a las mismas prácticas de persecución contra exautoridades del MAS. Varios altos cargos tuvieron que refugiarse en la Embajada de México, otros recibieron salvoconductos para salir del país y otros fueron encarcelados, entre ellos el exministro de Gobierno Carlos Romero.

 

 ¿Es ésta una constante de la política boliviana?

El analista y director del Instituto Alternativo, Roger Cortez, descarta, de entrada, un propósito principal de venganza y dice que “ve una escenografía apropiada, concebida, dirigida y estructurada en torno a la figura de Evo Morales para promocionar ya su candidatura presidencial, para su retorno. ‘Evo vuelve’, es el mensaje que para mí expresa lo que estamos viendo”.

Según su análisis, además de algunos hechos aislados, no existe un afán principal de un revanchismo, sino “la armazón de un escenario político en el que Morales intenta una reaproximación más estrecha con las organizaciones sociales, que han tomado distancia de él y se han acercado a Arce. Estas organizaciones sociales sí han expresado la intención de que hechos como los muertos de Senkata reciban un tratamiento jurídico que conduzca a la identificación de responsables”.

“Morales se mueve con mucha anticipación respecto a los plazos electorales, no creo con la intención deliberada de vulnerar a su gobierno, pero consciente, como lo es el propio Gobierno, de que la posibilidad de que este periodo constitucional concluya en plazos predefinidos, es decir en cinco años, es cada vez más remota; por lo tanto, Morales se prepara para una elección anticipada. Y si ello significa la caída de su protegido, no le molesta ni le causa mayor remordimiento”, sostiene Cortez.

Un hecho que alimenta un presunto accionar de Morales en esta coyuntura fue la ausencia y silencio del presidente Luis Arce durante las detenciones y la situación del país. Los que sí aparecieron fueron el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el ministro de Justicia, Iván Lima, como los principales protagonistas de los acontecimientos.

Cortez, apelando “mitad instinto, mitad sentido común”, afirma que Evo se prepara “frente a un gobierno que no tiene respuestas para el desempleo, para la disminución de ingresos del país, para el colapso general de la economía y para enfrentar una epidemia tan malévola, tiene serias posibilidades de ver recortado su tiempo de vigencia constitucional”.

“La consigna implícita es solo él (Evo), puede; no lo van a decir por ahora, sino cuando haya calamidades y problemas sin resolver: ‘solo Evo puede’. Se apelará a esta noción que existe en el núcleo votante extremo, fiel a toda prueba del evismo. Y esta es una plataforma de lanzamiento, aunque tiene la apariencia o fisonomía de un desquite, de una venganza”, explica.

Según Cortez, la revancha no es algo que define la vida política nacional, sino que son otras las características en un país “profundamente racista, donde una parte de la sociedad desprecia a la otra; hay un intercambio de desprecios y humillaciones y lo que ha sido una larga historia de sujeción en la exclusión política de participación de la mayor parte de la población”.

“El arribo del gobierno de Morales expresa un giro en la relación de fuerzas; los sectores antes expulsados, no comprendidos en la toma de decisiones, han encontrado, probablemente de una manera defectuosa e incompleta, en el régimen de 14 años un canal que antes les había sido negado; hay una renovación en el Estado y los sectores que antes lo controlaban se sienten arrinconados”, reflexiona. “Pero no estamos frente a hechos como hemos visto en otras latitudes, de persecuciones masivas, clasistas y racistas”.

 

¿Diferencias irreconciliables?

Según la visión de Gonzalo Rojas Ortuste, politólogo, profesor e investigador universitario, Bolivia tiene una historia de gobiernos enfrentados, que suceden los unos  a los otros, “de odios íntimos”. 

“Con la democracia pensábamos que habíamos pasado esa página y, sin embargo, ha reaparecido con fuerza. El MAS ha hecho de uno de sus pivotes discursivos, como todos los populismos del siglo XXI, esta relación de nosotros versus ellos, irreductible, los nosotros son los abanderados de la patria, de lo popular, de todas las virtudes, y los otros, en cambio, son la encarnación de todos los males políticos. Es una mirada muy maniquea, dicotómica que no se condice con la realidad”, explica.

“Cuando hablamos en esta lógica que han instalado tan fuertemente los masistas, que el otro es un enemigo, que el que no piensa como yo es un enemigo, estamos en un escenario casi de guerra. En cambio, cuando entendemos en el otro un legítimamente distinto, en términos de sus concepciones y de sus percepciones, entonces podemos dialogar y generar espacios de proyecto común”, sostiene Rojas.

Consultado sobre si hay entre los bolivianos  diferencias irreconciliables, Rojas apela a un estudio con base empírica del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), encabezado por Roberto Laserna. “Ese estudio nos da la buena noticia de que estos odios ‘irreconciliables’ son sobre todo entre las élites políticas; yo diría que principalmente del MAS”.

“Nuestras imposibilidades están en la incapacidad de generar proyectos nacionales de envergadura, de consenso, y eso se consigue dialogando, reconociendo parte de verdad en el interlocutor, que nunca es un enemigo”, agrega Rojas.

El analista critica la ausencia y la falta de gestión del Gobierno. “Sorprende muchísimo la miopía de Arce Catacora, no está actuando como presidente de los bolivianos, debe saber que está por encima de las minucias partidarias, tiene un mandato constitucional, no solo de los que han votado por él”.

“El fiscalato debe guardarse para nunca y debe usarse la ley como reparadora de entuertos y no como vengadora y brazo ejecutor de revanchas”, sostiene el analista.

Para Rojas, uno de los grandes problemas de nuestra institucionalidad democrática es el total sometimiento del Poder Judicial al poder político de turno.

“Por eso tenemos fiscales haciendo malabares para enjuiciar a la presidenta constitucional de los bolivianos, que en un momento muy duro ha tenido el valor de asumir esa responsabilidad a la que han quitado el cuerpo los otros personeros del MAS, empezando por García Linera, siguiendo por Salvatierra y Borda. Obviamente había una situación de convulsión, pero la que ha puesto el pecho ha sido Añez y de eso no la pueden juzgar. Es un caso de corte, un juicio de responsabilidades que primero tiene que ser autorizado por las dos cámaras de la Asamblea Legislativa”, reclama.

“La movilización   es muy elocuente de que los bolivianos no estamos dispuestos a que esto se convierta en una dictadura. A Dios gracias, entre nuestras pocas virtudes nacionales está la rebeldía y  no el sometimiento. Y la prueba está en la historia. El personaje que más tiempo ha gobernado este país es Evo Morales, y lo hemos sacado; no se ha ido”, agrega Rojas, que considera que, “o paramos esto y pensamos en cómo convivimos y dialogamos para encontrar respuestas a nuestros grandes problemas, o habrá confrontación”.

Los datos muestran, sostiene el analista,  que no habrá sometimiento porque tenemos además la experiencia cercana de Venezuela, “que era uno de los países más ricos de la región y ahora es un país que expulsa habitantes. Venezuela es un producto de la confrontación; es el resultado de una incomprensión y casi de una guerra civil y a eso nos quiere conducir un sector del MAS, no son todos”.

 

El golpe, “una tramoya” que en realidad fue “abandono de poder”

Examinando las normas del país, el analista Roger Cortez afirma que no existe ningún impedimento legal para que el exmandatario Evo Morales se presente en las elecciones de 2025 y sostiene que el “verdadero golpe de Estado” lo dio el Tribunal Constitucional (TC) en 2017, con la sentencia 084/2017 que dictaminó el “derecho humano” de Morales para presentarse a las elecciones de 2019.

“Parte de su ofensiva (de Evo Morales) es darle la vuelta a los hechos y convertir el golpe de Estado que él dio con el TC en 2017. Ese fue el golpe, un golpe desde el Estado para poner en suspenso la Constitución. Eso hizo la sentencia 084/2017, que declara, sin que el TC tenga ninguna competencia al respecto, inconstitucionales varios artículos de la Constitución bajo el pretexto de que vulnerarían la ley internacional, en este caso el Pacto de San José”, explica el analista.

 “El momento en que el TC se abroga la capacidad de declarar inconstitucional a la Constitución, se otorga a sí mismo el carácter de ser la única fuente de constitucionalidad. Y ese golpe de Estado no es impugnado por la señora Añez, sino que ella acude al TC para lograr su bendición”, agrega.

Según Cortez, “el fondo del problema  es que el TC sea la fuente de constitucionalidad. La ley y la CPE le otorgan al TC la capacidad de pronunciarse sobre constitucionalidad de leyes, no de la Constitución”.

 Según Gonzalo Rojas, el Movimiento Al Socialismo quiere  “instalar una tramoya”. “No hay tal golpe de Estado y no nos van a convencer de ello porque lo hemos vivido. Además, a diferencia de otros hechos políticos importantísimos de nuestra historia, por ejemplo el 52, o la salida de Goni el 2003, eran más localizadas las  movilizaciones y protestas; en cambio las de las crisis de octubre y noviembre de 2019 han sido en todo el país, en todos los departamentos. No hay manera de que cambien ese dato que está en la memoria de la gente”.

Mientras, el periodista Rafael Archondo opinó: “El MAS llama golpe de Estado a su abandono del poder. El MAS desata una ola de arrestos una vez transcurridos los comicios y cuando la comunidad internacional ya no mira hacia Bolivia. El MAS trata de curar su derrota en las urnas con un talante autoritario, que le permita consolar a su militancia por sus malas decisiones en la selección de sus candidatos. El MAS busca asustar a sus adversarios, hoy colocados, por el voto popular, a la cabeza de ocho de las 10 principales ciudades”.

“En 2019 no se produjo un golpe de Estado en Bolivia.  El MAS no fue desplazado, se marchó y al tercer día resucitó para retomar el control del Parlamento y ganar las siguientes elecciones. En 2019, el pueblo de Bolivia se levantó y tomó las calles para exigir respeto a su voto”.

Punto de vista

Rafael archondoPeriodista
“Bolivia vive una crispación”

Tras la lectura atenta de los últimos resultados electorales, veo que la polarización se da entre el campo y la ciudad. El discurso del MAS se asienta en todas las zonas rurales y es allí donde recibe un respaldo masivo desde hace una década y media. En las ciudades ocurre todo lo contrario. El MAS solo tiene un respaldo urbano que se estanca en el 30%. 

Esta polarización no es de tipo regional. El MAS tiene el control de la mitad de los municipios del oriente y de ocho de los 11 ayuntamientos tarijeños. Al ser ésta la base de la dualidad, los valores se alinean de un modo claro. Los segmentos urbanos se reafirman en los ideales democráticos, ponderan el pluralismo y cultivan un comportamiento más individual. 

En contraste, los campesinos prefieren la supremacía de la comunidad sobre el individuo, valoran las obras entregadas por Evo Morales y se sienten compensados por las autoridades del MAS. A mediano plazo es difícil vislumbrar un ablandamiento de estos contrastes. Está claro que el MAS no podrá recuperar el voto urbano y que las oposiciones no tienen acceso a las sociedades rurales. Mientras no haya un esquema de intercambio entre los dos polos, una reconciliación es poco probable.

Los proyectos de cobrar venganza se asientan en esa polarización social. Cada arremetida de una justicia sometida al Poder Ejecutivo recibe el respaldo de uno de los segmentos y el repudio del otro. Lo que vivimos en Bolivia es una crispación que con un poco de énfasis puede dar lugar a conatos de guerra civil. La sensación de impotencia que generan las ofensivas judiciales va acumulando enojo, el cual es un germen de la violencia.

 

AVISO IMPORTANTE: Cualquier comunicación que tenga Página Siete con sus lectores será iniciada de un correo oficial de @paginasiete.bo; otro tipo de mensajes con distintos correos pueden ser fraudulentos.
En caso de recibir estos mensajes dudosos, se sugiere no hacer click en ningún enlace sin verificar su origen. 
Para más información puede contactarnos

46
6