El coadyuvante de la justicia

“Es lamentable y vergonzoso el ‘convencimiento’ de los fiscales al actuar con absoluta obsecuencia y docilidad ante el Poder Ejecutivo”.
domingo, 11 de abril de 2021 · 05:00

Gastón Ledezma Rojas  Abogado

Es imperioso que todo ciudadano tenga plena y cabal convicción que el Ministerio Público no es, de modo alguno, como expresa el destacado profesor mexicano Fernando García Cordero en su obra La reforma del Ministerio Público, (Academia Mexicana de Ciencias Penales, Edit. Porrúa 1995), “el que atropella y extorsiona a los gobernados; es prepotente, parcial y actúa al margen de las normas mínimas de educación y trato en su configuración actual, producto de erráticas reformas; detiene sin órdenes de aprehensión y sin sustento legal (falto de jurisdicción), practica cateo sin orden judicial, valora conductas que excluyen de responsabilidad, desiste de la acción penal durante el proceso, originando el sobreseimiento de la causa, se niega a ejercitar la acción penal, en suma, el Ministerio Público se ha arrogado funciones jurisdiccionales de poder ilimitado”.

El mismo profesor García Cordero dice que por esos antecedentes y las características enunciadas, corresponde situar al Ministerio Público entre los órganos que tienen dependencia directa del Poder Ejecutivo.

Decía la presidenta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica que, lamentablemente, en el Ministerio Público “existe un real destierro de la ética pública que se encuentra cuestionada y se evidencia un permanente deterioro en la clase política con la consiguiente debilidad creciente de las instituciones públicas”.

Toda sociedad jurídica y políticamente organizada debe contar con mecanismos idóneos para su defensa y preservación, en el propósito que para que una sociedad sea sana, progresista y justa,“debe estar protegida contra las agresiones de todo género, provengan estás del poder constituido o de la sociedad civil”, como subraya el tratadista boliviano Pablo Dermizaky en su obra  Derecho constitucional.

En el contexto de estas líneas y de fórmulas para la promoción de la acción de la justicia, se proclama la defensa de la legalidad en todos los órdenes de la Constitución, de los intereses del Estado y de la sociedad con la pretensión que el Ministerio Público se constituya en el auténtico guardián de la seguridad jurídica del país, sin reserva alguna para no dar pábulo a excusas que permitan excepciones que vayan contra el imperio de la democracia.

No todos los juristas coinciden en reconocer los roles que corresponden al Ministerio Público: unos le reconocen ciertas atribuciones que lindan con potestades jurisdiccionales, y los más, de posición ortodoxa, niegan tales “permisiones” limitando sus facultades no más allá de su calidad de auxiliar coadyuvante del órgano jurisdiccional. En ambos casos no se puede ni debe desconocer su calidad de defensa del Estado y la sociedad.

Es de hacer notar el error en que se incurrió en la reforma constitucional al dividir el Ministerio Público en dos órganos: la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General del Estado (también Ministerio Público), generando una dicotomía funcional (materia de otro comentario). La verdad es que con esta división tan solo se infla la administración fiscal y se diluyen las responsabilidades, cada una con su “dios chiquito”.

Al margen de estas consideraciones, lamentable es destacar el vergonzoso “convencimiento”  que abrigan quienes integran el Ministerio Público –fiscales–, al actuar con ciega y absoluta obsecuencia y docilidad a los mandatos de sus superiores o autoridades del Poder Ejecutivo, so pena de inmediata destitución.

Y, en este marco  como noticia fresca y confirmatoria de la dependencia oficial– se lee en Página Siete,  la noticia “Fracasa institucionalización de fiscales departamentales”. En efecto, dice la crónica que por la falta de postulantes, o renuncia a las postulaciones presentadas, y debido a las irregularidades cometidas por la comisión de selección “en la última fase de evaluación”, bajo la supervisión de un notario y el Viceministerio de Justicia,   fracasa esta farsa de selección.

Honra a esos postulantes que desistieron por saber conservar su dignidad y su joven prestigio.

Debe convenirse con el ilustre jurista Guillermo Cabanellas lo que escribe en su Diccionario usual, que el Ministerio Público se erige en el “baluarte más firme de los ciudadanos y de las instituciones públicas ante toda agresión a la persona, colectividad o al Estado, agregando que alestrago de la perversidad en acción, debe oponer resueltamente el saludable rigor de la terapéutica legal, no sin motivo llamada por algunos la dinámica defensiva”.

Para alcanzar el cumplimiento de estos postulados, no es menos cierto que la sociedad reclama que juristas de prestigio  de antecedentes intachables y reconocida preparación profesional–, comulguen con el anhelo de tener un Poder Judicial con siquiera mediana formación cultural y probada honestidad y coadyuvado por un idóneo cuerpo de fiscales.

El Ministerio Público, que es también una magistratura, a decir del insigne jurista italiano Piero Calamandrei, goza de independencia, como “orden autónomo e independiente de todo otro poder y orgánicamente, está bajo la tuición del Ministerio de Justicia”. Entiéndase bien que la independencia doctrinal no es una total prescindencia de los controles éticos del propio Estado y la sociedad. Empero, no puede ser, como se dijo, mero apéndice de ningún órgano ni judicial ni menos administrativo.

 

 

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