Género

Bolivia, un país sin gobernadoras

La ausencia femenina en la política subnacional no tiene signo ideológico, pero sí es resultado de las estructuras partidarias.
domingo, 11 de abril de 2021 · 05:00

 Belén Elías Julio Ascarrunz   Tomás Dosek  Politólogos

En Bolivia no hay gobernadoras. Y los resultados de la segunda vuelta de este 11 de abril no van a cambiarlo. Ni una mujer logró ganar la contienda por el ejecutivo departamental en la primera vuelta del 7 de marzo y ninguna de las ocho candidaturas que compite hoy es encabezada por una mujer, por lo que las nueve gobernaciones serán lideradas por hombres. Esta situación contrasta notoriamente con la presencia mayoritaria de mujeres de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que sitúa al país entre los de mayor presencia legislativa de mujeres en el mundo.

Esta tendencia no es nueva. Desde las primeras elecciones directas por voto popular en 2005 (antes de las autonomías departamentales), ninguno de los nueve departamentos ha sido gobernado por una mujer electa en comicios. Esto convierte a Bolivia en una excepción a nivel latinoamericano. Si bien en otros países de la región, como Paraguay o Perú, tampoco hay mujeres liderando los ejecutivos departamentales en la actualidad, en estos países ha habido gobernadoras electas en el pasado. 

El diseño institucional y las decisiones de varios actores políticos ayudan a entender esta situación crítica. Si bien la estructura diversa de las candidaturas entre los departamentos no necesariamente favorece a la presencia de las mujeres (varios no cuentan con el cargo de vicegobernador(a)), esto tampoco representa un problema per se. La legislación boliviana sí reconoce la paridad horizontal y vertical pero no es clara respecto a su aplicación en cargos ejecutivos en el país. La decisión del OEP de no aplicar la paridad para cargos ejecutivos subnacionales en las elecciones de 2021 claramente dificultó el acceso de las mujeres a las candidaturas. 

En cuanto a los gobiernos departamentales, incluso si la paridad alcanzara a los órganos ejecutivos, todavía sería un problema para los casos en los que se elige solamente a gobernador(a), ya que las candidaturas unipersonales tienden a recaer en los hombres. En ese caso, la legislación electoral debería regular que entre todas las candidaturas de una misma organización política de alcance nacional, la mitad de las mismas tendría que estar encabezada por una mujer. No obstante, incluso así se mantendría el problema con las agrupaciones ciudadanas de alcance regional, dado que presentan candidaturas en un solo departamento.

En este complejo contexto institucional, no sorprende que el 7 de marzo solo ocho de las 78 candidaturas titulares para gobernación fueran de mujeres (y solo cinco en 2015). Los números para vicegobernaciones (o cargos semejantes en cada departamento) son muy similares. 

Sin embargo, el mayor problema está en el cargo para la máxima autoridad ejecutiva de estos gobiernos. En estas elecciones, en Chuquisaca, Cochabamba, Potosí o Santa Cruz no hubo ninguna candidata a gobernadora. 

Estos datos muestran una subrepresentación femenina estructural en candidaturas a todos los cargos ejecutivos departamentales que resulta muy problemática en términos de igualdad de género y desarrollo democrático del país.

Ciertamente, la ausencia de mujeres en la política subnacional no tiene signo ideológico. De las nueve candidaturas actuales a gobernador (a) del MAS, el único partido con candidaturas propias en todos los departamentos, nueve fueron hombres. 

La situación es similar en los otros partidos. Este escenario no dejó mucho margen al electorado que prefiriera mujeres gobernadoras. Además de los ocho candidatos a gobernador que competirán en la segunda vuelta del próximo 11 de abril en La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija, en los cinco departamentos que eligieron al gobernador en primera vuelta todos los candidatos que resultaron segundos fueron también hombres. 

Esto indica que las pocas candidaturas femeninas para gobernadoras además estuvieron en fuerzas políticas con poca posibilidad real de ganar, o fueron colocadas en distritos donde los partidos grandes no creían que podían ganar.

La situación para el cargo de vicegobernador (a) es, desafortunadamente, bastante similar. En Bolivia puede haber solo hasta dos mujeres vicegobernadoras en el próximo período gubernamental, según cómo resulte la segunda vuelta en Pando, ya que en Tarija está asegurada la presencia femenina porque las dos fuerzas que van a la segunda vuelta tienen una candidata mujer a este cargo. 

El problema es, entonces, que sin candidatas no hay mujeres electas. Esta grave ausencia de mujeres tiene causas diversas. La falta de aplicación de medidas de paridad para este tipo de cargos es una de las principales, pero no la única. El acoso y la violencia política en razón de género son estructurales. La percepción de que las mujeres no son buenas candidatas, no atraen votos o no pueden ser buenas gobernadoras es subyacente. 

El apoyo de la estructura organizativa de los partidos es muy limitada. Los recursos financieros y las redes de apoyo son escasos. Muchas veces, ellas tienen larga trayectoria de liderazgo social, pero ellos son dueños de los partidos (o las candidaturas). La estructura patriarcal trasluce detrás de todo.

En este sentido, las reformas institucionales podrían ayudar. Introducir la figura de vicegobernación en todos los departamentos ampliaría los cargos a elegir. Aplicar la paridad vertical en las listas garantizaría que cada candidatura al binomio del ejecutivo departamental incluyera a un hombre y a una mujer. Implementar y exigir la paridad horizontal aseguraría que las mujeres encabezarían la mitad de las listas en los departamentos donde los partidos políticos postulan sus candidaturas. 

Estas propuestas ya se han presentado (sin éxito) desde organizaciones de la sociedad civil para las elecciones nacionales y su ausencia ha sido criticada también para estas elecciones subnacionales. Sin embargo, sin cambios culturales y simbólicos, mayor democracia entre las élites partidistas y otras reformas, como un mayor financiamiento de campañas, o mejor acceso a los medios de comunicación para mujeres, los cambios institucionales tendrán efectos limitados.


 

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