Contra viento y marea

Imputación a Añez, entre lo perverso y absurdo

Las decisiones del Gobierno reflejan ansias de revancha, intereses de clase y de casta, y el espíritu de partido y de raza, sostiene el autor.
domingo, 28 de marzo de 2021 · 05:00

Augusto Vera Riveros   Abogado

“Tenemos que imponer la tesis de que no hubo fraude” parece ser la consigna del Gobierno del MAS, para descalificar la asunción al gobierno de Jeanine Añez. Para llegar a ese fin, si algo que no hay que subestimar del Órgano Ejecutivo y sus brazos operativos encaramados en una bancada tan numerosa como servil, un Órgano Judicial ya de buena trayectoria funcional al partido y un Ministerio Público que postrado se rinde ante el poder político; es que tienen una estrategia bien definida, sesuda e inmoral,   que no contempla ningún escrúpulo. 

No hay duda de que el discurso inaugural de nuestros dos mandatarios no pasó de ser un simple ilusionismo que se difuminó en el contaminado aire político; aunque, en estricto apego al derecho y la razón, no es la reconciliación el argumento que debió priorizar el Gobierno para desistir de los cargos que se le imputan a la expresidenta, por lo menos los anteriores al ejercicio de su mandato. 

Por tanto, motivo diferente de la presente nota son las responsabilidades de ese periodo presidencial, por las que no solo debe, sino tiene que responder ante la justicia con el riguroso respeto al fuero que le es inherente. 

 Estas decisiones del Gobierno (como los procesos ordinarios con tipos penales como los del juicio a la expresidenta Añez), traducen únicamente las pasiones y las ansias de revancha, los intereses de clase y de casta, el espíritu de partido y de raza. Es que todo este ardid se ha convertido en un eructo de manías y en escupitajo de resentimientos, como para confirmar que nuestros gobernantes se unen sólidamente en las empresas de odio y en las gestas de la venganza. 

El freno de la conciencia y el dique de la ley han desaparecido. No hay más norma que el interés, más moral que la de los lobos, ni más código que el de los buitres.

 No se trata de hacer apología de la impunidad. De ninguna manera. No habría más canallesca intención que ésa. De hecho, a la exmandataria debe iniciársele juicio de responsabilidades por las irregularidades cometidas en su mandato, pero en debido proceso y jamás por los delitos que hoy la tienen privada de libertad. 

Es una majadería de dimensión descomunal imaginar siquiera que una justicia proba –que no la tenemos– pueda sentenciar condenando a Jeanine Añez por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Afortunadamente, el Código Penal vigente en su art. 133 expresa con meridiana claridad:

 “El que formare parte, actuare al servicio o colaborare con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad, con la finalidad de subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, será sancionado con presidio de 15 a 20 años, sin perjuicio de la pena que le corresponda si se cometieron tales delitos”.

El código sustantivo penal también prevé el delito de sedición y la comisión de ese tipo penal al expresar que “serán sancionados con reclusión de uno a tres años los que sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta hostilidad, y para deponer a algún funcionario o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes, decretos o resoluciones judiciales o administrativas, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o trastornar o turbar de cualquier otro modo el orden público”.

La burda querella contra la presidenta transitoria contempla, además, el delito de conspiración, que, en nuestra economía jurídica, está estatuido en el art. 126.

Para la aplicación correcta del derecho penal, el juez debe estar investido de la máxima prolijidad en la averiguación de los hechos que dan lugar a su juzgamiento.  En una actuación encuadrada en derecho, ningún juez en Bolivia o corte internacional alguna podría probar que Jeanine Añez estuvo vinculada con grupos armados o irregulares que estén buscando desestabilizar ni el poder constituido ni la armonía de la convivencia en el país.

 Y no sé si resulta un elemento de descargo indiscutible o un motivo de vergüenza para la que muy próximamente a aquellos días iba a ser la primera autoridad del país, pero lo incuestionablemente cierto es que Añez ignoraba hasta pocas horas antes de su asunción al mando el derecho de prelación constitucional que le asistía para asumir –eso sí, dadas las circunstancias, con valentía– la conducción de un Estado que se venía por el despeñadero. 

Jeanine Añez, durante esos días de convulsión social  –en ningún caso atribuibles a un pueblo levantado en armas que no fueran “pititas”–, pudo haber estado en su hamaca de San Joaquín, bebiendo en alguna estancia una ambrosía al pie de alguna vaca o haciendo rugir con estruendo una motocicleta en las polvorientas calles de Trinidad, pero nunca nadie dio cuenta, porque no ocurrió, de conducta alguna para desestabilizar absolutamente nada. 

El servilismo del Ministerio Público y la mediocridad de la justicia tuvieron que incluir a todos los que estuvieron en la reunión de la Universidad Católica, incluidas las dirigentes del Movimiento Al Socialismo, con la agravante política y moral para ellas, de haber contribuido a la subversión contra su propio Gobierno. 

Eva Copa y Sergio Choque no tendrían por qué estar excluidos de acciones legales. Aun esas posibilidades serían, sin embargo, desconocedoras de todo principio jurídico, y sin embargo tendría más sentido que el ensañamiento que se hace con una mujer hoy desprotegida de todo derecho constitucional. 

¿Añez sediciosa? ¡Por Dios! El primer presupuesto para la comisión de tal delito es el carácter público del presunto hecho. ¿Alguien vio a Janine Añez alzarse contra alguna autoridad con el fin de derrocarla?

Otros líderes pidieron la renuncia de Evo Morales, y ello está muy distante de constituir delito.  Añez ni siquiera se pronunció en ese sentido.
 

 

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