Justicia boliviana

Fiscales con prontuario

“Omar Mejillones, Lupe Zabala, Rudy Terrazas y Harold Jarandilla se pasan por el arco normas y todos tienen cola de paja”, denuncia el autor.
domingo, 21 de marzo de 2021 · 05:00

Alfonso Gumucio Dagron 
 Escritor y cineasta

En Bolivia, cuando uno cree que ha tocado fondo, se abre una compuerta debajo que cae verticalmente a un nuevo nivel de ignominia para el país y de desazón para sus habitantes. Uno no sabe si sorprenderse o engrosar el cuero frente a semejantes arbitrariedades.

No olviden los bolivianos estos nombres: Omar Mejillones, Lupe Zabala, Rudy Terrazas y Harold Jarandilla. Esa es la “comisión de fiscales” que ha llevado a la cárcel –sin pruebas– a la expresidenta constitucional Jeanine Añez, a varios de sus ministros y a otros ciudadanos acusados de “golpe de Estado”, “terrorismo” y otras sandeces. Debería llamarse “coimisión”, por la trayectoria de corrupción. Por sus antecedentes, todos deberían ser recusados.

Gracias a su prontuario han sido escogidos para atacar como mastines las leyes y los procedimientos judiciales que deberían aplicar. Basta revisar internet para encontrar el historial de estos fiscales indignos, cuyos nombres la población debe conocer para que no se escondan a la sombra de quienes tiran la piedra, pero no dan la cara. 

La podredumbre en el sistema de justicia de Bolivia empezó con la maniobra que impuso el MAS en 2017 con las Elecciones Judiciales. Todos los candidatos fueron aprobados por la mayoría masista en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de modo que no quedaba duda sobre sus simpatías políticas. Ante esa situación, la consigna de votar nulo o blanco fue una muestra de repudio de la población boliviana hacia la autocracia de Evo Morales: más del 75% de la población prefirió votar nulo y blanco antes que ceder a la trampa de elegir a magistrados afines al MAS, electos por una minoría de votos ciudadanos, por lo que carecen de legitimidad. 

La corrupción judicial se explica por el grado de descomposición del régimen autocrático de Evo Morales, donde la única justicia buena es la que puede controlar y manipular. Esto es fácil cuando se cuenta con jueces y fiscales que no esperan sino la oportunidad de corromperse. 

Mientras los fiscales y una jueza decidían encarcelar sin proceso a las exautoridades nacionales y perseguir a otros ciudadanos que no aceptaron el fraude electoral de Evo Morales en 2019, el presidente Arce Catacora desapareció completamente durante una semana, al extremo que algunos memes exhibían su foto con este letrero: “Se busca. Fue visto por última vez haciendo campaña con las vacunas”. 

En efecto, con el primer lote de 20 mil vacunas rusas llegadas a Bolivia, Arce emprendió una gira por todo el territorio nacional, tomándose fotos mientras miraba con aire interesado cómo el personal de salud ponía y recibía esa pequeña muestra de vacunas que no alcanzó ni para el 3% de los médicos y enfermeras de primera línea. Las redes de propaganda gubernamental publicaban esas fotos con titulares sensacionalistas: “Comenzó la vacunación masiva”, cuando en la realidad una simple operación aritmética podía comprobar que no existía tal masividad, y que la propaganda se destinaba a obtener votos en las  sub-nacionales. 

Inmediatamente después del domingo 7 de marzo, cuando cerraron las urnas y empezó el conteo de votos mostrando la derrota del MAS, Arce desapareció de todos los radares, y cuando volvió, después de desatada la represión que anunció desde el Chapare Juan Ramón Quintana (el exmilitar y operador político de Evo Morales), el presidente no hizo comentarios de ninguna clase. La verdad es que, ya que no gobierna, no tendría mucho que decir. 

Los fiscales que ahora se convierten en feroces inquisidores y se pasan por el arco las normas que rigen en los procedimientos judiciales, tienen cola de paja. 

Las damas primero: Lupe Zabala. Esta señora fue acusada de prevaricato en junio de 2019, junto a los fiscales Samuel Lima, Ronald Chávez, Mario Germán Rea y Willy Rojas, pues todos ellos archivaron sin mayor trámite ni investigación, la acusación que pesaba sobre dirigentes de la Federación   de Choferes 1 de Mayo, que recibieron en sus cuentas personales al menos 11,9 millones de bolivianos provenientes de la recaudación por peaje en la autopista La Paz a El Alto. El escándalo estalló cuando los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe interpusieron una denuncia penal por “apropiación indebida de bienes, malversación de fondos, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado”. 

Aunque el gobierno y los propios choferes reconocieron los hechos, los fiscales no investigaron nada, solamente argumentaron que no había “elementos constitutivos de los tipos penales endilgados por la parte denunciante y querellante que permitan fundar una eventual imputación”.

Vamos con el siguiente: Rudy Terrazas. Su prontuario se remonta a marzo 2015 (o quizás antes). Fue acusado de irregularidades cuando era fiscal de Viacha y pidió la prisión preventiva para el periodista Carlos Quisbert por una supuesta obstrucción a la justicia en el caso del bebé Alexander. El entonces Fiscal General, Ramiro Guerrero, dijo que se había abierto una investigación sobre Rudy Terrazas, pero eso no llegó a nada. Basta ser afín al MAS para que esas investigaciones queden sin sanción y la gente se olvide. Ahora el fiscal vuelve a sus andanzas. 

No tiene mejores credenciales Harold Jarandilla, una verdadera “ficha” por sus actos de corrupción. En diciembre de 2015 este fiscal que llevó adelante la investigación sobre la muerte de la periodista Hanalí Huaycho, fue acusado de presunta extorsión, después de que habría exigido el pago de 1.000 dólares por audiencia a un hombre sindicado de violencia psicológica, según aseguró la abogada Roxana Paz. En julio de 2016 Jarandilla fue destituido como fiscal en El Alto por maltrato a litigantes. 

En octubre del 2020 este fiscal archivó la acusación que pesaba contra Jesús Vera por actos de terrorismo que causaron la quema de 64 autobuses Puma Katari, y la casa del ex rector de la UMSA, Waldo Albarracín. Tan escandalosa fue la decisión de Jarandilla, que el Fiscal Departamental, Marco Cossío, decidió reabrir los casos. Sin embargo, a la fecha Jesús Vera sigue libre, y Jarandilla no ha sido sancionado, más bien premiado.

En cuanto a Omar Mejillones, en junio de 2018, la Fiscalía admitió una denuncia por extorsión en su contra, el fiscal aparece ebrio en fotografías en la casa de uno de los litigantes de un proceso judicial. El diputado Rafael Quispe denunció a Mejillones ante el Fiscal General por corrupción y extorsión a clientes de la cooperativa de ahorros Santa Samaritano. Quispe explicó que el fiscal denunciado pidió dinero a los clientes para la anotación preventiva de los bienes y para imputar a los ejecutivos de la cooperativa.

Pareciera que todos estos fiscales que ahora toman decisiones arbitrarias en el llamado “caso golpe de Estado”, tienen un prontuario que justificaría que estén ellos tras las rejas, y no las personas a las que acusan sin pruebas. Pero esa es la característica del MAS: hay que tener prontuario criminal para ser bien visto por Evo Morales.

 

 

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