La ley de la selva y la CPEP de Bolivia

La actual Carta Magna “burla la garantía y protección de derechos particularmente ambientales, de la población y de la biodiversidad”.
domingo, 18 de abril de 2021 · 05:00

Bonnie Vargas Arze Ambientalista y abogado

La “ley de la selva” y el consecuente “sálvese quien pueda” es lo más “diplomático”  deducir de la CPEP, por ello la necesidad de reforma constitucional ante indefensión ambiental y el inmerso modelo extractivista y de violación de derechos ambientales.

La actual  Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPEP “pseudo Constitución” - Ferdinad Lassalle),  en principio viola la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia (CPE de 1967 en la modificación de 2009).

Se demuestra falso un doble discurso de protección al medio ambiente y se resume a un modelo encubierto de libre extractivismo de materias primas y derivados, y permisividad a la violación de derechos, tanto humanos como de  biodiversidad, de tratados y convenios internacionales, además convenciones como del Pacto de San José de Costa Rica y en particular las Declaraciones de Estocolmo de 1972 y la Cumbre de la Tierra Eco 92.

Burla la garantía y protección de derechos particularmente ambientales, tanto de la población y biodiversidad boliviana cuanto en el contexto global debido a la escala, al haberse introducido en la CPEP de 2009, 801 preceptos relacionados a la materia ambiental, muchos  concordantes, directos, indirectos, expresos y conexos entre sí y también contradictorios y ambiguos, en 212 artículos con 740 incisos, en 17 títulos de las 5 partes de su estructura, en los 47 capítulos de las 36 secciones y en 5 disposiciones transitorias, con la consecuente anomia interna e indefensión. 

La complejidad en la estructura de la CPEP y de la estructura político administrativa que establece, requiere de largos procesos de entendimiento e implementación. Al no ser prevalentes los DDHH y menos los ambientales (Arts. 13.III y 109 y concordantes), la población se encuentra indefensa y en constante sometimiento a decisiones discrecionales de pocas personas de sectores públicos y privados en muchos casos en contubernio, pudiendo libremente por ello someter al Estado a conflictos de intereses particulares,  locales y transnacionales. Así, la escala del daño ambiental es extrema conllevando además inevitable daño económico al Estado.

La CPEP, al no establecer jerarquía prevalente ni garantía efectiva a DDHH ni a la fuente de los mismos –el ambiente y las servidumbres ecológicas–, garantiza  derechos contrapuestos que refuerza al no contener preceptos eficaces para directrices básicas de gestión ambiental y menos estratégica, integral e innovadora, siendo que es fundamental para la garantía eficaz de la salud pública. Esto afecta la independencia y seguridad, inclusive territorial y política del Estado, considerando las nuevas modernas formas de invasión de unos Estados a otros.

  Como un ejemplo de muchos, los derechos económicos se encuentran en igualdad de garantía y mejor posicionados que los DDHH y del ambiente, al aceptar y establecer de hecho la posibilidad de daño a la salud y el entorno, admitiendo implícitamente daño irreversible, multiplicador y multitemporal (características del daño ambiental) a los ecosistemas (Art. 147 y otros), ya que la imprescritibilidad del delito ni ninguna otra acción resarce ni restituye el daño ambiental, violándose así el principio universal ambiental  precuatorio (Declaraciones Estocolmo y Eco 92).  

La CPEP, al establecer igualdad de jerarquía de derechos (art. 13.III), la garantía a la garantía (“elemento esencial de una pseudo CPE” - Ferdinand Lassalle), se aplica no a quien tiene mejor derecho, sino a quien tiene mejor poder económico, considerando el alto costo no subvencionado por el Estado de la demostración científica del daño a DDHH y ambientales, abre la posibilidad a acciones discrecionales y lesivas a los intereses del Estado por parte de actores internos y externos con poder económico sobre aquellos actores que no lo tienen.

Eso permite a los primeros constituirse en parte o relacionarse de manera influyente y fácil,  por decir lo menos,  a poderes políticos, sociales y sectoriales e inclusive de actividades ilícitas como el tráfico  local y transnacional de recursos naturales  (flora, fauna, mineral y otros) y derivados, incluyendo narcotráfico, llegando a extremos de enajenación territorial, encubierta por actividades sectoriales extractivas con evidente degradación ecológica. 

Estos hechos  reales condenan al Estado a nuevas formas de invasión, inseguridad, sometimiento y dependencia, entre otros efectos, dando paso al descomunal endeudamiento externo con diversidad de Estados democráticos y totalitarios o dictatoriales que, por su naturaleza, cuentan con estrategias globales expansionistas.

 El “préstamo” es  una de estas estrategias y el  mejor anzuelo, como se evidencia de la deuda externa (por ende interna) de los últimos 10 años, que  ignora la materia ambiental en todos los procesos y en cualquier “préstamo” e indicador económico y de desarrollo interno como ejemplo en el PIB, ya que el Estado en su política económica en el tiempo, jamás ha considerado la economía ecológica, con las graves consecuencias de degradación expuestas y desperdiciando sin retorno oportunidades de verdadero desarrollo sostenible y sustentable, que en épocas de “pandemias” habría  constituido un factor  de mitigación a los efectos económicos y ambientales negativos. 

Una forma de proteger la seguridad y soberanía del Estado boliviano es mediante la reforma de la vigente CPEP, introduciendo supremacía de DDHH ambientales y respetando continuidades ecológicas en el ámbito nacional y con países vecinos en el marco del derecho ambiental internacional, haciendo viables y efectivas las oportunidades de desarrollo económico innovador y de la economía ecológica.

Esto  se traduce no solo en la modificación de los 801 preceptos constitucionales identificados, sino únicamente de los artículos 13. III y 109, de manera que se constituyan en preceptos ambientales prevalentes como garantía de DDHH fundamentales y dejemos así la ventajosa para depredadores “ley de la selva”  paral a selva y su armonía natural. 


 

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