Política exterior

El principio de no injerencia y, otra vez, la ideologización de las relaciones internacionales

El Gobierno ha tildado de “injerencia” los reclamos de organismos internacionales y países sobre la justicia y el respeto a los derechos humanos en el país. El gobierno de Luis Arce vuelve a alinearse con la izquierda bolivariana, que gracias a eso recobra bríos en la región.
domingo, 4 de abril de 2021 · 05:02

Fernando Chávez Virreira Periodista

 

Entre el 8 y el 17 de marzo, las tensiones entre el gobierno de Luis Arce con la OEA, la Unión Europea (UE), Gran Bretaña, Brasil y Estados Unidos se agudizaron después de las manifestaciones de preocupación de estos organismos y gobiernos    por la situación respecto a los derechos humanos y a los debidos procesos en el país, luego de las detenciones de la expresidenta Jeanine Añez y otras exautoridades.

La OEA, Brasil y EEUU fueron cuestionados por el Gobierno por haberse pronunciado respecto a las aprehensiones de las exautoridades, mientras que la Unión Europea fue puesta en la mira por su rol en la pacificación del país en 2019 y, en el caso del Reino Unido, por una infundada acusación de injerencia y participación en el denominado “golpe de Estado”. 

El gobierno de Arce consideró esos pronunciamientos como una intromisión en asuntos internos del país, aunque expertos en relaciones internacionales ven una estrategia de política interna de la actual administración, primero para “victimizarse” en el contexto internacional y, segundo, para afianzar la presencia del MAS en el poder.

Después de  los pronunciamientos, la Cancillería convocó a los embajadores de Gran Bretaña, Brasil y a la encargada de Negocios de EEUU para pedir explicaciones. La embajada británica en La Paz se pronunció en sentido de que  “de ninguna manera  se ha buscado interferir en asuntos internos ni socavar la democracia del país”. 

Igualmente, la UE emitió un comunicado rechazando las afirmaciones del Gobierno en  el  que dijo que  “la mediación contribuyó a evitar más enfrentamientos, abrió puertas a la pacificación del país y permitió acuerdos que llevaron a la realización de elecciones transparentes en las que fue elegido el nuevo gobierno nacional”.  

El pronunciamiento más duro fue el del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, quien dijo que “Estados Unidos está profundamente preocupado por los crecientes signos de comportamiento antidemocrático y la politización del sistema legal en Bolivia a la luz del reciente arresto y encarcelamiento preventivo de exfuncionarios del gobierno interino” y pidió que se libere a los detenidos.

En respuesta, el canciller boliviano, Rogelio Mayta, dijo que “lastimosamente la declaración del secretario de Estado Blinken podría entenderse como una injerencia”. “Hemos extendido nuestra mano para darnos un apretón con los pueblos de la comunidad internacional, con sus gobiernos bajo la premisa de que respeten nuestra soberanía, nuestra autodeterminación y que no haya injerencia”, declaró.

En el caso de la OEA, el secretario general de ese organismo, Luis Almagro, fue cuestionado por el gobierno por el informe que revelaba un fraude en las elecciones de 2019 y por expresar su inquietud “ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de Gobierno en Bolivia”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa que llevará adelante las iniciativas necesarias para que las reprochables acciones de Luis Almagro no queden impunes”, dijo la Cancillería en un comunicado.

Mientras, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que analizan “interponer acciones legales” contra el secretario general de la OEA. “Han sido irresponsables las actuaciones en relación a la auditoría realizada en Bolivia”, dijo Lima.

Este contexto polarizado en la región motiva cuestionamientos: ¿Bolivia está de vuelta a la ideologización y división en las relaciones internacionales? ¿Se puede hablar de injerencia? ¿Hay una estrategia para posicionar la narrativa del golpe de Estado en el exterior?

Según el analista en relaciones internacionales, Álvaro del Pozo, la no injerencia y no intervención son principios “absolutamente consagrados” dentro del derecho internacional, pero que “con el tiempo se han ido desvirtuando de alguna manera”.

“Si uno le da un sentido jurídico a estos términos, absolutamente todos vamos a estar de acuerdo, sin embargo, cuando se utilizan como una herramienta política doméstica, parecería que tiene ese cariz de victimizarse frente al contexto internacional, de una injerencia de estas naciones”, sostiene, al referirse al peso que tienen países como Estados Unidos, el Reino Unido o Brasil en Sudamérica.

Para Del Pozo, la opinión y preocupación de estos países no puede considerarse como una intervención o injerencia. “Es  una preocupación que manifiestan estos Estados porque en muchos foros e instancias compartimos valores comunes: la democracia, la plena vigencia de los derechos humanos y muchos otros que de alguna manera se han podido ver no cumplidos a los ojos de estos países. Por eso tienen derecho de emitir opinión”.

¿Cuál es el impacto que tienen estos pronunciamientos en la política de un país? Para Del Pozo, estas declaraciones afectan el orden interno, pero también el contexto internacional.  “No creo que un comunicado de un organismo o país sobre Bolivia solo tenga una gravitación interna, significa mucho más que eso. En la proyección internacional Bolivia es pobre, por lo tanto está claro que al Gobierno le interesa mucho más el orden interno que el orden internacional y por lo tanto diseña una estrategia casi exclusivamente con una mirada doméstica. Esto le afecta porque son comentarios adversos y, por otro lado, le permite (al Gobierno) construir supuestos enemigos externos”, estima.

Según el análisis del exembajador de Bolivia en la OEA, Jaime Aparicio, detrás de los reclamos del Gobierno ante una supuesta injerencia hay una estrategia elaborada de los países del Grupo de Puebla y del Alba “que consiste en aconsejar, sobre todo a Evo Morales, que no puede repetir lo que ellos consideran los errores de su anterior gestión que lo llevaron a su renuncia y fuga”.

“Él (Evo Morales) ha vuelto con la idea de que haya una toma del Gobierno por parte de su partido para que no le vuelva a suceder una rebelión ciudadana como la que hubo en 2019. Para eso atemorizan a la oposición, mandando mensajes claros y uno se da cuenta de esta estrategia cuando ve que al inicio de su Gobierno, Arce planteaba una reforma del Poder Judicial y a los pocos días   fue cancelada por una orden de arriba porque el instrumento para lograr esta toma del Estado es la justicia”, sostiene Aparicio.

Según el exembajador, esos  pronunciamientos no pueden ser considerados como una injerencia en asuntos internos “porque hay un proceso evolutivo en las relaciones interamericanas  que consiste en volver la democracia y los derechos humanos un eje de las relaciones”.

 “Los presidentes de los 34 países de las Américas, en Quebec, Canadá, en 2001, establecieron  que los procesos de relacionamiento colectivo, como las cumbres de las Américas y la participación en la OEA, son solo para países que respetan la democracia y los derechos humanos”, explica.

   Ese mismo año se instauró    la Carta Democrática de la OEA, cuyo principal enunciado es que  “la democracia es un derecho de los ciudadanos de las Américas y defenderla es un deber de los gobiernos”.

  “Existe el deber de intervenir cuando  se violan derechos humanos sistemáticamente y cuando no se respeta el Estado de Derecho, es decir la independencia de poderes. Cuando no hay eso, hay un deber de injerencia; incluso hay procedimientos para denunciar estos hechos a la OEA, y a través de la Carta Democrática existe la posibilidad de sancionar a un país”, explica Aparicio.

 “El  único tema en el que no se puede hablar de injerencia es cuando hay violación del Estado de Derecho y de los derechos humanos. La intervención de la OEA es legal y aplicando los principios que aceptó Bolivia”, agrega.

Según el diplomático y catedrático Andrés Guzmán,  “son pronunciamientos de preocupación respecto a lo que ocurre en otro país y cuando hablamos de derechos humanos,  la Carta de la OEA establece que se puede pronunciar, no puede cerrar los ojos frente a algo que está ocurriendo y que puede tener un efecto en contra de la democracia, principalmente en cuanto a la aplicación  de la Carta Democrática Interamericana”.

“Estos cuestionamientos que llegan del exterior son normales. Vemos el caso de Venezuela ,donde hay pronunciamientos de la comunidad internacional enérgicos y no necesariamente pueden ser considerados como una injerencia”, explica Guzmán.

Sin embargo, según la opinión de María Lois,  de la Asociación Internacional de Ciencia Política, “la detención preventiva de la expresidenta del gobierno ‘de facto’, Jeanine Añez, bajo cargos de conspiración, sedición y terrorismo, ha  abierto un escenario en el que  se intenta generar sombras sobre los legítimos gobiernos del MAS, más que analizar el gobierno ‘inconstitucional’ de Añez”.

“Atentar contra la democracia requiere respuestas, y garantías para la no repetición”, sostiene la politóloga.

 
Una región dividida

Los analistas estiman que la región continúa dividida en dos bloques: los gobiernos denominados del “socialismo del siglo XXI por un lado y los gobiernos con democracias liberales, por el otro. 

“Estamos en un tenso momento político de posicionamiento de estas dos líneas que se han estructurado en los últimos años”, afirma Álvaro del Pozo.

El pasado 26 de marzo, Argentina se retiró del Grupo de Lima,  creado en  2017 para presionar al chavismo y forzar la democratización de Venezuela. Esa acción es vista como un apoyo directo del presidente Alberto Fernández a su homólogo venezolano. 

Según sostiene Jaime Aparicio, “hay una estructura regional que está buscando un proyecto de regreso de toma del poder de toda la corriente de izquierda populista, no democrática, y esta corriente se siente fortalecida por lo que ha pasado en Bolivia; piensan que pueden recuperar Ecuador, eventualmente Colombia y Brasil y así romper el aislamiento que vive hoy Argentina y México”.

 Para Andrés Guzmán, se mantiene esa polarización política en la región “y eso lamentablemente tiene un efecto negativo en el proceso de integración y la pérdida de oportunidades comerciales y de inversión por esas diferencias ideológicas tan marcadas”.

 

El papel de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronunció a través de su cuenta de Twitter el pasado 14 de marzo sobre los acontecimientos en el país y dijo que “recuerda que  Bolivia debe velar porque las personas detenidas cuenten con garantías mínimas para ejercer su defensa, incluyendo la presentación de recursos efectivos, el conocimiento de las imputaciones, examen y contradicción de pruebas”.

 “La @CIDH toma nota de aprehensiones de   funcionarios del anterior gobierno interino, como parte del desarrollo del proceso penal denominado ‘golpe de Estado’ iniciado por su posible responsabilidad penal por delitos de sedición, conspiración y terrorismo”, dijo en otro mensaje.

Según afirma Del Pozo, “estamos acostumbrados a que la CIDH tenga una visión muy parcializada de la vigencia plena de los derechos humanos. Parecería que esta instancia solo ve violaciones a los derechos humanos cuando éstos afectan a aquellos que tienen una comunidad ideológica llamada socialismo, o socialismo del s. XXI. Eso desacredita a esa instancia porque pierde credibilidad”.

Y, según Aparicio, “es una pena que los comisionados, varios de los cuales quieren reelegirse pronto, no se hayan pronunciado ante una violación tan clara y grosera de los derechos de la expresidenta”.
 

Punto de vista

María Lois Profesora de geografía  política de la Universidad Complutense de Madrid  Latinoamérica21  
 Responsabilidad y juicio

Las últimas elecciones generales en Bolivia confirmaban de forma contundente al MAS como la opción política para reconstruir lo que el expresidente Rodríguez Veltzé ha denominado “la interrupción del periodo más largo de la democracia”. Sin embargo, la detención preventiva de la expresidenta del gobierno de facto,  Jeanine Añez, bajo cargos de conspiración, sedición y terrorismo ha abierto un escenario donde se intenta generar sombras sobre los legítimos gobiernos del MAS más que analizar el gobierno inconstitucional de Añez.

Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó tomar las medidas cautelares solicitadas por Añez, y una misión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU supervisó su atención médica, los reclamos de “persecución política” de la imputada han desencadenado pronunciamientos diversos: desde la calificación de la detención como “irrazonable” por el presidente de Brasil, a la preocupación por las garantías legales y la transparencia del proceso expresada por Naciones Unidas o la Unión Europea. 

El secretario de Estado de Estados Unidos iba más allá, demandando la “liberación de los detenidos”; y la OEA se sumaba al pedido valorando el sistema judicial boliviano como falto de condiciones para el proceso.

Estas declaraciones han sido calificadas por la Cancillería boliviana como “desafortunada injerencia”. El presidente del Observatorio de la Democracia del Mercosur acusaba a  Luis Almagro, de la OEA, de “pretender inmiscuirse desembozadamente en la situación política de Bolivia”, y el presidente de México se posicionaba en la misma línea.

De nuevo, una cuestión boliviana nos sitúa ante el espejo. Atentar contra la democracia requiere respuestas, y garantías para la no repetición. Los mecanismos de la justicia restaurativa pueden ser legalmente complejos, pero la responsabilidad colectiva, de la que hablaba Hanna Arendt en el libro cuyo título tomamos, forma parte de los caminos desde donde disputar la impunidad de las responsabilidades políticas y sobre la que construir la reconciliación del país.

 

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